lunes, 29 de julio de 2013

LA REVUELTA DE LA EDUCACIÓN


Hablar del presente y del futuro de la educación en México es también hablar de la universidad pública, porque tiene, entre otros fines, el de contribuir a formar esos cuadros que concurren al fortalecimiento y desarrollo de la nación.

Desde el punto de vista educativo, la universidad tiene como fin, escolarmente hablando, la formación de profesionistas, investigadores y técnicos útiles a la sociedad; pero ¿los formamos efectivamente? ¿Lo ha hecho de una manera proporcionada a las necesidades del país en las cuatro categorías mencionadas? ¿Lo hace en un número adecuado a los recursos materiales y económicos de que está dotada y a los recursos humanos de que disponen tanto por lo que hace a los profesores como a los alumnos que llegan a tener acceso a sus aulas? ¿Sigue procedimientos idóneos para la formación de esas cuatro categorías de profesionales?

Cabe hacer todas esas preguntas si se quiere responder al fondo del problema que está determinando la creciente crisis educativa en el país, con la adecuación del mercado y de nuestras relaciones laborales a las nuevas condiciones sociales del concierto  mundial.

La apertura comercial, la entrada de inversión extranjera con nuevas reglas, la privatización de empresas paraestatales y el adelgazamiento de las finanzas públicas, ha traído consigo no sólo un debate político, además, la imposibilidad de la clase política para llevar adelante estos cambios estructurales y en algunos que se han dado, han sido incluso contraproducentes.

Por ejemplo, hablamos de reforma educativa, laboral o energética, no obstante, éstas no han atacado o atacan las viejas prácticas feudales que sólo sirven intereses e inclinaciones e pequeños sectores y no a realizar una política eficaz que la nación necesita. Por ejemplo, ahí tenemos el mismo sindicalismo que ha dejado como herencia un sistema educativo en crisis, o en su caso, los excesos de sindicatos en Petróleos Mexicanos o en la Comisión Federal de Electricidad.

Regresando al entorno educativo, ¿qué es lo que se debería reformar? En este sentido, estamos a punto de ser rebasados por no poder incorporarnos eficazmente en las nuevas tecnologías          , en los temas de la ciencia y las nuevas tecnologías. En gran medida, la dinámica burocrático-administrativa nos ha hecho perder la ruta, por lo que el modelo educativo requiere nuevas condiciones y asumir una reforma educativa integral.

La escuela no es sustituto de la familia y es algo que muchos mexicanos no comprenden y tal vez allí, radica en medida la grave crisis de valores existente. Aunado a ello, la dimensión de la problemática económica y social de la espiral de la delincuencia, la violencia y el desempleo en México. Lo cual, no ayuda ni aporta en la ruta del progreso del país.

La educación y mejores oportunidades de bienestar para todos, se constituyen en la mejor opción para prevención de la delincuencia y la violencia. Con 52 millones de pobres, México es en uno de los países con mayor desigualdad a nivel mundial, ya que un 46.2 por ciento de los mexicanos están por debajo de la línea de pobreza establecida en la medición oficial por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL).

La desigualdad tiene un carácter multidimensional, cuya expresión más flagrante es en el ámbito económico, que además se refleja en términos de territorios, etnicidad, género y por consiguiente, en una profunda estratificación del ejercicio de los derechos ciudadanos caracterizado por el rezago y la discriminación social. Ahí tenemos un caso reciente en ‘Manuelito’, el niño tzotzil humillado en Tabasco por un servidor público del Ayuntamiento de Centro.

Obligatoriamente debemos analizar este tipo casos que indudablemente abundan en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Entidades federativas que han demandado una atención más justa y equilibrada, ello ante el rezago económico y social que han vivido dichas zonas históricamente, lo cual obliga a la instrumentación de políticas públicas integrales y que permitan generar una mejor calidad de vida a la sociedad del sur-sureste del país.

En el caso de Tabasco, el asunto no es menor, pues con 566, 720 personas en condiciones de pobreza, representa esta cifra el 57.2 por ciento de los habitantes del estado. Para tener una idea más clara de lo que esto significa, la población en situación de pobreza es aquella que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y tiene al menos 2.5 en promedio de la clasificación de carencias sociales como pueden ser rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación.

La historia de la educación en México, está contrahecha por las vicisitudes del proceso histórico nacional y sometida por la desproporción de todo su funcionamiento.  Los problemas y las urgencias que necesitan solución en el país, pasan por los tópicos fundamentales de las aulas, de las universidades, de forma tal que todo cambio o transformación deberá efectuarse en forma estructural, y no sólo, en la estructura legal sino, necesariamente, en la mentalidad de los hombres que la hacen funcionar.

Sabemos, que en el contexto del desarrollo social y humano, se deben promover políticas públicas específicamente orientadas a elevar la calidad y cobertura de los servicios de educación pública; universalizar el acceso a la educación y la cultura; extender de manera importante los servicios asistenciales y de salud, especialmente a los estudiantes, madres solteras, jefas de familia y adultos mayores, con pleno respeto a los derechos humanos.

REFLEXIÓN

Las escuelas deben integrarse a la realidad nacional, ello implica su inserción a la lógica de los cambios estructurales en el mundo globalizado. México no sólo necesita una reforma educativa, sino una revuelta, una sacudida en todas sus estructuras educativas.

 

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miércoles, 24 de julio de 2013

EL DERECHO FISCAL EN MÉXICO, RETOS Y PERSPECTIVAS


Un argumento muy difundido es que en México es imprescindible un nuevo pacto fiscal basado en la transparencia y rendición de cuentas. Precisamente, el gobierno nacional se construye con las aportaciones de todos sus ciudadanos que sacrifican una parte de sus ingresos al pago de impuestos.

En México se ha conformado en los últimos años, una serie de normas y principios jurídicos que han venido definiendo la estructura del derecho constitucional tribu­tario. Asimismo, esfuerzos alineados en la lucha contra el lavado de dinero y el intercambio de información financiera, lo que ha derribado el mito del denominado secreto bancario.

 

Sin embargo, los temas de corrupción y lavado de capitales se encuentran en la palestra pública. Precisamente, el auge de los mercados financieros globales hace que el lavado de dinero sea más fácil que nunca y su objetivo es disfrazar el origen del dinero obtenido en actividades ilegales para hacerlo aparecer en fuentes directamente legales.

 

Según estimaciones, en México se lavan capitales entre 19 y 30 mil millones de dólares anualmente, de dinero proveniente de Estados Unidos. En ese sentido, la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados refirió en uno de sus estudios, que en 2012 se blanquearon en el país 10 mil millones de dólares, equivalente al 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Recientemente, el pasado 17 de junio en nuestro país entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, la cual, prohíbe operaciones en efectivo mayores a 40 mil dólares, lo que obliga a personas físicas y morales a reportar ante las autoridades cualquier operación financiera que rebase este monto, sin importar si es efectivo o no.

 

Vemos que cada día son más los embargos y aseguramientos de las cuentas bancarias de los contribuyentes. El ejercicio de esta facultad se hará más frecuente  y por ello, es necesario construir un protocolo o normatividad interna que dé lineamientos claros para su ejercicio.

 

La Constitución federal regula diversos derechos fundamentales de carácter general o específico referidos a la materia fiscal. De igual modo, las Constituciones políticas de las entidades federativas, en los últimos años, también han creado una serie de garantías distintas a las que contempla la Constitución federal que en forma general pueden ser aplicadas a la materia fiscal y otras que son especiales para esta disciplina jurídica, de manera que podría apuntarse la consolidación de un derecho constitucional tributario de las entidades federativas.

 

En las democracias, los Ombudsman son los observadores públicos de los actos y conductas de las autoridades. Salvaguardan y protegen los derechos humanos de los gobernados, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que es Ombudsman especializado en problemas y quejas de todos los que pagamos impuestos.

 

Este no es un proyecto nuevo, pues desde el año 2005 aparece en el Código Fiscal la obligación de contar con un defensor del contribuyente. Sin embargo, derivado de una controversia constitucional interpuesto en aquel entonces por la Procuraduría General de la República, sería hasta el 1 de septiembre de 2011 cuando la PRODECON iniciaría funciones.

 

Además, conviene recordar que la reforma constitucional de junio de 2011 fortalece también a la PRODECON como Ombudsman, sin embargo, mucho aún será el camino por recorrer para que la reforma constitucional sea una realidad para los que pagan impuestos en México.

 

Hoy en día las finanzas y lo financiero están de moda y el derecho tributario viene a formar parte de ellas y ha llegado para quedarse, pues serán más recurrentes las prácticas indebidas de las autoridades tributarias y la cero tolerancia ante la evasión fiscal. Por ello, organismos como la PRODECON cobrará mucha fuerza e influencia en temas fiscales y legislativos, ya que existen muchísimas personas que tienen problema con el fisco o son víctimas de abuso.

 

En esta situación quedan descritos aquellos problemas sistémicos que derivan de la estructura misma del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de los derechos de los contribuyentes, ya sea de una generalidad o de un grupo o categoría de los mismos. Por ejemplo, el congelamiento de las cuentas bancarias de un contribuyente sin notificación, es decir, los embargos precautorios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a cuentas de contribuyentes morosos, a pesar de su inconstitucionalidad.

 

Recientemente y por tercer año consecutivo, el SAT está invitando a regularizarse en el Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2011 a contribuyentes. Asimismo, a los no inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que recibieron depósitos bancarios los declaren, mediante el envío de cartas que proponen el pago de este gravamen a través de parcialidades, derivado de la información que las instituciones financieras proporcionan al SAT.

 

 

Reflexión

 

Conviene desde ahora a todos aquellos interesados o que tengan dudas con el pago de sus impuestos, para que acudan a las oficinas de la Delegación de la PRODECON en Tabasco, que se encuentran ubicadas en la calle Vicente Guerrero 304, Colonia Centro o se comuniquen al teléfono (993) 1 31 32 49 o sin costo al 01 800 611 01 90. Además del vecino estado de Chiapas pueden también acercarse, ya que esta representación tiene carácter regional para aquella entidad federativa.

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POLÍTICA FISCAL, CLAVE PARA DINAMIZAR EL CRECIMIENTO


Aunque nadie quiere problemas con el fisco, en nuestro sistema tributario siempre se van poniendo más requisitos que son necesarios cumplir para no tener problemas con la autoridad. Sin embargo, el tema de los impuestos es sensible y muchos buscan la manera de  reducir sus obligaciones a través de la deducción de gastos y otros mediante la elusión de impuestos.

Sabemos que la evasión fiscal ha estrechado la base tributaria del país de manera significativa. Por ello, México presenta tres grandes desafíos urgentes de atender en materia fiscal como son: 1) el crecimiento en pensiones y deudas contingentes es insostenible; 2) los amplios niveles de informalidad en la economía por el alto costo de la formalidad y; 3) el desequilibrio entre la responsabilidad de recaudación y la disposición de recursos para el gasto.

¿Qué representan los retos anteriores? Como consecuencia nuestro país necesita recaudar más y mejor, ya que su estructura tributaria se caracteriza por una baja recaudación, pues sólo en 2010 los ingresos fiscales representaron 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que fue de 33.8 por ciento.

Se necesita recaudar más y mejor para fortalecer la participación del Estado en el financiamiento nacional mediante el ejercicio del gasto público, y para ello hay que plantearse la pertinencia de modificar el sistema tributario actual. Precisamente, el gobierno ve limitada su capacidad de acción debido a un nivel bajo de recaudación tributaria que le hace imposible invertir en infraestructura y para financiar programas sociales.

El índice de cumplimiento obligatorio en materia tributaria es bastante bajo en México. Asociado a la evasión y elusión fiscal, tenemos una administración tributaria débil con una baja capacidad de recaudación, en particular en los estados y municipios.

Por citar un ejemplo, en el caso de Tabasco es uno de los estados con menor autonomía fiscal. Del total de sus ingresos sólo el tres por ciento proviene de fuentes propias, situación que lo hace dependiente por completo de las transferencias de la Federación. Por ello, resulta importante reformar el sistema de financiamiento de los estados y el federalismo fiscal.

Además, el régimen fiscal es complejo y presenta distorsiones asociadas a los tratamientos especiales, exenciones y deducciones, lo que crea un círculo vicioso que limita el desarrollo nacional y la competitividad.

El tema de reducir el grado de incumplimiento fiscal del sistema tributario va asociado con el de la construcción de un gobierno moderno, ágil y transparente con finanzas públicas sanas, porque también implica generar confianza social mediante mecanismos puntuales de rendición de cuentas y acceso a la información pública. ¿Acaso no siempre nos preguntamos sobre el destino de los impuestos que pagamos?

Además, se encuentra el tema de la socialización en materia tributaria, pues es indispensable promover entre los ciudadanos la cultura de la contribución, que permita disponer de mayores recursos económicos para atender la demanda social. Pero de igual modo, instrumentar políticas modernas de recaudación, simplificadas y eficientes, que incrementen el esfuerzo fiscal y mejoren el servicio a los contribuyentes.

Es preciso el fortalecimiento de las finanzas públicas mediante esquemas de recaudación efectivos y sobre todo, alcanzar un ejercicio eficiente del gasto público que otorgue mejores beneficios a la sociedad y en especial, impulsar políticas transparentes para ejercer de manera racional el gasto público.

Necesariamente, la política tributaria debe coadyuvar a disminuir la desigualdad que sufre el país, pues México necesita cerrar la brecha en la distribución de ingreso e incrementar su clase media. Por ejemplo, las tasas de desigualdad y pobreza en el país, se encuentran entre las más altas de los países miembros de la OCDE.

La reforma hacendaria que están cocinando los partidos políticos tiene entre sus fundamentos aumentar la capacidad recaudatoria, previendo establecer nuevos impuestos e incrementar los ya existentes para lograr una mayor recaudación fiscal. En este sentido, la OCDE ha propuesto aplicar más impuestos en México.

No obstante, en un buen sistema impositivo, una gran proporción de los ingresos tributarios totales proviene de pocos impuestos, con tasas impositivas reducidas y uniformes.

En nuestro país existen diferentes tipos de impuestos, los federales, estatales y locales. Los más importantes en México son: el Impuesto Sobre la Renta  (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), considerados así ya que son los que generaran una mayor cantidad de ingreso. Paradójicamente, las personas físicas son las que pagan más ISR. A pesar de que la tasa del impuesto es del 30 por ciento, las empresas tienen mayores deducciones, además de gozar de estímulos y facilidades de pago por parte de la autoridad recaudadora.

Esta situación resulta similar con el IVA, cuya tasa general es del 16 por ciento, pero únicamente las empresas tienen exenciones del mismo, ya que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se los devuelve. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2013, Hacienda regresó más de  53 mil millones de pesos por este concepto a grandes contribuyentes.

REFLEXIÓN

Otro de los problemas importantes, es la baja capacidad para generar ingresos tributarios que por décadas han sido compensados con los ingresos petroleros que representan un tercio del total de los ingresos federales. En el caso de PEMEX, la paraestatal aporta al erario casi el doble de lo recaudado por el ISR, cuya mayor proporción proviene de los gravámenes al salario, por lo que inducir su asociación con capitales privados nacionales y extranjeros implicaría, simultáneamente, desgravar a esa empresa y elevar los impuestos.

Por otra parte, el respeto de los derechos humanos y garantías de los contribuyentes corresponde a las autoridades fiscales. No obstante, comúnmente son pasados por alto y vulnerados ampliamente por los servidores públicos fiscales.

Ahora en Tabasco, existe una ventana a favor del ciudadano para que pueda resolver sus dudas e incluso para lograr la protección de sus derechos humanos como contribuyente, como lo es la delegación estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON, según sus siglas.

 

 

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SISTEMA TRIBUTARIO Y DERECHOS HUMANOS; RETOS Y PERSPECTIVAS


No podemos seguir rezagados mientras en otras partes del mundo el progreso y desarrollo son constantes y permanentes. Es necesario en México emprender acciones tangibles para detonar el desarrollo de la economía a partir de agilizar y facilitar nuevas inversiones, y de igual forma, es urgente una reforma fiscal que simplifique el sistema tributario en el país.

Por ejemplo, según datos del Banco Mundial los mexicanos que pagan impuestos tardamos en promedio trescientas treinta y siete horas al año para elaborar todas nuestras declaraciones, mientras que los países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sólo invierten ciento setenta y seis horas, poco más de la mitad del que en nuestro país se requiere. Este dato nos genera una referencia importante, pues es necesario promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes e imperiosamente, se requiere construir un sistema fiscal robusto que ayude a mejorar el desempeño tributario del país y reducir todas las disparidades en materia recaudatoria.

Sabemos perfectamente que México debe reducir su dependencia de los ingresos petroleros; mejorar su tasa de crecimiento; mejorar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia y eficacia del gasto público; y mejorar la rendición de cuentas del gasto a nivel subnacional.

Por otra parte, tenemos una falsa concepción que la tributación fiscal es ajena a los derechos humanos. El tema de los derechos humanos recientemente incorporado a nuestra Constitución implica para las autoridades fiscales una revisión de la forma en que actúan tradicionalmente. 

El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la que destaca la obligación de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan  y garanticen los derechos humanos, lo que incluye necesariamente a las fiscales. Igualmente destaca de esta reforma constitucional, el principio pro persona que significa que  las autoridades deberán velar en su actuar por el mayor beneficio a las personas en todo momento.

Antes de la reforma el Poder Judicial asumía la responsabilidad de vigilar que los actos emitidos por la autoridad respetaran estos derechos, función que sigue ejerciendo, sin embargo conforme a esta reforma un funcionario o servidor público está obligado en principio a conocer y respetar los derechos humanos protegidos tanto en nuestra legislación como en los tratados internacionales.

Con estas modificaciones, los jueces locales o federales del Poder Judicial o tribunales administrativos deberán verificar que las leyes se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que se denomina control de constitucionalidad y de convencionalidad, respectivamente.

Debemos recordar que entre los derechos humanos se encuentra el principio de legalidad que implica fundar y motivar correctamente los actos de autoridad, así como el oír al contribuyente con todas sus garantías para la determinación de los derechos y obligaciones correspondientes en el orden fiscal que contempla el Pacto de San José.

Además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contempla el derecho al mínimo vital que implica tener una cantidad libre de impuestos para subsistir, lo que puede poner en duda la aplicación de ciertas multas.

PRODECON

En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) es un nuevo organismo descentralizado y autónomo del Estado mexicano, cuya función es preservar, defender y promover los derechos de los contribuyentes, garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal.

La PRODECON es el primer Ombudsman fiscal mexicano, cuya tarea principal es la revisión y mejora permanente de las acciones y prácticas de las autoridades fiscales federales. Esta Procuraduría inició funciones el primero de septiembre de 2011 y el pasado 11 de junio fue inaugurada la delegación estatal en Tabasco, cuyo titular es el doctor en Derecho, Lucio Heriberto Sosa Cerda.

La PRODECON es un asesor y defensor de los derechos de los contribuyentes, cuyos servicios son gratuitos. Por lo que la delegación estatal de la PRODECON en Tabasco, tiene una finalidad muy concreta y con objetivo social: prestar asesoramiento tributario gratuito a los ciudadanos, a quienes reciben y atienden en sus instalaciones ubicadas en la calle Vicente Guerrero #304, en el centro de la ciudad de Villahermosa, donde antes se ubicaba las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Indudablemente, uno de los objetivos de la PRODECON es constituirse como el órgano que reivindique, defienda, interprete y promueva los derechos fundamentales de los contribuyentes del país, en el marco de una nueva relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, basada en el acuerdo e interlocución y una relación tributaria equitativa.

REFLEXIÓN

El reto que tienen las autoridades fiscales no es minúsculo, ya que deben poner especial atención a la observancia de los derechos humanos, por lo que la capacitación en esta materia debe ser una de sus prioridades.

 

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lunes, 1 de julio de 2013

HABEMUS PLED


En días pasados, el gobernador Arturo Núñez Jiménez presentó el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, mediante el cual, se trazan los proyectos y acciones que conforman el programa de gobierno durante los próximos seis años.

Numerosos son los problemas y necesidades, como la inseguridad y el desarrollo económico. Muchos de los problemas que agobian a los tabasqueños se pueden resolver con la participación de la Federación y Gobierno del Estado, pero sobre todo, con la participación ciudadana, pues sólo se puede aspirar a un  gobierno de resultados con un permanente contacto con la sociedad.

No podemos seguir rezagados mientras en otras partes del país el progreso y desarrollo son constantes y permanentes. Es necesario emprender acciones y programas en favor de las mujeres, de los niños y niñas, de los adultos mayores, detonar el desarrollo de la economía a partir de agilizar y facilitar nuevas inversiones.

En Tabasco hay hambre, desigualdad, pobreza. Cuántos no nos hemos encontrado en las colonias Miguel Hidalgo, Carlos A. Madrazo, Francisco Villa y Los Pinos, en comunidades de Balancán, Centla, Huimanguillo, Tenosique y Jonuta, en donde la gente dice que con dificultad logra hacer una o dos comidas al día; esto es grave.

Por ejemplo, tenemos problemas de deserción escolar, porque no hay la capacidad de pagar ni el uniforme ni los útiles escolares y eso es lamentable.

Por estas razones, es imperativo impulsar un modelo de desarrollo económico comercial y mejora regulatoria para la ciudad de Villahermosa y para el estado de Tabasco, que garantice que todos los que quieren realizar un pequeño negocio, un pequeño establecimiento o una pequeña empresa lo logren y para ello es importante la creación de un Fondo Estatal de Apoyo a Emprendedores, porque actualmente no tenemos capacidad de traer inversión productiva suficiente en el corto plazo y existe poca o nula industria.

También es importante una reforma estructural para el campo tabasqueño, flexibilizar el acceso al crédito en el medio rural así como modificar las reglas de operación de instituciones crediticias. Necesitamos ver el apoyo al campo, el detonar la agroindustria, darle valor agregado a los productos, comercializarlos mejor, y lo más importante es que tengamos un desarrollo económico que tenga en el centro la atención humana de los tabasqueños.

Pero para ello, los representantes populares en el Senado, Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados local, deberán llevar la voz a sus recintos legislativos de miles y miles de tabasqueños que están desempleados.

Sin embargo, los Congresos han perdido mucho su credibilidad, al igual que la clase política, a la cual, falta relegitimarse con acciones, con proyectos y con trabajo cotidiano cerca de la gente.

El gran problema del país y de Tabasco es que la tasa de desempleo es superior al 5 por ciento de las personas económicamente activas. Según cifras del el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con su encuesta nacional de empleo y ocupación, con cifras correspondientes al mes de mayo, muestra que el 6.63 por ciento de la población económicamente activa en la entidad está desempleada, lo que equivale a 61 mil 328 adultos esperando ser contratados.

De tal forma, también es necesario revisar si el Fideicomiso para el Desarrollo Empresarial de Tabasco (FIDET) ha sido un Fondo que ayude a los tabasqueños o ha ayudado sólo a los amigos de los gobernantes en turno o de los secretarios del gabinete. Necesitamos que los recursos también del Impuesto sobre Nómina, puedan transparentarse y utilizarse para otro tipo de apoyos para los pequeños y medianos empresarios.

También la inseguridad es un tema que nos ha dejado una experiencia muy marcada, hemos observado cómo la ciudadanía ya es diferente, tiene miedo a salir a hacer uso de los espacios públicos, las canchas, los parques, la poca iluminación en nuestras calles y la poca confianza en los cuerpos de seguridad pública, han hecho que Tabasco no tenga espacios públicos como los teníamos antes. Para muestra, ahí están los plagios, extorsionadores y ladrones a casa habitación.

Se necesita garantizar que en Tabasco haya seguridad, tranquilidad y paz social, sobre todo seguridad pública. El tema de la inseguridad no se va a combatir con más policías, con Ejército, con bases militares, pues hay que apostarle a la prevención del delito, teniendo más escuelas, mejores universidades y empleo para los jóvenes.

En Tabasco, debo decirlo con preocupación, 25 mil jóvenes no estudian y no trabajan, y no estudian y no trabajan porque no hay condiciones de hacerlo, entonces necesitamos a ellos brindarles la oportunidad de que monten su negocio, de que generen su propia empresa y que puedan incluso competir, porque hay gente muy capacitada, egresados de las universidades locales y que tienen mucho tiempo esforzándose por un trabajo, pero que no se les da la oportunidad.

Por si fuera poco, hemos perdido grandes cantidades de dinero, en ocasiones se regresa por subejercicios, porque no se tienen los proyectos o no se tiene el personal capacitado, o no hay los funcionarios que tengan el debido cuidado para aplicar los recursos como está establecido en la ley y en las reglas de operación.

REFLEXIÓN

Sólo con disposición y tiempo al servicio de los ciudadanos, los políticos podrán hacer representar a los tabasqueños y honrar el compromiso que hicieron en campaña.

Sabemos que necesitamos destacar más lo bueno de Tabasco  y que deje de ser noticia la nota de escándalo y corrupción por lo que se conozca a la entidad.

Corresponderá a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, la evaluación del desempeño de los tres niveles de gobierno; la lupa está en sus manos.

 

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