2012, VALOREMOS NUESTRO SUFRAGIO

2012 es año electoral para México y una fecha de coyuntura en la lectura del análisis político, que coloca a las autoridades de los distintos niveles de gobierno ante un cúmulo de cuestionamientos y responsabilidades ineludibles que atender.

La situación es delicada, producto además de la crisis que se ha vivido en las últimas tres décadas y el empobrecimiento generalizado, que se agrava con el incremento de la delincuencia y la violencia.

La sociedad mexicana es una sociedad desigual, de graves injusticias y marginaciones internas manifestadas en polarización social, exclusión de los más indefensos e inestabilidad laboral.

Ahora a ello, puede sumarse, una menor capacidad en las recientes administraciones para asegurar el bienestar de la población, ni el oficio para sacar al país del estancamiento económico, pese a los esfuerzos de la política de desarrollo social.

En un país de 112 millones de habitantes, la pobreza pasó de 48.8 a 52 millones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval). Estas cifras negativas revelan no únicamente la tendencia a la baja generalizada en los ingresos -debido a la crisis financiera internacional y el aumento en los precios de los alimentos-, sino el fracaso del modelo económico y el mediocre crecimiento en la economía nacional, que en los últimos años ha sido inferior al dos por ciento anual.

Con 52 millones de pobres, México es uno de los países con mayor desigualdad a nivel mundial, ya que un 46.2 por ciento de los mexicanos están por debajo de la línea de pobreza establecida en la medición oficial por el Coneval. Para muestra ahí tenemos los bajos salarios y el aumento en la informalidad del mercado laboral.

Los riesgos son tan potenciales, debido a las inconformidades del pueblo por la crisis económica tan aguda que se vive. De tal forma, la clase política debe mostrar mayor sensibilidad para atender las dificultades que se tienen, porque el Estado da evidencia de su alejamiento con la ciudadanía para garantizar el bienestar, la justicia, el orden y la paz.

El pretender hacer como que hace sin hacer nada no equivale a gobernar, equivale a eludir las obligaciones propias del  encargo y ser un mal gobernante. En este orden de ideas, la economía del país presenta diversos grados de concentración y privilegios que frenan el ritmo de su conversión y modernización, así como reducir los desequilibrios regionales.

Esta disparidad, ha impactado de manera decisiva a las entidades federativas en el ámbito económico y que en lo inmediato, les está llevando a replantear el presupuesto de este 2012, pues al ser el ‘año de Hidalgo’, sencillamente escasean los recursos para la instrumentación de programas ya presupuestados.

En el plano doméstico, Tabasco necesita sumar esfuerzos de todos para obtener buenos resultados y el proceso electoral de 2012 debe ser no sólo democrático, pues su éxito debe ser resultado del oficio político de todos y cada uno de sus protagonistas. Hay muchas cuestiones internas que en los partidos políticos no fueron considerados oportunamente y actualmente, hemos sido testigos de reacomodos en las dirigencias y control de daños. 

A principios de ese año refería en un artículo publicado, que las evidencias del peligro de división siempre se encontrarán latentes en los procesos internos de selección de candidatos. Pero si a ello, le añadimos el relajamiento en los controles del proceso electoral al interior de los partidos políticos y la falta de liderazgo, los intereses se tornan más difíciles de conciliar y por esta razón, las deserciones.

Pero debo precisar, que en ningún partido político, es imposible la vida de corrientes, ahí radica la fuerza de grupos de poder, e incluso, la herencia de la tradición clientelar en el sistema político mexicano.

De tal forma, hemos como referí en octubre de 2011, “se requiere de la legalidad interna para fortalecimiento de los partidos políticos y garantizar liderazgos reales”. Esta consideración toma suma importancia ante el cada vez más constante fenómeno de la judicialización de política electoral que ha tenido altos costos a las organizaciones políticas.

Sin embargo, algunos partidos políticos parece que ya lo han comprendido y han rectificado el camino, conscientes que un liderazgo político no divide sino suma propuestas, encamina y delega responsabilidades.

Por lo expuesto anteriormente, el liderazgo requiere una identidad nítida basada en valores y en ideas, aunado a un proyecto político. De tal forma, pienso que no debemos concebir la democracia como un objetivo exclusivo a los partidos políticos, porque la democracia real moderna no es tema exclusivo de la dinámica del sistema político de la democracia representativa. Ya que existen otras formas de desarrollar política e incluso de ideologización con la finalidad que los ciudadanos conquisten su participación directa en el ejercicio del poder.

En este contexto, las fuerzas políticas deben ser promotoras del bienestar en la entidad. De sobra sabemos el estado de cosas que guarda Tabasco y lo que falta por hacer. Los partidos políticos no pueden negarse la apertura a la vida democrática pese a la existencia natural de relaciones oligárquicas.

¿El sistema político mexicano está agotado? Estoy convencido de que es necesaria una reforma constitucional integral, donde se dé una reducción gradual de poderes metaconstitucionales del Ejecutivo federal y de los gobernadores, y la necesidad de implementar nuevas fórmulas de gobierno para la transición democrática que ha sido interrumpida en el país. No se trata de modificar todo, sino avanzar en una reforma del régimen político y no concentrar únicamente esfuerzos en la simple alternancia y mantener el mismo orden social.

No obstante, con todo lo imperfecto que es la democracia mexicana, sí ofrece canales civilizados para canalizar esas inconformidades políticas y sociales que pueda existir en el país, pero el Estado debe mandar señales claras y definitivas. Los partidos políticos deberán hacer compromisos políticos y programáticos, para que los electores sepan por quién votar, si es que aún desean ser el conducto para encauzar los conflictos sociales que llegasen a presentarse en nuestra sociedad.

Aunque bien sabemos, que somos seres condenados a la repetición y que, como expresó Sigmund Freud, hay que recordar para no repetir.

REFLEXIÓN

Así como los espectros regresan, las voces de clamor de las manifestaciones de los vencidos que buscan reparar las heridas y aún esperan un poco de consuelo ante el dolor que han arrastrado desde muchos años atrás, resonarán más fuerte que nunca.

De tal forma, como existen nuevos ricos no es deseable una realidad de más nuevos pobres en México. Se requiere de voluntad para reducir la desigualdad y por tanto, propiciar un entorno de justicia generalizada, para que todos tengan las mismas oportunidades.

Respecto a los partidos políticos y bajo las condiciones actuales la siguiente pregunta, ¿qué tipo de gobierno podrían construir? Necesitamos gobiernos con responsabilidad, sensibilidad política, histórica y social.

CULTURA DE LA LEGALIDAD

Es sumamente importante que la ciudadanía y especialmente los jóvenes se familiaricen con las normas y leyes vigentes en México. Por ello, resulta sumamente importante la instrumentación de programas encargados de la difusión de la cultura de la legalidad y los valores cívicos.

Esto con la finalidad de afianzar entre los ciudadanos el respeto a la ley, como un valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos para garantizar una sana convivencia social. Porque es necesario que los ciudadanos, llevemos a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley nos impone y, por otra parte, que el ejercicio de nuestros derechos se realice en apego a las disposiciones legales.

En este contexto, la cultura de la legalidad también impone a los gobernados el deber de exigir a las autoridades el cumplimiento puntual de la ley, ya que el Estado de Derecho de un país se sustenta, antes que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la legalidad en la sociedad.

Por esta razón, es importante impulsar programas de formación ciudadana en valores como la ética, civismo y la cultura de la legalidad, especialmente entre los jóvenes. Ya que esta última, debe ser un componente clave de la estrategia de formación ciudadana en el país, que debe consolidarse desde la educación básica.

Este tipo de programas deben establecer un encuadre general sobre el debate actual en el contexto de las sociedades democráticas y no únicamente esbozar un diálogo conceptual de derechos y obligaciones, sino una actividad teórico-práctica que permita impulsar el desarrollo de los valores ciudadanos en la escuela y en la familia.

La formación ética con orientación ciudadana es un aspecto clave en el desarrollo y sostenimiento de las democracias, y en ella, se pone en juego la autonomía y capacidades de los sujetos para ejercer su libertad y responsabilidad en términos sociales y políticos, conforme a la ley.

Por tal razón, deben impulsarse estas acciones entre niños y jóvenes, para que desarrollen los valores y las actitudes necesarias a edad temprana, para ejercer una ciudadanía competente y comprometida, que participe en el trabajo productivo en la sociedad.

Las acciones de los programas de cultura de la legalidad deben impartirse con una visión integral, con charlas con padres de familia, niños y jóvenes para incidir en el ambiente de la escuela y el núcleo familiar. De tal forma, estos programas deben  contemplar los ámbitos de la cultura escolar y la vida cotidiana de los alumnos en las escuelas y en sus comunidades. Debiendo tomar en cuenta el núcleo formativo al seno de la familia, orientado al apego a la legalidad y sentido de justicia, así como el respeto y valoración de la diversidad.

De igual modo, orientado al manejo y resolución de conflictos, lo que incide a favor del diálogo y la comprensión crítica en la formación de los individuos. Además, pugnar por una educación para la paz y los derechos humanos, así como la perspectiva de género.

Por lo expuesto anteriormente, resulta vital fomentar en los individuos el respeto a la ley, creando un núcleo formativo de apego a la legalidad y sentido de justicia, la tolerancia y el aprecio por los valores democráticos.

REFLEXIÓN

Importantísima tarea diaria de cultivar el profesionalismo, el aprendizaje y la honestidad. Hagamos de nuestro esfuerzo diario un propósito común, el edificar solidariamente un México moderno y justo.

Por ello, nunca olvidemos que los triunfos sólo pueden ennoblecer a quien los obtiene si son moralmente válidos, pues la historia nos va a juzgar por lo que dejemos de hacer; al final de cuentas nosotros escribimos nuestra propia historia en el papel blanco del destino.

LA LEY DE DERECHOS HUMANOS EN TABASCO

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 y por la cual  se otorgan mayores facultades en materia de protección de los derechos humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La trascendencia de esta reforma radica en que se reconoce el rango constitucional de los derechos humanos en la Carta Magna y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles. Ahora los derechos humanos en nuestra Constitución van más allá del simple reconocimiento de las garantías individuales, ya que prevé nuevas facultades a la CNDH y a los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas.

Por esta razón, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y el Estado mexicano deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

En este orden de ideas, se les faculta a los organismos públicos de derechos humanos a realizar las investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones graves a los derechos fundamentales, facultad antes reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que impide a cualquier dependencia negar información solicitada por la CNDH.

De acuerdo a este ajuste legal, se obliga en el artículo 102 constitucional, a los servidores públicos que rechacen una recomendación de los organismos oficiales de derechos humanos a fundar y motivar debidamente su negativa. Al mismo tiempo se faculta a los congresos locales y federal para citar a los funcionarios a petición de los organismos a efecto de que expliquen su negativa.

Si bien, no basta por sí sola una reforma de carácter constitucional para acabar con las violaciones a los derechos humanos en México, es un buen esfuerzo por el momento tan crítico en que vive el país y las señales existentes que apuntan hacia el establecimiento de un Estado policíaco.

Vale la pena hacer referencia, que la Constitución se convierte en un catálogo mínimo de derechos humanos que puede ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos fundamentales de los mexicanos.

¿Ahora qué sigue? En este sentido, se necesita trabajar en la implementación de la reforma a través de medidas complementarias, a través de la creación de leyes secundarias, la armonización con los tratados internacionales, la aprobación de presupuestos y el diseño de políticas públicas que respondan a la reforma constitucional.

Las modificaciones a la Constitución tienen enormes implicaciones para las leyes e instituciones en el país, porque una vez modificada, se requiere además generar nuevos procesos que progresivamente incluyan en planes, políticas, programas, presupuestos y estrategias gubernamentales, la perspectiva de derechos humanos y por tanto, una política social ligada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

De tal modo, para cumplir el mandato constitucional derivado de esta reforma, en Tabasco quedó integrada la mesa de trabajo interinstitucional para elaborar la iniciativa de Ley de Derechos Humanos y armonizar el orden jurídico del estado en este ámbito.

En este esfuerzo conjunto, la mesa de trabajo multidisciplinaria quedó integrada por representantes del Poder Ejecutivo: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE); Secretaría de Gobierno (SEGOB); Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y; Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Asimismo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Poder Legislativo.

En este orden de ideas, destaca el esfuerzo de la administración que encabeza el gobernador Andrés Granier Melo en la promoción de medidas legislativas y el diseño de políticas públicas, para continuar garantizando el cumplimiento de los derechos humanos en Tabasco. Asimismo, el liderazgo de la Consejería Jurídica al frente de esta encomienda del Poder Ejecutivo y su estrecha vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDEH), cuyos trabajos coordinados han rendido frutos como en la Ley para prevenir, combatir y sancionar la de Trata de Personas y la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las cuales fueron producto del consenso y la pluralidad, que integró un arduo trabajo interinstitucional con propuestas de la CEDH y de organizaciones no gubernamentales.

De ahora en adelante las autoridades judiciales y administrativas están obligadas a cambiar el principio de progresividad por el de pro persona, es decir, a interpretar la norma siempre de manera favorable para los ciudadanos. Indudablemente, el reto es generar una nueva cultura en materia de derechos humanos para los servidores públicos, en los tres órdenes de gobierno. 

ENCUESTAS ELECTORALES, ¿APOYO EN LA DECISIÓN O MANIPULACIÓN DEL ELECTORADO?

Las encuestas electorales son un método sistemático de preguntar a los electores considerados como una muestra representativa de todo el electorado, acerca de sus opiniones y actitudes sobre asuntos o tópicos particulares; constituyen una inferencia estadística de cómo está la situación electoral al momento de levantarse la encuesta; asimismo, las encuestas pueden revelar la intensidad y las razones de esas opiniones y actitudes. 

Las encuestas, cuando se publican ampliamente pueden convertirse en un factor activo en la formación de la opinión que tratan de captar, de   modo que las encuestas pueden  erigirse  en  el amo de la opinión pública, y si las encuestas  determinan la opinión pública, siempre existe la tentación de usarlas para influir en la misma con fines propagandísticos.  

Lógicamente,  las  encuestas  influyen  en  los  electores  que  carecen  de  una afiliación  e  identificación  de  partido,  pero  que  tienen  acceso  a  los  medios  en  los  cuales  se  difunden.  También  influyen  en  los  candidatos   y coordinadores   de   campaña   que   están especialmente al tanto de las mismas y quienes las consideran como un aspecto importante para el desarrollo de la propia campaña. 

Por eso los partidos y candidatos se traban en una guerra de encuestas para demostrar quién es el puntero en el favor del electorado, a pesar de que en la mayoría de los casos, no se puede concluir que está ganando porque ha aumentado en un mes dos puntos, cuando posiblemente ese mismo porcentaje representa el error estadístico de la encuesta.

Sin embargo, se hacen llegar a la prensa resultados parciales, descontextualizados o distorsionados de encuestas privadas con el objeto de tratar de manipular a la opinión pública a favor o en contra de un candidato. Se convierten así en un medio de propaganda electoral, producto de una industria sin estándares éticos. 

Además, se reprocha a las encuestas ser en ocasiones el principal instrumento de los partidos políticos para fabricar candidatos a  la medida de lo que la ciudadanía desea. Asimismo, las encuestas desalientan a quienes de otro modo, podrían llegar a ser excelentes candidatos cuando les asignan pocas oportunidades de ganar. De igual manera, se señala que fomentan el pragmatismo y oportunismo porque muchos políticos se dejan llevar por lo que la gente dice, más que por sus principios y la objetividad que requiere la solución de los problemas.  

También las encuestas constituyen una molestia para el público e invaden su privacidad. Por correo, por teléfono o personalmente, la gente es presionada para que conteste preguntas que caen dentro de su vida privada, que violan el secreto del voto. 

Sin embargo, también se argumenta que el deseo de un elector de conocer la conducta probable del electorado puede ser completamente racional, y gracias a las encuestas, puede conocer información razonablemente precisa acerca de cómo piensan los demás electores, de modo que tiene la oportunidad de entender lo que puede significar su voto antes de sufragar; que una elección no debe ser un juego de adivinanzas para los ciudadanos. 

En varios países han existido intentos de legislación para regular a las encuestas, aunque en muy pocos de ellos se han promulgado medidas más allá de prohibir su publicación cercana a la jornada electoral, como en México, Francia y España. Además de su posible reglamentación, se considera que a largo plazo, la solución a este problema será la paulatina profesionalización de los realizadores de encuestas y la educación del público para evaluarlas y criticarlas.

Si bien, las encuestas se han convertido en un  elemento importante para el posicionamiento de los candidatos ante el electorado, la ciudadanía no debe regirse por ellas para decidir a que partido o candidato habrá de otorgarle su voto, se debe considerar que existen otros elementos que reflejan la calidad del candidato y la forma en que se habrá de desenvolver en caso de que gane la elección, que es lo que en verdad debe interesar al electorado, soslayando si el candidato encabeza las encuestas o este se ha convertido en un producto o una imagen más de la mercadotecnia. 

DERECHOS HUMANOS, PUNTO DE QUIEBRE

En estricto sentido, en su concepción moderna los derechos humanos implican valores, actitudes, conductas y leyes particulares, cuyo propósito es proteger y promover el desarrollo de la integridad y la dignidad de todo ser humano para alcanzar su bienestar, el progreso social y una convivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones.

La protección de los derechos humanos en México ha sido resultado de una lucha constante. Hace cuatro décadas era limitado el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones, también el ejercicio de los derechos humanos era un tema ausente en la agenda pública, constituyéndose en aspiraciones y retos por alcanzar.

En rigor, fue hasta finales de la segunda mitad del siglo pasado, gracias a la voz y a las demandas de la sociedad mexicana por una auténtica democracia, en la que se garantizaran plenamente los derechos humanos, cuando hubo profundas transformaciones en la vida política de nuestro país.

Esto se tradujo en una nueva política en materia de derechos humanos, que tuvo su impacto en diversas reformas legislativas. Así, en 1990 se instituyó el Ombudsman en el ámbito federal mexicano, mediante la entonces llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, con la reforma a la ley suprema del 29 de enero de 1992, se agregó un apartado B al artículo 102, en el que la institución se elevó a rango constitucional y en su legislación secundaria se estableció que los procedimientos ante el organismo deberían ser breves, sencillos y bajo los principios de inmediatez, concentración y rapidez. Con esto se buscó evitar el burocratismo, eliminar formalismos y procurar la comunicación directa con las autoridades y el peticionario.

También se estableció que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, instauraran organismos similares de protección de los derechos humanos.

En México se vincula la protección de los derechos humanos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de que esta Declaración no tiene la naturaleza de un tratado o de una convención, por no ser legalmente obligatoria para los Estados miembros de Naciones Unidas. No obstante, ha adquirido aceptación universal y una gran fuerza moral, constituyéndose en la base jurídica y la fuente de un complejo sistema de protección internacional de los derechos humanos.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enuncian los derechos inherentes de todos los seres humanos en el mundo. Este instrumento hace constar los preceptos de igualdad a través de valores, conceptos y contenidos. A raíz de la proclamación de la Declaración, se han ido aprobando diversos instrumentos complementarios para la defensa y la promoción de los derechos humanos, como son: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Dichos documentos son obligatorios para México y, con base en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del derecho interno.

Sin embargo, México, como país, mantiene importantes dudas con respecto a sus políticas en relación a los derechos humanos, como constatan, las resoluciones condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de los grandes retos del Estado mexicano es la vigencia de los derechos humanos en los próximos años y dependerá en gran medida de las decisiones que se adopten en el presente. Nos hallamos en un escenario de alta exigencia ciudadana y los avances del propio movimiento de derechos humanos son elementos que no podemos desatender.

México cuenta con instituciones u organismos protegen los derechos humanos en México, que son los Organismos Públicos Autónomos de Protección de los Derechos Humanos. Asimismo, con legislaciones en las que se han incorporado derechos humanos de primera, segunda y, en algunos casos, de tercera generación. No obstante, se presenta un fenómeno que en materia de derecho se denomina inflación legislativa: si bien hay leyes que amparan todos, o casi todos los derechos humanos, no hay una representación social, conocida entre la gran mayoría de sus habitantes, que se ocupe de estos derechos y tampoco existe una justicia que pueda dar cuenta plenamente de la aplicación de las leyes.

El pasado 9 de junio de 2011 fue promulgado por el Ejecutivo Federal una reforma constitucional, por el que se reforman los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29 33, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.

Este esfuerzo representa el paso más importante en la materia en los últimos años, dado que de ahora en adelante las autoridades judiciales y administrativas están obligadas cambiar el principio de progresividad por el de pro persona, es decir, a interpretar la norma siempre de manera favorable para los ciudadanos.

Por ello, se proyecta necesario replantear los verdaderos alcances de la Constitución en el ámbito democrático, profundizar en los cambios del modelo de transición política y la consolidación de la democracia, porque la exigencia de justicia y legalidad abarca no solamente al concepto de justicia, pues éste se vincula con el de la protección de los derechos humanos.

Ahora la Constitución se convierte en un catálogo mínimo de derechos humanos que puede ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos de los habitantes de nuestro país.

No menos importante, es la educación acompañada por la enseñanza de los derechos humanos. Ya que sin este elemento, no se podrá construir el proceso de conciencia y exigencia de éstos al interior de la sociedad y tampoco se dará el respeto y el cumplimiento de las leyes por parte del Estado, cuyo papel debe ser garante por excelencia de los mismos.

En la reforma constitucional se adicionó el respeto a los derechos humanos, como elemento en la educación que imparta el Estado, prevista en el artículo 3 de la Carta Magna.

Asimismo, todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

Ineludiblemente, es tiempo inicie una etapa de discusión de instrumentos para hacer realidad el contenido constitucional. Debemos pensar qué es lo que sigue, con miras a la implementación de la reforma a través de medidas complementarias, con recursos específicos y un diálogo nacional sobre el cambio de paradigma hacia la preeminencia de los derechos y el fuerte compromiso de rodearlos de las más altas garantías y protecciones a través de tratados internacionales. Sigue ahora, la creación de leyes secundarias, la armonización con los tratados internacionales, la aprobación de presupuestos y el diseño de políticas públicas que respondan a la reforma.

En las tareas que se abren de aquí en adelante, tanto para la clase política como para la sociedad civil, la agenda es muy rica y nos toca ser creativos desde lo que la propia reforma está planteando. Hay tareas para la CNDH y una búsqueda también de homologar procedimientos y facultades de las comisiones estatales.

Se afirma que en México están garantizados los derechos humanos, en una reafirmación retórica con la restricción sistemática de estos derechos, en que la violencia social y política, realmente constituyen evidencia de una situación preocupante en materia de calidad de vida y derechos humanos, situación que lesiona las relaciones sociales e institucionales de los mexicanos y por ende, la democracia.

Al hablar de este tema, se debe focalizar la atención sobre el vínculo social y la inclusión de todos en la esfera de los derechos, es decir, sobre el concepto de ciudadanía como un derecho a la educación, al bienestar, a la seguridad y ciudadanía como una participación política y civil.

Es vital desarrollar una política de Estado en materia de derechos humanos y que la ciudadanía sea parte activa de ella. Por lo anterior, debe hacerse realidad esta reforma constitucional, estableciendo claramente la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, así como las bases y las directrices, tanto para las futuras reformas legislativas, como para el diseño y la aplicación de políticas públicas en este ámbito.

DEBEMOS CAMBIAR LA CONCEPCIÓN DE ENTENDER LA POLÍTICA

Ya no se puede gobernar sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía.

La politica hay que hacerla completamente limpia; que lo sea y que lo parezca.

Trabajemos por un México más justo, próspero y libre.

La unidad, la solidaridad, la honestidad y la tolerancia, deben ser valores que definan la actuación de los actores políticos.

Como generación de jóvenes, nuestra misión es reiventar la política y construir una ciudadanía fuerte y responsable.

¡YO PROPONGO! ¡TÚ PROPONES!