El derecho a la información
fue elevado a rango constitucional en 1977, cuando se agregó un párrafo al artículo
sexto constitucional que señalaba que el derecho a la información sería
garantizado por el Estado. Sin embargo, quedó durante veinte cinco años sin una
ley efectiva que regulara este postulado constitucional y fue hasta julio de
2002, cuando fue promulgada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
A partir de entonces, las
entidades federativas comenzaron a legislar -en el ámbito local de su
competencia sobre este rubro-, para emitir leyes locales que garantizaran este
derecho de acceso a la información pública y transparencia gubernamental.
No obstante, el contenido de
estas leyes no fue homogéneo, ya que el ciudadano tenía un derecho diferenciado
en las entidades federativas e incluso había órganos garantes que no podían
sancionar ni facultades vinculatorias, lo que hacía nugatorio el derecho de
acceso a la información pública.
En su momento, esto
significó que Tabasco se sumara a la avanzada del derecho de acceso a la
información, con una serie de iniciativas que presentaron las diferentes
fracciones de los partidos políticos a partir de 2002.
En 2006 se presentó la
Iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado Tabasco, la cual, sería promulgada el 10 de febrero de 2007. Sin embargo,
esta legislación adolecía de algunos elementos que hicieran realmente efectiva
la salvaguarda de este derecho y la rendición de cuentas.
Mediante la reforma
constitucional del 22 de diciembre de 2007, se otorgó autonomía al Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITTAIP),
elevándose a rango constitucional el derecho a la información pública,
estableciéndose así las bases mínimas para su ejercicio.
Otras reformas que se
implementaron para consolidar la transparencia y la modernización
administrativa en la entidad fue la Ley de Archivos Públicos del Estado de
Tabasco -aprobada el 27 de diciembre de 2008-, pero que hasta el momento carece
de reglamento, lo que ha reducido la posibilidad de avanzar sustancialmente hacia
una mejor organización administrativa y agilizar el proceso de acceso a la
información pública y rendir cuentas claras en la entidad.
Por lo que hace a los datos
personales, en el país se está realizando un esfuerzo importante para su
protección; poco a poco se han generado leyes para regular esa situación e
incluso reformas a la Constitución Federal, con el propósito de controlar el
uso indiscriminado de esta información.
Como hemos señalado, la
rendición de cuentas es la obligación de dar cuenta y razón a la sociedad de
los actos realizados por el mandato recibido y su reclamo se finca, en la
búsqueda de la verdad sobre los asuntos que son de interés público. Por ello,
la transparencia es un valor fundamental que nos permite ejercer plenamente
nuestros derechos ciudadanos.
De tal forma, como un
verdadero principio de eficiencia administrativa se identifica la rendición de
cuentas, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de
supervisión ciudadana y de eficiencia de la actividad del Estado. Es decir, la
transparencia implica la obligación de someter al escrutinio público la
información de todos aquellos que manejan recursos públicos para que la
sociedad evalúe su desempeño.
Por otra parte, hoy en día
no podemos hablar de un gobierno transparente sin reclamar la rendición de
cuentas clara y oportuna de quienes ejercen el poder. La adecuada rendición de
cuentas debe sujetar el uso del dinero público a las disposiciones legales y
óptimos estándares de desempeño.
En el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia es menester señalar que no es suficiente publicar
datos en los portales de Internet. El esquema de transparencia debe operar en
dos vías: el derecho a recibir información, pero también la obligación de
divulgarla y explicar su contenido.
La necesidad de construir
gobiernos eficaces que complementen la democracia electoral con un impulso
decidido en la transparencia y rendición de cuentas, constituye una premisa
fundamental de la reforma del Estado y que en Tabasco debe ser prioridad.
La política desde el
pensamiento clásico, no solo significa diálogo y tolerancia de las ideas de
otros, sino también espíritu de cambio, aplicación de la ley y apertura ante la
sociedad. Los gobiernos que no aceptan rendir cuentas para ser fiscalizados,
los que rechazan la transparencia y la medición de resultados, tienden a ser
gobiernos antidemocráticos con altos niveles de corrupción.
La corrupción y la impunidad
son elementos inherentes a una cultura patrimonialista, que obstaculiza el
proceso de transición de una democracia electoral a una democracia
representativa y participativa.
Tabasco no pude retroceder
en cuanto a la cultura de transparencia entre las autoridades públicas y la
sociedad, pues ello como he sostenido, aporta mayor calidad al ejercicio
cotidiano de la democracia en la entidad. Precisamente, un gobierno que ve más
allá de los mínimos en la entrega de información, incrementa su utilidad social
y produce valor agregado a los fines públicos.
Debe quedar claro y con
copia al gobierno estatal, que una mayor autonomía de los órganos responsables
de la transparencia y de la fiscalización superior, fortalece la actuación de
los poderes públicos. De la misma forma que una actuación más independiente de
las instancias judiciales fortalece el Estado de Derecho.
Por lo expuesto, debe
también dotarse un nuevo marco jurídico que norme la actuación del Órgano
Superior de Fiscalización (OSF) y garantice a la ciudadanía la neutralidad que
esta institución requiere, con el fin de evitar presiones políticas de interés
partidista. En razón que la transparencia, la rendición de cuentas y la
fiscalización superior, constituyen un trinomio inseparable que debemos
arraigar en la cultura democrática de nuestro estado, en beneficio de los
ciudadanos.
Para lograrlo, gobierno y
sociedad deben darse cuenta que el verdadero cambio no está solamente en las
leyes o en el partido que gobierne, sino también en la conciencia de todos los tabasqueños.
Reflexión
El combate a la corrupción
es una lucha por la ética política y la moral pública que deben de imperar en
todos los ámbitos de la gestión gubernamental y de la sociedad, en su conjunto.
No resulta ocioso invocar las palabras de Santo Tomás de Aquino, cuando decía
que el rencor de los pueblos contra la corrupción de un régimen, dura más
tiempo que su gratitud por los beneficios que recibieron de él.
Respecto a los escándalos de
corrupción, hay que dejar claro que la ética política y la moral pública
requieren correspondencia. Un gobierno corrupto no podría subsistir si tenemos una
sociedad honesta y de igual forma, ningún gobierno podría ser honesto si la
sociedad tolera y acepta la corrupción.
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