jueves, 12 de abril de 2012

LA LLAVE DEL CRECIMIENTO EN MÉXICO

En la convergencia territorial está el desarrollo de México y la llave es el empleo. Por ello, el Estado mexicano debe tener a la actividad productiva en un papel más estratégico y determinante. Por ejemplo, definir un desarrollo de productividad explícito en el desarrollo, es decir, que el motor del crecimiento sea el consumo popular.

La violencia generada por la delincuencia es un factor que incide negativamente de muchas maneras; con delincuencia y violencia no puede haber producción y se atenta contra el derecho más básico que es la seguridad.

Es necesario que las autoridades establezcan un fuerte compromiso con la educación y con el gasto social, pues algo no funciona en la ecuación para aplicar los programas sociales, en razón de que es ineludible recuperar los indicadores sociales y el problema radica, en que la tasa de inversión pública y tecnología es paupérrima.

En el marco de la economía de mercado moderna, un país que no invierte en educación y tecnología, está condenado a repetir sus errores y a ser más dependiente. Dicho sea de paso, México únicamente invierte el 0.4 por ciento en investigación, cuando otros países invierten el 3 por ciento de su Producto Interno Bruto.

El cobro de impuestos no es una medida popular, pero resultará benéfico incrementar la capacidad tributaria del país; la tendencia debe ser tasar a los flujos de capitales bursátiles que son los grandes ganadores de la globalización, cuyos efectos ha desencadenado la exponencial y aberrante desigualdad en la humanidad. 

Por otra parte, el país ha perdido competitividad y de 1993 a 2006 se registró un incremento de 11 por ciento en desigualdad, según análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Así también, en los últimos 10 años hemos retrocedido enormemente en materia de competitividad como economía mundial, como país exportador y como destino de la inversión extranjera.

En México la inequidad en la distribución del ingreso no sólo es elevada sino persistente y por si fuera poco, el rezago educativo es muy amplio y abarca a 33 millones de mexicanos, de 15 años o más: seis millones analfabetos; 10 millones sin concluir la primaria y 17 millones sin terminar secundaria.

La violencia, el desánimo y desencanto de la sociedad hablan de la pérdida de capacidad de un proyecto de nación y el Estado debe recuperar su fortaleza para convertirse en un factor importante que impulse el crecimiento y fomente las potencialidades de sus ciudadanos, y dicho sea de paso, la sociedad tiene que ser un factor de cambio.

Las inversiones públicas son necesarias, así como impulsar la banca de desarrollo, la bancarización del país, el ahorro, la inversión en infraestructura, tecnología y educación, pues aún contamos con el bono poblacional. También debe reorientarse la apuesta normativa en el país, que se ha centrado en la titularidad de derechos y no en el acceso efectivo de los ciudadanos a estos derechos.

La desigualdad se está profundizando y necesario es la construcción de un nuevo pacto republicano que permita el desarrollo de un sistema económico diferente, que pueda adecuarse a nuestras propias condiciones, características y necesidades.

Tal vez, si comenzamos con una propuesta macroeconómica y fiscal, y con otra propuesta política que fije un Estado fuerte pero apropiado por la ciudadanía a través de la vía democrática, quizá, podamos allanar el camino para abatir la desigualdad histórica.

Ineludiblemente, deben ser tiempos de cambio en la historia del desarrollo económico de México, si es que queremos salir del subdesarrollo. Ha sido evidente el fracaso de las teorías económicas dominantes, cuyos insidiosos fiascos han sido contundentes y muestran el agotamiento del sistema económico de mercado.

Los ‘grandes pensadores políticos y económicos’ de México aún no han sido capaces de identificar nuestra ventaja comparativa como país y reformular de forma equilibrada las políticas y cambiar las estructuras económicas, con el objetivo de reducir la distancia con países industrializados de forma eficaz y eficiente.

Seguimos empeñados aludiendo hipócritamente a una supuesta soberanía que sólo defiende los fueros de unas minorías, que poco o nada contribuyen al desarrollo de este país. Sólo en México pasa que seguimos empeñados en estancarnos y subsidiar la impunidad.



REFLEXIÓN

La trascendencia de las elecciones del domingo 1 de julio es en términos del impacto de control político y partidista en los próximos seis años. En este contexto, es preocupante la descomposición en la competencia política y electoral, aunado a los pobres programas partidarios, los cuales no convergen hacia un verdadero esfuerzo nacional que reconozca los errores y nos permita corregir las fallas de una política económica anacrónica.

Debemos identificar que a la demagogia barata sólo le interesa más ganar unas elecciones, que sacar al país del atolladero y que en México, los compromisos no sean simples ejercicios de oratoria, sino que nos permitan transitar hacia una mejor calidad democrática de las instituciones públicas del país.


REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO


El Poder Ejecutivo de Tabasco presentó al Congreso local una Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que tiene como finalidad la armonización de la Constitución local con los ordenamientos constitucionales para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la entidad.

Entre sus aspectos relevantes, plantea elevar a rango constitucional, elementos innovadores del nuevo sistema de justicia penal que tiene como principios fundamentales la oralidad, la presunción de inocencia, la continuidad, la concentración, la publicidad, la inmediación y la contradicción. Asimismo, el reconocimiento de los derechos de la víctima o del ofendido y de toda persona imputada en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Federal.

De igual modo, se prevé establecer a nivel constitucional los mecanismos alternos de solución de controversias, con el propósito de lograr una justicia pronta y expedita para reducir la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y los altos costos de los litigios.

En este sentido, en los artículos transitorios se establece que dentro de un plazo que no exceda los sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto –en caso de ser aprobado el dictamen de esta reforma-, se deberá emitir un nuevo Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, así como la demás legislación necesaria para su implementación.

¿Qué significa esto? Que una vez emitidos dichos ordenamientos, deberá publicarse en Periódico Oficial del Estado la Declaratoria en la que se señale expresamente que el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral ha sido incorporado en el Estado de Tabasco, ordenándose, en consecuencia, el inicio de su vigencia; allí radica la trascendencia de esta reforma.

En suma, esta propuesta de reforma constitucional representa un cambio estructural en la procuración de justicia penal en el que participan las instituciones encargadas de la persecución y sanción de delitos, cuyo objetivo principal es la implementación de un sistema acusatorio que se traduzca en transparencia, equidad entre las partes e inmediación.

Con esta reforma judicial en el estado, cambiará de fondo el sistema penal actual inquisitivo y escrito, para sustituirlo por un sistema acusatorio y oral, que en la experiencia comparada ha probado ser más efectivo para proteger los derechos fundamentales de víctimas y acusados.

Cabe destacar que si bien todo el Estado mexicano tendrá hasta el 2016 para cambiar la estructura de justicia, en Tabasco se ha dimensionado la necesidad urgente del cambio y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a trabajar en la implementación de un sistema que consolide la credibilidad de la sociedad en sus instituciones de justicia y seguridad pública. Por ello, se está logrando generar una reforma armónica e integran en esta materia y en este sentido, en Tabasco ha existido voluntad política para emprender esta transformación de fondo, ya que se han coordinado los tres poderes para realizar las reformas en la materia y donde también han participado sectores de la sociedad civil.

Ahora queda en manos de los legisladores locales el análisis, dictaminación y en su caso, la aprobación de esta relevante reforma constitucional, la cual plantea ajustes tendientes a armonizar el marco legal local con los ordenamientos constitucionales para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en Tabasco. Además, de elevar a rango constitucional el proceso penal acusatorio y oral, la reparación del daño y la protección de los derechos de las víctimas de los delitos.