lunes, 29 de abril de 2013

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

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Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.