Un
argumento muy difundido es que en México es imprescindible un nuevo pacto
fiscal basado en la transparencia y rendición de cuentas. Precisamente, el gobierno
nacional se construye con las aportaciones de todos sus ciudadanos que
sacrifican una parte de sus ingresos al pago de impuestos.
En México se ha
conformado en los últimos años, una serie de normas y principios jurídicos que
han venido definiendo la estructura del derecho constitucional tributario.
Asimismo, esfuerzos alineados en la lucha contra el lavado de dinero y el intercambio
de información financiera, lo que ha derribado el mito del denominado secreto
bancario.
Sin embargo, los
temas de corrupción y lavado de capitales se encuentran en la palestra pública.
Precisamente, el auge de los mercados financieros globales hace que el lavado
de dinero sea más fácil que nunca y su objetivo es disfrazar el origen del
dinero obtenido en actividades ilegales para hacerlo aparecer en fuentes
directamente legales.
Según estimaciones, en México
se lavan capitales entre 19 y 30 mil millones de dólares anualmente, de dinero
proveniente de Estados Unidos. En ese sentido, la Dirección de Servicios de
Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados refirió en uno de sus
estudios, que en 2012 se blanquearon en el país 10 mil millones de dólares,
equivalente al 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Recientemente, el pasado 17 de
junio en nuestro país entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, la cual, prohíbe operaciones
en efectivo mayores a 40 mil dólares, lo que obliga a personas físicas y
morales a reportar ante las autoridades cualquier operación financiera que
rebase este monto, sin importar si es efectivo o no.
Vemos que cada día son más los
embargos y aseguramientos de las cuentas bancarias de los contribuyentes. El
ejercicio de esta facultad se hará más frecuente y por ello, es necesario construir un
protocolo o normatividad interna que dé lineamientos claros para su ejercicio.
La Constitución federal regula
diversos derechos fundamentales de carácter general o específico referidos a la
materia fiscal. De igual modo, las Constituciones políticas de las entidades
federativas, en los últimos años, también han creado una serie de garantías
distintas a las que contempla la Constitución federal que en forma general
pueden ser aplicadas a la materia fiscal y otras que son especiales para esta disciplina
jurídica, de manera que podría apuntarse la consolidación de un derecho
constitucional tributario de las entidades federativas.
En las democracias, los Ombudsman son los observadores públicos
de los actos y conductas de las autoridades. Salvaguardan y protegen los
derechos humanos de los gobernados, como lo es la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y ahora la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que
es Ombudsman especializado en
problemas y quejas de todos los que pagamos impuestos.
Este no es un proyecto nuevo,
pues desde el año 2005 aparece en el Código Fiscal la obligación de contar con
un defensor del contribuyente. Sin embargo, derivado de una controversia
constitucional interpuesto en aquel entonces por la Procuraduría General de la
República, sería hasta el 1 de septiembre de 2011 cuando la PRODECON iniciaría
funciones.
Además, conviene recordar que
la reforma constitucional de junio de 2011 fortalece también a la PRODECON como
Ombudsman, sin embargo, mucho aún
será el camino por recorrer para que la reforma constitucional sea una realidad
para los que pagan impuestos en México.
Hoy en día las finanzas y lo
financiero están de moda y el derecho tributario viene a formar parte de ellas
y ha llegado para quedarse, pues serán más recurrentes las prácticas indebidas
de las autoridades tributarias y la cero tolerancia ante la evasión fiscal. Por
ello, organismos como la PRODECON cobrará mucha fuerza e influencia en temas
fiscales y legislativos, ya que existen muchísimas personas que tienen problema
con el fisco o son víctimas de abuso.
En esta situación quedan
descritos aquellos problemas sistémicos que derivan de la estructura misma del
sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias,
afectaciones o vulneración de los derechos de los contribuyentes, ya sea de una
generalidad o de un grupo o categoría de los mismos. Por ejemplo, el
congelamiento de las cuentas bancarias de un contribuyente sin notificación, es
decir, los embargos precautorios del Sistema de Administración Tributaria (SAT)
a cuentas de contribuyentes morosos, a pesar de su inconstitucionalidad.
Recientemente y por tercer año
consecutivo, el SAT está invitando a regularizarse en el Impuesto sobre la
Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2011 a contribuyentes. Asimismo, a los no
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que recibieron
depósitos bancarios los declaren, mediante el envío de cartas que proponen el
pago de este gravamen a través de parcialidades, derivado de la información que
las instituciones financieras proporcionan al SAT.
Reflexión
Conviene desde ahora a todos
aquellos interesados o que tengan dudas con el pago de sus impuestos, para que
acudan a las oficinas de la Delegación de la PRODECON en Tabasco, que se
encuentran ubicadas en la calle Vicente Guerrero 304, Colonia Centro o se
comuniquen al teléfono (993) 1 31 32 49 o sin costo al 01 800 611 01 90. Además
del vecino estado de Chiapas pueden también acercarse, ya que esta
representación tiene carácter regional para aquella entidad federativa.
E-mail:
guillermoars@gmail.com
Twitter:
@pumamemo
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