LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES EN TABASCO

Tabasco se encuentra al día de hoy en una etapa avanzada en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y el próximo 28 de septiembre arrancan en el municipio de Macuspana los juicios orales.

 

Este proceso inició a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, mediante la cual, se previó la instrumentación del sistema de justicia adversarial[1] en México. Dando para ello, un plazo de hasta ocho años para que los entidades federativas incorporen plenamente en su legislación local, los principios contenidos en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo tercero transitorio de la citada reforma.

 

Al iniciar los juicios orales en el estado, de conformidad al Código Procesal Penal Acusatorio -aprobado y publicado el 29 de agosto de este año-, Tabasco se incorporaría en una etapa de operación parcial del nuevo sistema de justicia adversarial, en este proceso de reforma que involucra a las treinta y dos entidades federativas; de acuerdo a los parámetros establecidos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

 

Lograr la transformación del sistema de justicia penal en Tabasco ha sido uno de los objetivos del gobierno estatal, y cumplir las expectativas que permitan alcanzar una justicia pronta y expedita, eficaz, más garantista, transparente e imparcial.

 

No obstante, el tema no es menor. Los errores o deficiencias que se cometan en esta fase de implementación pueden generar no sólo que la reforma fracase, sino que al hacerlo agrave los problemas de justicia que se pretenden solucionar con su instauración.

 

 

El problema es que durante este proceso de transición del sistema de justicia escrita a uno adversarial, puede darse una mala aplicación de los juicios orales y con ello, generar mayores problemas en la procuración e impartición de justicia.

 

La experiencia de su implementación en el país ha sido compleja y en muchos casos, la ejecución de la reforma se encuentra inacabada. Por ello, es saludable y necesario se instrumente una cuidadosa planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación del nuevo sistema procesal penal.

 

Efectivamente, en el cambio en la justicia estatal se habla de la necesidad de aumentar los presupuestos de las instituciones que integran el sistema de impartición, pero los recursos que se destinen deben ser eficazmente empleados y con transparencia, para atender las necesidades concretas que se pueden generar con motivo de la implementación. Por ejemplo, la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia, la infraestructura física y las plataformas tecnológicas.

 

Hago hincapié en las actividades de capacitación, porque no sólo involucran al personal al servicio del Estado como ministerios públicos, jueces, defensores, peritos y policías, sino también debe considerarse a los abogados y a la ciudadanía en general en su carácter de potenciales usuarios del sistema.

 

 

En este sentido, el gobierno de Tabasco impulsa un amplio programa de capacitación dirigido a los operadores jurídicos involucrados en esta reforma. Es de referir la importancia de la capacitación a la comunidad jurídica para que conozcan los alcances del nuevo sistema procesal penal y estén capacitados sobre el funcionamiento del nuevo modelo de justicia adversarial.

 

Entre otros, en el tema de los ministerios públicos y policías, la capacitación debe ser especialmente marcada con el objeto de permitir elevar la calidad de las investigaciones. Porque el sistema procesal penal acusatorio, exige modificaciones radicales en las prácticas, ritualidades, lógicas y destrezas de los operadores, e implica una adaptación de la cultura jurídica y de los comportamientos de los actores, en especial de jueces y abogados. Además, de una visión integral del proceso y coordinación interinstitucional entre los auxiliares de la procuración y administración de justicia.

 

Respecto a la gradualidad en su implementación –de acuerdo al artículo segundo transitorio del Código Procesal Penal Acusatorio-, la incorporación del nuevo sistema adversarial en Tabasco será gradual y por regiones; en consecuencia, la vigencia y aplicación será de la forma siguiente: Región 1, Macuspana (28 de septiembre del 2012); Región 2, Cunduacán (9 de diciembre de 2013); Región 3, Jalapa, Tacotalpa y Teapa (11 de agosto de 2014); Región 4, Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta (8 de diciembre de 2014); Región 5, Paraíso y Centla (24 de agosto de 2015); Región 6, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Comalcalco (24 de agosto de 2015); Región 7, Huimanguillo y Cárdenas (7 de diciembre de 2015); Región 8, Centro (7 de marzo del 2016). 

 

 

Tabasco está cumpliendo y el gobierno de Andrés Granier Melo ha dejado las bases y plataformas legales para quien habrá de seguir en esta tarea en el próximo sexenio, al frente con Arturo Núñez Jiménez. De tal forma, no se deberá desacelerar el paso en la modernización del marco jurídico y en la instrumentación de acciones concretas para consolidar un genuino Estado de Derecho, un gobierno respetuoso de la ley y normas para dar seguridad y justicia al pueblo tabasqueño.

REFLEXIÓN

En el perfeccionamiento de la legislación local, habrá que prestar atención en el terreno procesal penal, ya que existen algunas contradicciones torales en el Código Procesal Penal Acusatorio del Estado de Tabasco, tanto de forma y fondo, que atentan justamente a principios constitucionales que prevé el nuevo sistema acusatorio y repiten los vicios del sistema tradicional de justicia.

 

Por ejemplo, deberá prestarse atención a temas como la corrección de la calificación jurídica y de errores, así como la congruencia entre el auto de apertura y sentencia condenatoria, ya que en las condiciones que prevé actualmente el Código Procesal Penal Acusatorio, se advierten al menos dos situaciones importantes en relación a la reclasificación y al cambio de acusación del Ministerio Público en sus conclusiones. Lo que a la luz de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, constituye un retroceso en materia de seguridad jurídica relacionada a las exigencias para sujetar a una persona a proceso penal.

 

El éxito de la reforma también radica en la instauración de una nueva cultura jurídica, que mucho tiene que ver con la socialización de la reforma. Por una parte, los abogados deberán cambiar el ‘chip’ y por tanto, su lógica de actuación profesional, ya que para muchos de ellos, ejercer la abogacía consiste en llenar formatos, enviar copias de machotes y hacer esperar años a sus clientes para decirles que su asunto va por buen camino.

 

Tiene que existir un cambio en la forma de pensar del abogado y del funcionario público -a nivel de procuración y administración de justicia-, porque el sistema ya no permitirá muchos de los malos hábitos a los que estamos acostumbrados. 

 

Ante los nuevos planteamientos de la reforma y el reto de implementarla a nivel local, para lograr eficacia por los órganos implementadores en el cumplimiento de sus funciones, será imprescindible el seguimiento a los principios ya contenidos en la Constitución. Recordemos que una democracia exige un sistema judicial de calidad, respetuoso y eficaz.

 

Twitter: @pumamemo

[1] Sistema de adjudicación de hechos que descansa en la investigación y argumentación que dos partes adversarias desarrollen en su alegato, posicionándose el adjudicador como un ente neutral y generalmente pasivo que decide a base de la evaluación de la prueba presentada por los adversarios.

JUSTICIA Y DEMOCRACIA INACABADAS

¡Qué lejos estamos en México de cumplir con los fines que persigue el Derecho! Mantener la convivencia pacífica entre los hombres, alcanzar la justicia y el bienestar general, se encuentran distantes.


En el país conviven expresiones de violencia como el secuestro, el narcotráfico, el crimen organizado, la alta tasa de homicidios, el tráfico de armas y de personas.

 

 

A pesar de los importantes logros democráticos, persiste en nuestro país un déficit significativo. Se observa la frustración ciudadana ante la desigualdad de riqueza y poder, con escasa participación popular en los asuntos públicos, corrupción pública y privada, además de la creciente inseguridad ciudadana.


En México existe una deficiente capacidad técnica del Estado mexicano para recaudar y para gastar eficientemente los recursos públicos. Por ello, se requiere reformar la estructura tributaria y mejorar su competencia técnica en materia de recaudación y uso eficiente de los recursos.


México debe dar respuesta efectiva a la inseguridad ciudadana, situación que se está volviendo particularmente preocupante. Y precisamente, no vamos a resolver este problema por medio de la mano dura, ni tampoco encontraremos respuestas en un abstracto y vacío deseo de impulsar una cultura de la legalidad con los valores.


Lo que requiere México es el ejercicio democrático, transparente y honesto del poder público, con una mejor democracia. La solución es difícil, porque implica una transformación verdadera en la forma en que se ejerce el poder mismo y en la mentalidad ciudadana.

 

Si bien, hoy contamos con instituciones e instrumentos legales que nos permiten la celebración de elecciones más o menos equitativas y justas, no hemos construido un Estado eficaz y democrático. La alternancia en el poder a nivel federal, a nivel municipal y en los estados, no se ha orientado hacia el fortalecimiento de instituciones que impongan el Estado de Derecho. En nuestra cultura política –pese al gran espíritu democrático del pueblo mexicano-, aún son muy arraigadas las costumbres de la simulación y la impunidad.


No encontraremos soluciones concretas, mientras el progreso, sólo sea en un cerrado círculo y los grupos privilegiados se beneficien funcionalizando la pobreza al máximo; unos por la vía legal y otros de forma ilegal.

 

Los gobiernos no poseen la confianza ni el respeto de la ciudadanía. Por ello, enfrentamos el desafío de democratización de las instituciones del país, con mayores mecanismos representativos. En caso contrario, ningún gobierno del partido que provenga podrá atender a los problemas y las necesidades más fundamentales de la sociedad.


En este orden de ideas, la ciudadanía debe participar e imponer un sistema más democrático, transparente y que rinda cuentas. Pero para ello, no debemos dejar de sorprendernos del quebranto a la ley, ni justificar las conductas ilegales, ni tolerar las discriminaciones, ni apoyar las conductas abiertamente delictivas, ni incumplir nuestros deberes cívicos.


Debemos cambiar nuestra mentalidad y construir una ciudadanía que como mexicanos aportemos para un mejor escenario nacional, el respeto a la ley y de tal forma, podamos exigir el escrupuloso cumplimiento de nuestros derechos fundamentales a la autoridad.


Por estas consideraciones, nadie podrá negar que estamos en un momento crucial de la historia política mexicana. En estas fechas patrias, reflexionar sobre la situación del país nos lleva al estado de ánimo de indignación.


Por una parte, nos encontramos, con gobiernos que en su momento pudieron haber cogido el toro por los cuernos y no solo no lo hicieron, sino que ahora asaetean con medidas cada vez más empobrecedoras de una ciudadanía, ya destrozada por el desánimo.


Parafraseando a José Saramago en este mundo de la injusticia globalizada, la Justicia sigue muriendo todos los días. Sin embargo, no importan los tropiezos, tengo fe en que los mexicanos habremos de dejar viejos paradigmas y cambiarlos por una actitud protagonista, constructiva y positiva.


Somos los ciudadanos organizados, quienes tenemos la responsabilidad de tomar la batuta del destino de México y dar un palmo de narices a quienes aún pretenden sacar tajada.


Pese a que el despertar aún es tibio y frágil el comienzo, tenemos la oportunidad de repensar de un modo diferente un futuro común, cuando comprendamos que la acción democrática no comienza y acaba solamente el día de la jornada electoral.

 

 

 

EL NOTARIADO EN TABASCO

El ejercicio de la función del Notariado en Tabasco, como en otras partes de la República, es de orden público y está a cargo del Ejecutivo estatal, único facultado para delegar esta importante atribución a los particulares a través de una patente o autorización.

 

Este tema ha dividido opinión entre notarios y ciudadanos. Pero primero, ¿quién es un notario? De acuerdo con el artículo 8 de la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco, éste es “un profesional del Derecho, investido de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados quieran o deban dar autenticidad conforme a las leyes y autorizado para intervenir en la formación de tales actos o hechos jurídicos, revistiéndolos de solemnidad y formas legales.”

 

 

En el artículo 17 se establece los requisitos para obtener la patente notarial, entre los que destaca que el aspirante debe tener la edad de veintisiete años cumplidos y comprobar que durante doce meses ininterrumpidos ha practicado bajo la dirección y responsabilidad de algún Notario de número; y en los artículos subsecuentes se establece el mecanismo a través del cual se otorga, mediante concurso, el fíat correspondiente.

 

¿Cómo se realiza, en teoría, ese concurso? A través de dos exámenes —uno teórico y el otro práctico— realizados ante un jurado compuesto por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, el Presidente del Colegio de Notarios, un notario de número y un Magistrado de número integrante de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia, designados sucesivamente por el Colegio de Notarios y por el Pleno del Tribunal, respectivamente, a solicitud de la Secretaría de Gobierno; el Director del Archivo General de Notarías y en su caso, el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

 

No obstante, que la fe pública reviste importancia trascendental para toda la sociedad y como atribución del Estado es necesaria para autentificar los hechos y actos jurídicos en los que intervienen los gobernados para otorgarle, legalidad y seguridad jurídica a los mismos, el fíat notarial se ha convertido en un gran negocio privado.

 

 

En este orden de ideas, actualmente existe en la sociedad tabasqueña, una percepción generalizada, en el sentido de que el otorgamiento de patentes notariales como función a cargo del Poder Ejecutivo delegada a particulares se ha convertido en una potestad burocrática y politizada. Respecto de esta apreciación, existe abundante crítica en medios de información y actores sociales, cuya discusión y deliberación ha llegado a ser tema de debate e incluso de impugnaciones legales.

 

Es importante y prioritario que a quienes se les sea extendido el fíat notarial hayan cumplido cabalmente con todos los requerimientos, que fueran los profesionales del Derecho mejor preparados y que de cara a la sociedad —y no sólo ante representantes gubernamentales y del colegio notarial—, demostraran sus conocimientos a través de exámenes confiables y con posibilidad de ser revisados y corroborados no sólo por los involucrados, sino por cualquier persona. No puede confundirse el fíat o explotarse con carácter de ganancia privada o tampoco entregarse como dádiva, pago o premio a favor de empleados, funcionarios o servidores públicos, porque no solamente se vulnera el derecho del resto de los ciudadanos con capacidad para acceder a una patente de fe pública notarial, pues también dañan este servicio público.

 

Para muestra un ejemplo, sin temor a equivocarnos debemos puntualizar que en el entorno social ha quedado la sensación que en muchos nombramientos o designaciones anteriores se aplicaron criterios ajenos a la regulación normativa correspondiente, contrarios a la ética pública y a los principios u obligaciones generales de imparcialidad, legalidad, honradez, lealtad y eficiencia, como presupuestos esenciales que deben prevalecer en el ejercicio de la función pública.


NECESARIO REFORMAR LEY DEL NOTARIADO
Por lo expuesto anteriormente, en un futuro se deben promover reformas trascendentales, a un ordenamiento jurídico tan importante como lo es la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco, que desde hace aproximadamente seis años, en las que no se cambiaron aspectos esenciales acordes a los cambios y transformaciones que demanda actualmente la sociedad, en el moderno ejercicio de la administración pública, relacionados con los principios de ética y transparencia.

 

No solamente se trata de transparentar la entrega del fíat, a fin de evitar que en el nombramiento de notarios públicos en Tabasco se privilegien los criterios políticos o intereses personales. De tal forma, vale la pena ocuparnos en blindar las patentes de fe pública notarial que se expidan en el estado, así como a los futuros otorgantes de las mismas. 

 

También debemos preocuparnos por modificaciones legales que verdaderamente otorguen certeza jurídica y legitimidad a la actividad notarial. Existen prácticas subrepticias como la ‘renta’ de notarías y valdría la pena la ampliación del régimen de sanciones por el incumplimiento de las responsabilidades en el ejercicio de la función notarial. 

 

La Ley Notarial requiere una amplia reforma que incorpore conceptos novedosos como la copia certificada electrónica, certificado electrónico, la firma electrónica notarial y en consecuencia del proceso de modernización que se realiza en el Registro Público de la Propiedad, en virtud de la Ley Registral para el Estado de Tabasco, así como a su inminente regulación y necesarias reformas al Código Civil.

 

 

DONDE NO HAY LEY, NO HAY JUSTICIA

“Donde no hay ley, no hay justicia”, Thomas Hobbes.


El actual sexenio del gobierno de la República -a punto de concluir-, tuvo la promesa de que se concretarían algunas de las reformas que resultan más urgentes para México, como la fiscal, la laboral y la del Estado. No obstante, no se tomó la decisión de caminar a un proceso de cambio; muchos temas y leyes atoradas quedaron en la mesa de discusión.

Por ello, existe una gran inquietud en la ciudadanía que ve a los políticos muy alejados de sus demandas. Asimismo, la acción de las autoridades no ha logrado atender una política pública efectiva haca una mejor distribución de la riqueza y menos, revertir la tendencia histórica respecto a la desigualdad y la pobreza.

En este orden de ideas, la legitimidad de una democracia se basa en la idea de que todos pueden mejorar su situación mediante el esfuerzo honesto y sus habilidades, si no para sí mismos, al menos para sus hijos. No obstante, si esta vía es cancelada por el sistema político, lejos estaremos de la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos de la población.

Existen muchas causas históricas de la desigualdad en México, pero también tiene orígenes recientes y claros que residen en una inadecuada política fiscal, además, una economía que mantiene un mercado laboral segmentado y heterogéneo, que excluye social y económicamente a una proporción significativa de los trabajadores, con elevadas tasas, no sólo de desempleo sino de informalidad, una alta proporción de mano de obra con bajos niveles de ingresos y una marcada desigualdad entre diferentes grupos, que afecta particularmente a las mujeres, a los indígenas y a los jóvenes.

Precisamente, han sido los jóvenes quienes están exteriorizando su hartazgo hacia una clase política que los decepciona y éste es el principal desafío de la consolidación democrática en México; de que los ciudadanos no caigan en desánimo ni en la apatía, porque precisamente la participación ciudadana será el impulso que la nación requiere. 

 

Necesitamos en el país una visión más amplia, para dar un giro estratégico que consista en centrar en este esfuerzo una visión largo plazo, ya que la polarización política ha sido un obstáculo fundamental en estos seis años para el desarrollo del país.

La desigualdad tiene un carácter multidimensional, cuya expresión más flagrante es en el ámbito económico, que además se refleja en términos de territorios, etnicidad, género y por consiguiente, en una profunda estratificación del ejercicio de los derechos ciudadanos caracterizado por el rezago y la discriminación social.

En este orden de ideas, la marcada desigualdad de oportunidades educativas en México es gravosa, ya que la escuela mexicana no es el instrumento de movilidad social que debería ser. ¿Acaso no, entre más necesitada la familia, más pobre es la calidad de la educación que reciben sus hijos? Eso hace que la educación actualmente en México no compense de manera eficaz la desigualdad y la injusticia, sino perpetúe la condición social de pobreza y marginación de cada persona.

 

Ante este escenario, muchos son los temas que bien deberá atender el próximo gobierno de la República y en este sentido, la actividad legislativa tendrá un papel e impacto prepondrante. Sólo faltará que puedan los legisladores responder de forma efectiva, al papel que tiene el Poder Legislativo en el sistema político como garantes de la soberanía popular.






 

HABEMUS PRESIDENTE

Justamente antes del 6 de septiembre, que era la fecha límite para que se emitiera el Dictamen de la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el pasado 31 de agosto, la Sala Superior de este órgano jurisdiccional resolvió el trámite del Juicio de Inconformidad que integró el Instituto Federal Electoral (IFE), por la impugnación de los resultados de la elección presidencial del primero de julio por la Coalición Movimiento Progresista.

 

Sin embargo, no hubo sorpresas y el candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto fue declarado presidente electo de México para el periodo 2012-2018. Al final de cuentas -para los magistrados del TEPJF-, el planteamiento y las pruebas presentadas por la coalición de las izquierdas, fueron de naturaleza eminentemente política y mediática.

 

Recapitulando, la impugnación se sustentó en que se violó el artículo 41 de la Constitución General de la República, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. Asimismo, en el señalamiento que la Coalición Compromiso por México rebasó el tope de gastos de campaña y recurrió a la compra de alrededor de cinco millones de votos.

 

A pesar de las pruebas y alegatos, era claro que por la vía de la aplicación de las causales de nulidad expresas contenidas en la ley, definitivamente no era posible anular la elección presidencial, pero sí se pudo haber invocado la invalidez jurídica por violación grave de principios constitucionales, pero esto implicaba aplicar una causal creada jurisprudencialmente por el TEPJF, lo cual era improbable ocurriera por varias razones. 

 

Primero, era sumamente difícil, pues se tenía que demostrar con pruebas fehacientes que efectivamente sí se cometieron estas irregularidades y que fueron determinantes en la diferencia de más de tres millones doscientos mil votos existentes entre el primero y el segundo lugar; lo cual, es improbable por varias razones.

 

Segundo, en el terreno legal de esta impugnación que se sustentaba en el señalamiento del rebase del tope de gastos de campaña, vinculado con la compra de aproximadamente cinco millones de votos y las ya celebres tarjetas Monex y Soriana, cabe precisar que los informes de la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos y sus candidatos a cargo del IFE -conforme a los tiempos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)-, se presentan después de la calificación de la elección presidencial. Lo que representa una restricción legal que permite efectivamente acreditar este supuesto.

 

El criterio de que la nulidad no pude acogerse, porque ya las causales están previstas en la legislación electoral no es del todo exacto, porque sí es posible establecer o declarar la nulidad de una elección, por causales distintas a las expresamente establecidas en el COFIPE y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Es decir, a pesar de que en la reforma electoral de 2007 en que se establecieron en la legislación comicial, causales específicas de nulidad, la causa abstracta de nulidad, por su mismo origen, tiene plena vigencia en su interpretación sistemática y funcional de los principios y valores que deben respetarse para el desarrollo de elecciones democráticas. Pero para su aplicación, la concurrencia e inobservancia de estos elementos constitutivos y esenciales de una elección democrática, auténtica y libre, debe ser determinante para el resultado de la elección; he ahí la condición consustancial.

 

En el marco de estas maromas jurídicas, concretamente las irregularidades que debieron demostrarse eran la compra del voto y la inequidad en el acceso a los medios de comunicación; el resultado ya lo conocemos.

 

 

¿AHORA QUÉ SIGUE?

 

Por lo expuesto anteriormente, todas las inconsistencias de la reforma electoral de 2007 que fueron argumentos de los cuestionamientos sobre la legalidad de esta elección y las reglas electorales, deberán ser analizadas y reformadas por los legisladores, porque efectivamente México necesita una reforma electoral de fondo, pero contextualizada en una reforma del Estado.

 

Luego del balance negativo de doce años de gobierno, el Partido Acción Nacional (PAN) deberá reorganizase. Lo mismo deberá ocurrir ahora con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien además deberá superar las confrontaciones internas, así como avanzar en el trabajo de organización y consecuentemente, fortalecer sus bases ciudadanas en todo el país.

 

Al PRD le corresponderá cumplir con el papel histórico de ser la expresión política de la izquierda mexicana, así como promotor de la participación ciudadana y la pluralidad en el país.

 

Alejados de partidarismos, todos los mexicanos queremos que a México le vaya bien, por ello, hay que olvidar la confrontación y trabajar por el país para que continúe su marcha por la senda del progreso y la justicia. Por tanto, el próximo presidente de México, deberá refrendar la confianza de quienes votaron por él y ganarse con trabajo, la de quienes no le favorecieron con el voto.

 

Hay muchos temas que son prioridades y que deberá atender el Estado Mexicano, como es el desarrollo sustentable y el manejo adecuado los recursos no renovables del país, como el agua y los hidrocarburos. En este sentido, resulta indispensable realizar cambios a la política energética y la industria petrolera, ya que es necesario instrumentar acciones que permitan la transformación de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), con una mejor conducción y mayor transparencia.

 

No debemos olvidar, que el petróleo juega un papel estratégico para el crecimiento y desarrollo económico de México. PEMEX es la principal aportadora de recursos fiscales a partir de las exportaciones de petróleo crudo; alrededor del 38 por ciento de los ingresos del Estado provienen de la industria petrolera.

 

México tiene más de tres décadas de estancamiento económico que es necesario revertir, con políticas públicas que permitan el crecimiento sostenido de la economía y una reorientación de la industria petrolera. Pero estos temas de la agenda política nacional, los analizaremos la próxima semana.

 

¿Qué pasará con el futuro de Andrés Manuel López Obrador? Sin lugar a dudas, Tabasco continuará su bastión política y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto, millones de ojos lo vigilarán.

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DEL ESTADO DE TABASCO

Efectivamente, en México y en Tabasco existen muchas leyes y reformas. Pero también, lo que se requiere es su adecuada aplicación y un verdadero compromiso gubernamental por modificar el modelo de gestión pública. 

 Allí se halla un punto clave que da respuesta a una parte de nuestra problemática actual, que el sistema político en la analogía con una empresa, está plagada de absurdos de improductividad, falta de competitividad y abusos.

El gobierno que encabece Arturo Núñez Jiménez, deberá fortalecer los esfuerzos realizados en la modernización y simplificación gubernamental con transparencia y responsabilidad. Para ello, a la próxima administración estatal le corresponderá establecer mejoras permanentes que fortalezcan la estructura de gobierno, su regulación, el capital humano y los procesos, aprovechando los sistemas de gestión de calidad, herramientas de mejora regulatoria y las tecnologías de la información.

Deberá alinear el esfuerzo gubernamental a impulsar una modernización administrativa y la profesionalización de los servidores públicos. En este rubro, le corresponderá impulsar en la siguiente administración estatal, las leyes necesarias para el establecimiento del servicio profesional de carrera.

Este tema cobra singular importancia en este proceso de transición administrativa, ya que debe realizarse un diagnóstico y definir un catálogo de los perfiles de competencias laborales y la descripción de los puestos de trabajo de los que son sustantivos en el gobierno.

 

No sólo deberá establecerse en los próximos meses, esquemas generales de planeación en materia de recursos humanos. Además, comenzar a crear lineamientos generales de profesionalización en el gobierno del estado.

 

¿Por qué la importancia del servicio profesional de carrera? Porque es una política pública clave para la profesionalización de los servidores públicos, que fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública, lo que se traduce en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

 

Además, este sistema permitiría administrar los recursos humanos de las instituciones sujetas a una ley del servicio profesional de carrera y garantizar a los servidores públicos su ingreso, desarrollo y permanencia en la administración pública estatal a través del mérito y la igualdad de oportunidades; en un marco de transparencia y legalidad.

 

Recordemos que en los próximos meses, la “gabinetología” será el deporte estatal ante las especulaciones de quiénes acompañarán a Arturo Núñez al frente del gobierno de Tabasco. Ahora bien, en este proceso no entremos como priístas, perredistas o panistas, todos somos tabasqueños y Tabasco cuenta con nosotros y los mejores talentos para beneficio de nuestra sociedad; sólo los mejores ciudadanos haremos un mejor gobierno.

II. TABASCO Y LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

SEGUNDA PARTE:

ESTADO DE DERECHO Y EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Refiere Rafael Rojina Villegas que la justicia es un valor fundamental en el Derecho, junto a la seguridad jurídica, el bien común y el orden público. 

Las palabras citadas sintetizan con claridad, que el Derecho debe ser la voluntad de justicia, con leyes justas, cuya orientación sea el bien común del pueblo; ese es el pilar de la seguridad jurídica.

 

No es posible entender al Derecho sin el ideal de la justicia, que es el valor superior y esencial para la convivencia social y democrática. Por ello, decisiva será la labor que habrá de realizar el gobierno que encabece Arturo Núñez Jiménez a partir del primero de enero de 2013, para fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho en Tabasco.

 

Escribía en este espacio hace poco, que todavía en nuestra entidad existen grandes contradicciones entre la ley y la realidad, lo que abre una brecha inaceptable entre la sociedad y el reclamo ciudadano de justicia. Por tanto, la próxima administración estatal deberá tener como postulado la necesidad de construir un Estado eficaz que garantice todos los derechos reconocidos por la Constitución local a toda la población, para proveer mayores oportunidades de desarrollo a la ciudadanía.

 

Es importante que el ciudadano crea en la ley, porque el Derecho es la justificación de una sociedad y sus instituciones. En este sentido, la justicia debe entenderse como una realidad que ha de conquistarse a diario, fortaleciendo la Cultura de la Legalidad y combatiendo la impunidad. 

 

Tabasco no deberá desacelerar el paso en la modernización de su marco jurídico y en la instrumentación de acciones concretas para consolidar un genuino Estado de Derecho, un gobierno respetuoso de la ley y leyes para dar seguridad y justicia al pueblo tabasqueño.

 

En virtud que en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se otorgó un plazo de ocho años a las entidades federativas para la implantación del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, el próximo Gobierno del Estado deberá redoblar sus esfuerzos para la incorporación del sistema Procesal Penal Acusatorio en Tabasco. 

 

En días pasados, los legisladores locales tomaron una decisión histórica con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal Acusatorio y Oral para el Estado de Tabasco. Así como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa.

 

Con esta nueva legislación, en cuya elaboración coadyuvaron de manera importante el Poder Judicial y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), se abre una nueva etapa para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal para Tabasco.           

 

Su implementación será gradual y por demarcaciones municipales, entrando en vigor en su primera etapa en el municipio de Macuspana en el mes de septiembre–conforme al artículo segundo transitorio del nuevo Código Procesal Penal -, cubriendo siete etapas y teniendo como fecha límite para su plena implementación el primero de marzo de 2016.

 

En este orden de ideas, es de reconocerse que para el gobierno de Andrés Granier Melo, la reforma procesal penal ha sido prioridad, pues las autoridades estatales trabajaron con lineamientos estratégicos para su ordenada y oportuna implementación. Además, en seguridad pública, procuración y administración de justicia, previeron reformas con el propósito de fortalecer a sus instituciones.

 

Por ello, puede afirmarse que en esta administración no sólo se adecuaron los marcos constitucional, legal y reglamentario que rigen en la entidad, conforme a las reformas constitucionales federales en materia de justicia penal. Además, se sentaron las bases adecuadas y oportunas para el éxito del nuevo esquema procesal penal en Tabasco.

 

Para que la ley no quede sólo en el papel, la siguiente administración deberá dar continuidad a estos trabajos y al programa de capacitación del nuevo sistema de justicia penal a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (CIISJUPET), sobre el modelo de juicios orales. Además, disponer presupuestalmente de los recursos suficientes para iniciar en los tiempos establecidos la aplicación de este nuevo modelo, en beneficio del desarrollo y progreso del estado en materia de justicia.

 

Cabe destacar que también fue aprobada en el Congreso una importante reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo. Mediante la cual, se homologa la Constitución Política de Tabasco con la federal en materia de derechos humanos, otorgando mayores atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y creando un nuevo esquema en la protección de los derechos fundamentales de los tabasqueños.

 

Ahora, se garantiza que los ciudadanos no sólo tengan avalados sus derechos, también que los funcionarios estén obligados a cumplirlos. Por ello, en caso de rechazo de una recomendación, la CEDH podrá solicitar al Congreso local o a la Comisión Permanente -según corresponda-, para que se requiera la comparecencia del servidor público y explique su negativa a cumplir con la recomendación. 

 

A la Comisión Estatal se le dan más atribuciones, ya que, las recomendaciones que emitan, los funcionarios que sean señalados, tendrán la obligación de responderlas. En consecuencia a estas nuevas facultades, las recomendaciones que emita deben ser contestadas por los servidores públicos a quienes vayan dirigidas, tanto si las aceptan como si las rechazan, caso este último en el que la autoridad deberá hacer pública su negativa. 

 

Ahora, la CEDH tiene autonomía orgánica como un órgano autónomo constitucional y nuevas facultades -en congruencia con la reforma constitucional federal-, para conocer violaciones de derechos humanos, incluso en materia laboral. En este tema, sólo queda pendiente la nueva Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual reglamente la autonomía orgánica y nuevas facultades del organismo de protección no jurisdiccional de derechos humanos en Tabasco, en la cual, la Consejería Jurídica y la propia CEDH ya trabajan desde hace varios meses.

 

A pesar de estos avances, muchos son los retos e importante será mantener una eficaz coordinación de esfuerzos y recursos, para que en Tabasco se consolide el nuevo sistema de justicia penal y derechos humanos.