He de precisar que el objeto de esta reflexión es analizar y dimensionar adecuadamente el contenido y alcance de la reforma hacendaria, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, su efecto económico de los impuestos en la redistribución de los ingresos, así como la incidencia fiscal de los mismos, la progresividad o la regresividad de los impuestos.
Frente a la desaceleración de la economía nacional y las necesidades de ingresos para fortalecer las finanzas públicas y dotar al Estado de mayor capacidad para responder a los desafíos, es imprescindible una renovación de la política tributaria de México. No obstante, el país requiere de una reforma hacendaria integral que actúe como palanca de desarrollo y no sólo como una simple fuente de ingresos.
Recaudar más y mejor debe ser la tónica, asimismo, diversificar los ingresos como un objetivo fundamental para disponer de recursos suficientes y estables que articulen un Estado fiscalmente sólido con margen suficiente de maniobra para el éxito de una inminente reforma energética que necesariamente implicará contar con ingresos no petroleros. Porque, es claro que seguimos dependiendo de éstos.
México requiere dinamizar el crecimiento a partir del estímulo a la inversión productiva, la generación de trabajo y la creación de incentivos para operar en la economía formal. Sin embargo, la reforma hacendaria no preserva un adecuado clima para los negocios y lejos estará de mejorar el bienestar de los mexicanos, pues no evita la inequidad tributaria y menos garantiza la vigencia de los principios de proporcionalidad y constitucionalidad. Para muestra, la reducción de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos costará uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y la ampliación prevista en la cobertura de seguridad social requiere otro dos por ciento del PIB.
Por ello, nuestro país requiere de una reforma tributaria que atienda tres principios básicos: 1) no recaudar más sobre los contribuyentes cautivos; 2) incrementar la base gravable a través de políticas públicas que propicien el tránsito de la informalidad a la formalidad y; 3) asegurar el control del gasto corriente; este último es un elemento clave.
Si bien es cierto, los ciudadanos tenemos el deber de contribuir al mantenimiento del Estado en beneficio de la colectividad y estas obligaciones se traducen en el pago de impuestos, que más allá del sostenimiento de las arcas públicas se basan en un deber de solidaridad, que es un soporte inquebrantable de la democracia. El ciudadano al pagar sus impuestos, no aporta un cheque en blanco al Estado, pues existe la máxima constitucional del uso correcto de estos recursos que serán destinados al gasto público.
Esta reforma hacendaria quedó corta y sólo busca recaudar más de los contribuyentes cautivos. Asimismo, no se advierte la posibilidad de incrementar la base gravable de la economía y lo más importante que es mejorar la rendición de cuentas, así como evitar subejercicios y sobregiros en el gasto público.
Y precisamente, todo cambio que se haga al sistema fiscal debe empujar el crecimiento del país y no ser una simple fuente de ingresos. Si bien, se debe diversificar los ingresos, pero no apostarle a obtener más recursos de los contribuyentes, sólo a través de un aumento de impuestos. Esto es una mala señal, porque el efecto de la reforma hacendaria impactará a las entidades federativas. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación de impuestos estatales y locales no llega al cinco por ciento del total en México, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, la proporción supera el treinta cinco por ciento.
¿Qué nos espera para 2014? Una mayor desaceleración de la economía mexicana y el impacto negativo que tendrá el aumento de gravámenes en el contexto de desaceleración que vive actualmente la economía. Se puede esperar una contracción del consumo durante los primeros trimestres del año próximo, con un importante efecto fiscal de contrapeso en la medida en que el gasto de infraestructura se incrementaría con los recursos obtenidos de la reforma fiscal.
Sin embargo, realmente los objetivos de la reforma hacendaria no son muy específicos y en la coyuntura presente esta reforma es meramente recaudatoria, lo que pone al país en riesgo de que la desaceleración derive en una recesión económica con consecuencias de largo plazo. Por ello, es inaceptable una reforma que sólo se concentre en la parte recaudatoria y que exija una mayor aportación de los contribuyentes cautivos, sin que exista un compromiso de transparentar el gasto en los tres niveles de gobierno.
Reducir la pobreza extrema es un objetivo nacional y en el tema de superación de la pobreza el objetivo debe orientarse a reducir significativamente el número de mexicanos en situación de pobreza con políticas públicas que superarán el enfoque asistencialista. Así, el tema del gasto en superación de la pobreza es central en materia de finanzas públicas, tanto por la magnitud de los recursos ejercidos, como por los efectos que se espera genere dicho gasto.
Por otra parte, es necesaria una mayor comunicación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los contribuyentes y se proporcionen mayores beneficios a los pagadores de impuestos, por medio de mejores servicios que faciliten el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. El reto del SAT es transformar la cultura contributiva de la mano de los ciudadanos, aprovechando la tecnología y la innovación, pero sobre todo, la búsqueda de la simplificación, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.
REFLEXIÓN
En el marco del federalismo, una reforma hacendaria integral implica redefinir las responsabilidades y atribuciones fiscales a nivel federal, estatal y municipal, tanto en la parte de recaudación como en el gasto, lo que implica un nuevo y más eficiente acuerdo de coordinación fiscal.
Seguramente lloverán amparos con la reforma hacendaria y precisamente, los problemas de México no se solucionarán aumentando impuestos, pues los bajos niveles de recaudación son consecuencia de las deficiencias del sistema fiscal y de la desconfianza de los ciudadanos debido a la opacidad en el manejo de los recursos públicos por parte de su clase política.
Se aproxima el fin de este año y hay que cuidar los niveles de morosidad, ya que gran parte de los préstamos de los hogares son orientados al consumo, sobre todo a tarjetas de crédito donde las tasas y los costos siguen siendo altos.
E-mail: guillermoars@gmail.com
Twitter: @pumamemo
