LA ALTERNANCIA EN TABASCO ¿Y AHORA QUÉ?

Con la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco, la coalición de izquierda encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró no sólo la alternancia en la gubernatura, sino también ganó diez de los diecisiete municipios de la entidad, mayoría en el Congreso local, las seis diputaciones federales y las dos senadurías.

Con una mayoría perredista -en la nueva integración legislativa-, habrá siete grupos parlamentarios; uno más de los seis que tienen representación actualmente en el Congreso del Estado. Asimismo, ahora el PRI contará con sólo siete legisladores, el Partido Acción Nacional (PAN) dos, el Partido del Trabajo uno, Movimiento Ciudadano uno, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) uno y el Partido Nueva Alianza (PANAL) uno.

¿Cuál debe ser la propuesta legislativa para Tabasco en los próximos años? Ésta debe comprender cuatro ejes rectores: seguridad social; seguridad económica; seguridad pública y derechos humanos y; desarrollo sustentable y seguridad ambiental.

La LXI Legislatura del Congreso del Estado que entrará en funciones el primero de enero de 2013 tendrá la oportunidad de retomar algunas de las numerosas  leyes que se quedarán en la congeladora.

Por una parte, la agenda legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha planteado en los últimos años en Tabasco una reforma política, que incluya la figura de revocación de mandato. Ahora este partido político ya en el gobierno, deberá analizar la conveniencia o no para sus intereses de consolidar esta propuesta.

Hay temas de mayor urgencia o necesidad para el estado, de acuerdo a las inquietudes y necesidades de la sociedad, tal es el caso de una reforma electoral, en la designación de los consejeros electorales y de los órganos autónomos constitucionales. Asimismo, en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia.

En este orden de ideas, la fracción parlamentaria del PRD, deberá redoblar esfuerzos para que Tabasco adapte su legislación e instituciones al nuevo sistema penal acusatorio y oral -aprobado en el orden federal en junio de 2008-, cuyo plazo de transición constitucional es de 8 años a las entidades federativas para la implantación del nuevo sistema procesal penal acusatorio.

Conjuntamente, resalta la importancia de que las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado se actualicen, conozcan y adopten nuevas herramientas contra los delitos de carácter federal y del fuero común, en su caso en el marco de esta nueva configuración del sistema de justicia penal. En este sentido, el sistema de administración de justicia, deberá repetir las actualizaciones pertinentes vinculadas al tema.

En este ámbito, aún queda pendiente que la LX Legislatura suba al Pleno para su aprobación, la Ley de Justicia Alternativa -presentada desde el 26 de marzo de 2010 por el titular del Poder Ejecutivo-, el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio y Oral para el Estado de Tabasco. Así como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y la Ley de Justicia para Adolescentes.

Ante esto y volviendo al tema del Congreso, urgen elementos que respalden e impongan mecanismos efectivos de registro, medición y difusión de las actividades de los legisladores y que vayan más allá de la simple contabilidad de acciones y eventos realizados. Por tanto, la LXI Legislatura deberá revisar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamentación, ya que en los actuales términos, no hay plazos para el dictamen de iniciativas enviadas a comisiones; menos, monitoreo del trabajo legislativo.

Es complicado, pero las principales bancadas en el Congreso Local, deberán ponerse de acuerdo en cómo eliminar el rezago legislativo, para lograr la tan ansiada productividad que Tabasco requiere.

Ante este escenario, los próximos legisladores bien deberían atender una reforma integral al marco jurídico que regula la organización y funcionamiento del Congreso del estado, para profundizar en los impactos de la actividad legislativa y puedan los legisladores responder de forma efectiva, al papel que tiene el Poder Legislativo en el sistema político como garantes de la soberanía popular.

Recordemos que también están pendientes reformas a la Ley de Protección Ambiental, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por citar algunas.

Además, deberán fortalecer el marco legal para seguir instrumentado medidas en la elaboración de planes de ordenamiento territorial y mecanismos institucionales que permitan una gestión más efectiva de las autoridades en los procesos de prevención, atención y reconstrucción, ante desastres naturales. Recordemos que este tema es concurrente en los tres órdenes de gobierno.

Ante la evidencia de que existe un marco jurídico con un amplio vacío en actividades específicas destinadas a la prevención de desastres, lo que reduce de manera operativa la eficacia de las prescripciones que derivan de estos planes. En Tabasco tenemos experiencia con las inundaciones y es obvia la reflexión que es necesario perfeccionar los mecanismos específicos en  la gestión y el manejo de los desastres naturales.

Allí están estos los déficits legales e institucionales, que también será tarea de los legisladores federales y que deberán atender.

REFLEXIÓN

El tiempo es sabio, pronto veremos el trabajo legislativo y sabremos cuántas leyes quedaron varadas, cuáles pudieron ser rescatadas, y sobre todo, quiénes sí cumplieron.

¿PUEDE ANULARSE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL?

Con motivo de la elección presidencial pasada y ante la impugnación de sus resultados por la Coalición Movimiento Progresista, quien promoviera el Juicio de Inconformidad ante el Instituto Federal Electoral (IFE), solicitando la invalidez de esta elección, es pertinente realizar el siguiente cuestionamiento: ¿puede anularse la elección presidencial del primero de julio?

El planteamiento y las pruebas presentadas por la coalición de las izquierdas, parecen de entrada aducir a una impugnación de naturaleza eminentemente política y mediática. Hace seis años, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa prácticamente rebasaron a la autoridad electoral e incluso, la sometieron a cuestionamiento.

La impugnación se sustenta en que se violó el artículo 41 de la Constitución General de la República, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. Asimismo, en el señalamiento que la Coalición Compromiso por México rebasó el tope de gastos de campaña y recurrió a la compra de alrededor de cinco millones de votos.

Ahora bien la pregunta del millón, ¿se puede anular la elección presidencial? Por la vía de la aplicación de las causales de nulidad expresas contenidas en la ley, definitivamente no.

Sin embargo, sí se podría invocar la invalidez jurídica por violación grave de principios constitucionales, pero implicaría aplicar una causal creada jurisprudencialmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya Sala Superior deberá resolver el trámite del Juicio de Inconformidad que integre el IFE. Lo cual, se ve sumamente difícil, pues se tiene que demostrar con pruebas fehacientes que efectivamente sí se cometieron estas irregularidades y que fueron determinantes en la diferencia de más de tres millones doscientos mil votos existentes entre el primero y el segundo lugar; lo cual, es improbable por varias razones.

Primero, el Juicio de Inconformidad deberá ser resuelto por el TEPJF antes del 6 de septiembre, ya que es la fecha límite para que se emita el Dictamen de la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo.

Segundo, en el terreno legal de esta impugnación que se sustenta en el señalamiento del rebase del tope de gastos de campaña, vinculado con la compra de aproximadamente cinco millones de votos y las ya celebres tarjetas Monex y Soriana, cabe precisar que los informes de la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos y sus candidatos a cargo del IFE -conforme a los tiempos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)-, se presentarán después de la calificación de la elección presidencial. Lo que representa una restricción legal que permita efectivamente acreditar este supuesto.

Concretamente, las irregularidades que deberán demostrarse son la compra del voto y la inequidad en el acceso a los medios de comunicación.

En el marco de estas maromas jurídicas es pertinente realizar los siguientes cuestionamientos, ¿la justicia electoral puede interpretar directamente la Constitución? O en su caso, ¿inaplicar normas locales a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos? Estas preguntas son factor clave y decisorio en esta impugnación e invariablemente, darán pauta en un futuro a nuevos criterios jurisprudenciales y probables reformas en materia electoral, para el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático.

Más allá de las limitaciones para poder acreditar jurídicamente los supuestos que se aducen en esta impugnación, como el uso de recursos públicos o privados para comprar y coaccionar  el voto, algunas voces señalan por ejemplo, que rebasar los topes establecidos en los gastos de campaña, no es causal de nulidad de la elección. En materia de nulidades ha sido superado el principio de estricta observancia, toda vez que en la legislación comicial no está prevista la nulidad de la elección presidencial y por lo tanto no podría acogerse a este supuesto.

El criterio de que la nulidad no pude acogerse, porque ya las causales están previstas en la legislación electoral no es del todo exacto, porque sí es posible establecer o declarar la nulidad de una elección, por causales distintas a las expresamente establecidas en el COFIPE y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Es decir, a pesar de que en la reforma electoral de 2007 en que se establecieron en la legislación comicial, causales específicas de nulidad, la causa abstracta de nulidad, por su mismo origen, tiene plena vigencia en su interpretación sistemática y funcional de los principios y valores que deben respetarse para el desarrollo de elecciones democráticas. Pero para su aplicación, la concurrencia e inobservancia de estos elementos constitutivos y esenciales de una elección democrática, auténtica y libre, debe ser determinante para el resultado de la elección; he ahí la condición consustancial.

REFLEXIÓN

Como comentario final, más allá de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, quien está en la tarea de deslegitimar la victoria de Enrique Peña Nieto, es importante señalar que todas las inconsistencias de la reforma electoral de 2007 son los argumentos de los cuestionamientos sobre la legalidad de la elección y las reglas electorales, por parte de la coalición de las izquierdas. Por ello, México necesita una reforma electoral de fondo, contextualizada en una reforma del Estado.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS MUNICIPALES

Con las pasadas elecciones del primero de julio en México se renovó la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión -300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 64 senadores de mayoría relativa, 32 de minoría y 32 de representación proporcional-, asimismo, se renovaron siete gubernaturas y hubieron ocho elecciones locales para diputados y ayuntamientos.

Los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán y Tabasco, así como el Distrito Federal, tuvieron elecciones para renovar su gubernatura y Jefatura de Gobierno, respectivamente.

Tabasco fue a las urnas para elegir gobernador, 21 diputados de mayoría relativa, 14 de representación proporcional y 17 ayuntamientos; los resultados ya todos los sabemos.

¿Ahora qué sigue? Los representantes electos, que se vieron beneficiados por el voto ciudadano deberán impulsar en materia de seguridad social medidas para orientar el gasto público, combatir la pobreza y atender a los grupos más vulnerables –jóvenes, adultos mayores y madres solteras-, además la integración de propuestas innovadoras que sustenten el diseño de políticas públicas y acciones gubernamentales, efectivamente vinculadas con la sociedad.

¿Cuál debe ser la propuesta legislativa para Tabasco en los próximos años? Ésta debe comprender cuatro ejes rectores: seguridad social; seguridad económica; seguridad pública y derechos humanos y; desarrollo sustentable y seguridad ambiental.

En materia social, deberá ser prioridad la educación y para ello, deberá promoverse el otorgamiento de mayores recursos públicos. Sirva como reflexión el hecho que estamos dilapidando el bono demográfico.

Por otra parte, en cuanto a los programas destinados al combate de la pobreza, la marginación y la desigualdad, éstos deberán estimular el desarrollo económico, social y político de los beneficiados.

Respecto a las mujeres, deberá legislarse para dotarlas de más y mejores instrumentos jurídicos, económicos y sociales para alcanzar la igualdad, para motivar una política de Estado que conciba su participación en el desarrollo, desde una perspectiva estructural y de acceso a la esfera económica, más allá de su papel en la familia y su función reproductiva.

Es necesario presentar proyectos legislativos para asegurar que las mujeres en todos sus ciclos de vida reciban atención médica de calidad, mediante acciones concretas  de salud a las mujeres.

Asimismo, debe hacerse una revisión de la legislación a efecto de evitar la discriminación en los centros de trabajo hacia los jóvenes, por su edad, condición social, física y económica o su preparación académica.

Modernización municipal

En el orden de los municipios del estado, específicamente con la alcaldía del municipio de Centro. Deberán implementarse programas de créditos a mujeres que quieran poner en marcha un proyecto productivo; la modernización de la iluminación en avenidas, calles y parques, para que sean utilizados y disfrutados con mayor seguridad; apoyos y estímulos para la vida diaria, el trabajo y los proyectos de la población indígena, discapacitada y los adultos mayores; mejor ambiente de negocios en el sureste, con la promoción para la atracción de inversiones e; incentivos a los empresarios que ofrezcan su primer empleo a los jóvenes.

Para ayudar al ciudadano deberán consolidarse en el municipio de Centro, trámites rápidos, mediante una reforma administrativa. Asimismo, mejores mercados públicos, cómodos, funcionales y seguros, que beneficien a locatarios y consumidores.

Sin lugar a dudas, los ciudadanos son cada vez más demandantes y exigentes, por lo que el trabajo de los municipios debe estar enfocado hacia el ciudadano y uno de los principales desafíos que tiene Tabasco, es transformar e innovar la gestión de los ayuntamientos, con miras hacia su modernización.

Más y mejores servicios es una demanda ciudadana a los ayuntamientos de Tabasco, los cuales sólo se han mantenido como centros monopólicos del poder político.

En el caso del municipio de Centro, es imperativo modernizarlo y consolidarlo para posicionar a Villahermosa, como una ciudad con un modelo de desarrollo sustentable y urbano, con mejor infraestructura y mayores índices de competitividad, servicios públicos de mayor calidad y disminución de pobreza.

En este orden de ideas, será importante que en Tabasco se considere la integración de un Sistema de Acreditación de los Servicios Municipales, como instrumento de evaluación de los ayuntamientos, con miras hacia una mayor modernización de los municipios y eficiencia en la gestión municipal.

Hay que tener municipios fuertes, con recursos suficientes y una amplia red de apoyo social, ya que es el municipio, la institución del Estado que asume la mayor cantidad de tareas de atención directa a los ciudadanos, por lo que requieren una drástica reforma; la modernización administrativa y la digitalización de los servicios que prestan, es una de las claves para su progreso.

Esto no es de la noche a la mañana, debe ser por etapas, mejorando primero la capacidad de gestión, con mayores facultades y recursos, y esto debe ser abordado desde el gobierno del estado. Por ejemplo, hay muy poca legislación en tecnologías de la información, el Congreso no ha regulado suficientemente este ámbito.

Importante será la incorporación de nuevas instituciones en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. De igual forma, otro tema que deberá ser atendido con especial atención es el del agua y realizar esfuerzos para mejorar su administración y lograr su adecuado aprovechamiento. Así como su manejo de manera integrada, al establecer vínculos con áreas ambientales, para lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de este recurso natural.

Reflexión

En política muchas ideas son preconcebidas porque incluyen juicios de valor que suelen ser muy rígidos, no obstante, lo relevante de estos tiempos es que la clase política deberá entender que lo que ocurre en la realidad y la opinión pública, ya no es solamente un hecho ilustrativo, sino que es parte inalienable de la dinámica de este país.

JUSTICIA Y DESARROLLO PARA EL SURESTE MEXICANO

TABASCO Y EL RETO DE SU RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

Al hablar de Tabasco y del sureste mexicano es inevitable no abordar los temas del agua, la energía y el cambio climático. En este contexto, la reconversión productiva de la entidad es un imperativo impostergable, ya que el desarrollo sustentable es un problema que es urgente atender en los tres órdenes de gobierno, pero que representa a su vez, una gran oportunidad para explorar alternativas para el desarrollo económico, ahorrar recursos, detonar nuestro potencial y preservar nuestros recursos naturales.

Si los próximos gobiernos no entienden esta necesidad, no podremos trabajar por un Tabasco más competitivo y generador de empleos. Precisamente, el agua debe ser aliada estratégica en el desarrollo de la entidad y traducirse en justicia social, mejor calidad de vida para más tabasqueños.

En Tabasco se requiere una política que nos permita ser preventivos en la atención de desastres naturales y atender la conservación de los recursos naturales. Asimismo, fortalecer la legislación vigente y gestionar mayores recursos económicos para mejorar el manejo sustentable del agua, de las selvas y ecosistemas, así como a la procuración de la justicia ambiental. Pero también es necesario, que la gente tenga conciencia y cuidemos nuestros recursos naturales y las autoridades aplicar con toda seriedad y todo el peso de la ley, a aquellos que infrinjan las normas en esta materia.

La apuesta de Tabasco es a mayor infraestructura hidráulica y control para aprovechar este nicho de oportunidad e impulsar la actividad agroindustrial, no sólo en el estado sino en todo el sureste del país.

Pero para ello, es necesario sumar esfuerzos para multiplicar resultados, de ponernos de acuerdo más allá de colores y partidos. De pensar en el futuro que queremos para lo más importante: Tabasco y México.

En este sentido, son importantes las acciones que habrán de realizarse en los próximos años, para fortalecer la gobernabilidad y dar un nuevo impulso a nuestra economía, mediante el trabajo coordinado del gobierno del estado con los diputados -tanto federales como estatales-, así como con todos los presidentes municipales.

Por ello, quien encabece el gobierno de estado, deberá construir una relación clara, firme, de respeto y entendimiento con el gobierno federal. Asimismo, con la Comisión Federal de Electricidad deberá establecer una nueva relación de mutuo entendimiento y un diálogo más cercano.

Allí los legisladores federales tienen un pendiente: una tarifa de energía eléctrica más justa para los tabasqueños. Cuya lucha sigue en pie y que para el sureste mexicano trasciende en la demanda de mayor inversión en infraestructura eléctrica para continuar ampliando el suministro y fortalecer las condiciones para atraer y detonar inversiones industriales en esta región del país.

De igual modo, para seguimos sumando esfuerzos con la Federación por el desarrollo del estado, del sureste y de nuestro país, el próximo gobierno estatal, deberá construir una relación más armónica y productiva con Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que Tabasco no puede entenderse sin la paraestatal. 

Todos queremos que Tabasco crezca y se construya en los próximos años un clima favorable para la inversión, pero necesariamente debemos comprender que no podemos seguir dependiendo de PEMEX, pues cada año disminuyen los ingresos por la venta del petróleo y con ello, las participaciones federales para Tabasco.

Para compensar esta reducción, la austeridad, el ahorro y la recaudación han sido las mejores herramientas para el gobierno del estado. No obstante, en la autoevaluación y lograr un desarrollo sustentable, es imprescindible la reconversión productiva de la entidad, con un desarrollo que se finque en el respeto al medio ambiente y en la generación de auténticas oportunidades de desarrollo social para nuestro estado y el sureste.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ADAPTACIÓN

Es urgente establecer una política pública seria sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales del estado, con el que se apoyen proyectos y programas del orden municipal, como la conservación de suelo y agua, la construcción de rellenos sanitarios, así como programas para el manejo de residuos sólidos, entre otros.

El medio ambiente y el desarrollo agropecuario, se encuentran íntimamente vinculados, pues como consecuencia de las inundaciones en 2011, en la entidad se vieron afectadas 332 mil 961 hectáreas correspondiente a pastizales y 10 mil 806 hectáreas en agricultura.

Sin lugar a dudas, los cambios en los patrones del clima han trastocado los ciclos que los campesinos solían seguir. Ello afecta los ritmos de producción y amenaza la producción de subsistencia y de temporal del campo tabasqueño.

No sólo los agricultores en Tabasco, han sufrido estos cambios  debido a los efectos de las inundaciones, las cuales, los han arruinado económicamente. También los productores ganaderos sufrieron los embates de la naturaleza, pues en 2011 fueron afectadas 343 mil hectáreas en donde el 97% es ganadera.

Si a ello le añadimos, los viejos vicios del campo mexicano como la erosión de la tierra, los precios de sus productos en caída y los subsidios insuficientes, el futuro no resulta halagüeño.

Ahora, este sector habrá que vivir un reto insólito: la variación del clima. Por ejemplo, las lluvias ya no son como antes, cuando llueve, lo hace con tormentas y se presentan severas inundaciones.

Entre las inundaciones de Tabasco y las sequías del norte del país, el reto es  únicamente contrarrestar los efectos del cambio climático que afectan la sustentabilidad y seguridad alimentaria del país, sino modificar los esquemas productivos y buscar nuevos mecanismos de rentabilidad, optimizando la producción.

En México y en Tabasco, habrá que delinear una política de adaptación ante las contingencias del clima, ya que la producción agrícola, ganadera y pecuaria, son vulnerables antes estas nuevas condiciones y de lo contrario, si no se establecen medidas de adaptación para la sobrevivencia de miles de productores está en riesgo.

La autonomía alimentaria de México está en focos rojos y el problema es real, muchos de los cultivos en el país ya no se dan, las heladas llegan tarde y arrasan las cosechas, la producción agrícola de temporal sobrevive sin medidas de adaptación y en total incertidumbre, los campesinos esperan ciclos agrícolas que ya no existen.

Somos vulnerables y lo seremos más, si no cambian las políticas dirigidas al campo mexicano. Entre los datos duros, el Centro de Expertos Woodrow Wilson, de Washington, señala que actualmente el 40 por ciento del maíz que se consume en México proviene de los Estados Unidos (EE.UU.) y estima que nuestro país, podría llegar a depender un 80 por ciento de la importación de alimentos de EE.UU. y Canadá para el año 2030.

Por otra parte, el cuarto reporte del Panel Intergubernamental en Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2007, pronosticó que las temperaturas globales aumentarán entre 1.8 y cuatro grados centígrados en este siglo.

En el país el problema es claro, no hay dirección ni coordinación para cuidar del medio ambiente sin descuidar la producción agrícola. Por ejemplo, existe una evidente contradicción entre la política ambiental y agrícola del gobierno federal y de las entidades federativas, donde se requiere un entendimiento integral de todas las partes, entre las autoridades responsables del cuidado del medio ambiente y las del sector agropecuario.

Según el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, el 50 por ciento de los municipios en el país, están o han sido afectados por el cambio climático y se calcula que 1.4 millones de hectáreas han padecido los daños provocados por las condiciones climáticas adversas. En 2011 se perdieron 3.2 millones de toneladas de maíz, 600 mil de frijol y 60 mil cabezas de ganado y es el cambio climático el factor decisivo en el déficit de la producción nacional de granos básicos.

Hoy la agricultura genera menos de 10% del ingreso familiar rural y el 25% de la población nacional vive en zonas rurales. No obstante, más de 44% de la emigración a EEUU proviene del campo. Por un lado, México pierde autonomía alimentaria y por el otro, cada vez menos mexicanos viven de la producción del campo y emigran.

Por lo expuesto, es necesario replantear la importancia estratégica del agro y de la autosuficiencia alimentaria, sin descuidar la conservación del medio y la prevención de desastres naturales. Es urgente monitorear la gravedad de este problema y atenderlo en el corto plazo, para evitar la falta de alimentos en la nación. En el caso de Tabasco, no sólo se requiere una nueva política de subsidio al campo, se requiere empujar estímulos para el financiamiento en materia de desarrollo rural.

REFLEXIÓN

De esta lectura, nuestros representantes estatales, deberán tener capacidad de gestión e interlocución con las autoridades federales. Para que los tabasqueños tengamos representantes legislativos que conozcan y estén comprometidos con esta problemática y los retos que enfrentamos en el futuro inmediato y la posibilidad de la reconversión productiva de Tabasco.

LA ALTERNANCIA POLÍTICA EN TABASCO

Un nuevo tiempo exige de nuevos hombres y Tabasco no debe seguir llenándose de odio por diferencias políticas o ideológicas. Por tanto, el próximo gobernador del estado, deberá refrendar la confianza de quienes votaron por él y ganarse con trabajo, la de quienes no le favorecieron con el voto.

La competencia política en Tabasco es signo de los nuevos tiempos democráticos, forjados por varias generaciones de tabasqueños. Así como el Partido Acción Nacional (PAN) se equivocó en muchos aspectos durante doce años al frente del gobierno federal, el inminente regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, obedece a la decisión de la mayoría de los mexicanos de expulsar al blanquiazul de Los Pinos.

Así en el plano local, el PRI tabasqueño probablemente también se equivocó en muchos aspectos y ahora le corresponde hacer un análisis serio de su actuación durante el proceso electoral de este año.

Uno de los errores que el PRI en Tabasco ha pagado caro ha sido la manera cómo escogió a sus candidatos. Esto le costó en gran medida a este partido la elección estatal y lo obliga a la  renovación de su dirigencia. Tiene que ser alguien que fortalezca su unidad con capacidad de diálogo y conciliación, pero al mismo tiempo alguien con principios ideológicos firmes y una visión clara de la ética, transparencia y responsabilidad social que tiene este partido político.

La derrota electoral del PRI en Tabasco fue consecuencia también de la frágil confianza de las bases y los votantes en la institucionalidad del partido, además del efecto López Obrador en la elección concurrente con la federal.

La próxima dirigencia estatal del PRI deberá avanzar en el desarrollo democrático del tricolor y no recaer en los errores cometidos en el pasado. Además, deberá entender lo que representa en su justa dimensión ser oposición y no gobierno, para regresar a la competencia política más cohesionado y disciplinado.

El PRI tiene que abrirse a la pluralidad interna para incrementar su credibilidad y por tanto su autoridad como partido político. No como lo ocurrido en el proceso de selección de candidatos, que al final se convirtió en un campo de batalla y eliminación, vía impugnaciones judiciales.

Lo que es destacable de la jornada electoral del domingo primero de julio, es que hubo una participación ciudadana ejemplar. Nuestro estado vivió un proceso democrático y fue la segunda entidad federativa con mayor participación de ciudadanos que acudieron a las urnas -con un setenta y uno por ciento de votantes-, después de Yucatán, que alcanzó un setenta y cinco por ciento.

El padrón electoral en Tabasco es de un millón 575 mil 849 personas, con una lista nominal de un millón 530 mil 142 ciudadanos. Lo que significa que un millón 71 mil tabasqueños votaron el pasado primero de julio y ejercieron su poder ciudadano al votar la mayoría por la alternancia.

El priísmo tabasqueño deberá reconstruirse desde su militancia, esa que se siente desprotegida y agraviada. Asimismo, deberá trabajar por ser muy pronto una opción política válida para el pueblo tabasqueño y habrá de exigirle responsablemente al nuevo gobernador de extracción perredista.

En el PRI tabasqueño deberá iniciar una operación de control de daños y en esa recomposición hay grupos que querrán secuestrar a este partido. Se advierte una purga interna y sin duda, se pondrán a prueba las militancias y las convicciones.

A los que hoy perdieron, les corresponde respetar los resultados y ofrecerle al ganador su colaboración. En tanto, al vencedor hoy le toca cicatrizar heridas, tender puentes, sumar voluntades, disipar miedos, restablecer la concordia y apegarse a la ley.

Con los resultados de esta elección, los tabasqueños seguramente recuperarán su fe en la democracia y la alternancia representará un nicho de oportunidades para que Tabasco enmiende el camino. En Tabasco hay cabida para todos, pero debemos abandonar los egoísmos y contribuir al progreso de nuestra entidad, asumiendo nuestra responsabilidad histórica y social.

En la nueva dinámica de Tabasco, debemos privilegiar la instauración de un nuevo sistema social fundado en la 'meritocracia', donde las posiciones jerárquicas sean conquistadas con base al mérito y a la capacidad profesional. Es decir, el estado debe cambiar de la generación del linaje a una del esfuerzo, donde prospere aquel que trabaja más.

No es deseable un gobierno populista, pues ya no son tiempos de esperar de éste soluciones mágicas para todos los problemas; nuestra propia varita mágica debe ser nuestro esfuerzo individual y colectivo.

Sin lugar a dudas, en todos los partidos políticos existe gente valiosa y ahora corresponde al Partido de la Revolución Democrática (PRD) saber ser gobierno, ser incluyente y plantear una agenda común. En tanto, el PRI deberá aprender a ser una oposición madura. Si todos cumplimos con lo que hoy nos toca, nuestra embarcación tocará sana y salva la otra orilla.

El próximo gobierno que encabezará el PRD deberá entender esta necesidad, para trabajar por un Tabasco más competitivo y generador de empleos. Para ello, es necesario sumar esfuerzos para multiplicar resultados, de ponernos de acuerdo más allá de colores y partidos.

En este sentido, son sustanciales las acciones que habrán de realizarse en el corto plazo, para fortalecer la gobernabilidad y dar un nuevo impulso a nuestra economía, mediante el trabajo coordinado del gobierno del estado con los diputados -tanto federales como locales-, así como con todos los presidentes municipales. Además, el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez, deberá construir una relación clara, firme, de respeto y entendimiento con el gobierno federal.

REFLEXIÓN

En las próximas semanas, la “gabinetología” será deporte estatal ante las especulaciones de quienes acompañarán a Arturo Núñez al frente del gobierno de Tabasco. 

A partir del primero de enero de 2013, en Tabasco iniciaremos una nueva etapa de gobernabilidad democrática y el próximo gobierno, tiene un gran reto frente a él, de contribuir para alcanzar una sociedad más plural e incluyente.