“Donde no hay ley, no hay justicia”, Thomas Hobbes.
El actual sexenio del gobierno de la República -a punto de concluir-, tuvo la promesa de que se concretarían algunas de las reformas que resultan más urgentes para México, como la fiscal, la laboral y la del Estado. No obstante, no se tomó la decisión de caminar a un proceso de cambio; muchos temas y leyes atoradas quedaron en la mesa de discusión.
Por ello, existe una gran inquietud en la ciudadanía que ve a los políticos muy alejados de sus demandas. Asimismo, la acción de las autoridades no ha logrado atender una política pública efectiva haca una mejor distribución de la riqueza y menos, revertir la tendencia histórica respecto a la desigualdad y la pobreza.
En este orden de ideas, la legitimidad de una democracia se basa en la idea de que todos pueden mejorar su situación mediante el esfuerzo honesto y sus habilidades, si no para sí mismos, al menos para sus hijos. No obstante, si esta vía es cancelada por el sistema político, lejos estaremos de la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos de la población.
Existen muchas causas históricas de la desigualdad en México, pero también tiene orígenes recientes y claros que residen en una inadecuada política fiscal, además, una economía que mantiene un mercado laboral segmentado y heterogéneo, que excluye social y económicamente a una proporción significativa de los trabajadores, con elevadas tasas, no sólo de desempleo sino de informalidad, una alta proporción de mano de obra con bajos niveles de ingresos y una marcada desigualdad entre diferentes grupos, que afecta particularmente a las mujeres, a los indígenas y a los jóvenes.
Precisamente, han sido los jóvenes quienes están exteriorizando su hartazgo hacia una clase política que los decepciona y éste es el principal desafío de la consolidación democrática en México; de que los ciudadanos no caigan en desánimo ni en la apatía, porque precisamente la participación ciudadana será el impulso que la nación requiere.
El actual sexenio del gobierno de la República -a punto de concluir-, tuvo la promesa de que se concretarían algunas de las reformas que resultan más urgentes para México, como la fiscal, la laboral y la del Estado. No obstante, no se tomó la decisión de caminar a un proceso de cambio; muchos temas y leyes atoradas quedaron en la mesa de discusión.
Por ello, existe una gran inquietud en la ciudadanía que ve a los políticos muy alejados de sus demandas. Asimismo, la acción de las autoridades no ha logrado atender una política pública efectiva haca una mejor distribución de la riqueza y menos, revertir la tendencia histórica respecto a la desigualdad y la pobreza.
En este orden de ideas, la legitimidad de una democracia se basa en la idea de que todos pueden mejorar su situación mediante el esfuerzo honesto y sus habilidades, si no para sí mismos, al menos para sus hijos. No obstante, si esta vía es cancelada por el sistema político, lejos estaremos de la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos de la población.
Existen muchas causas históricas de la desigualdad en México, pero también tiene orígenes recientes y claros que residen en una inadecuada política fiscal, además, una economía que mantiene un mercado laboral segmentado y heterogéneo, que excluye social y económicamente a una proporción significativa de los trabajadores, con elevadas tasas, no sólo de desempleo sino de informalidad, una alta proporción de mano de obra con bajos niveles de ingresos y una marcada desigualdad entre diferentes grupos, que afecta particularmente a las mujeres, a los indígenas y a los jóvenes.
Precisamente, han sido los jóvenes quienes están exteriorizando su hartazgo hacia una clase política que los decepciona y éste es el principal desafío de la consolidación democrática en México; de que los ciudadanos no caigan en desánimo ni en la apatía, porque precisamente la participación ciudadana será el impulso que la nación requiere.
Necesitamos en el país una visión más amplia, para dar un giro estratégico que consista en centrar en este esfuerzo una visión largo plazo, ya que la polarización política ha sido un obstáculo fundamental en estos seis años para el desarrollo del país.
La desigualdad tiene un carácter multidimensional, cuya expresión más flagrante es en el ámbito económico, que además se refleja en términos de territorios, etnicidad, género y por consiguiente, en una profunda estratificación del ejercicio de los derechos ciudadanos caracterizado por el rezago y la discriminación social.
En este orden de ideas, la marcada desigualdad de oportunidades educativas en México es gravosa, ya que la escuela mexicana no es el instrumento de movilidad social que debería ser. ¿Acaso no, entre más necesitada la familia, más pobre es la calidad de la educación que reciben sus hijos? Eso hace que la educación actualmente en México no compense de manera eficaz la desigualdad y la injusticia, sino perpetúe la condición social de pobreza y marginación de cada persona.
Ante este escenario, muchos son los temas que bien deberá atender el próximo gobierno de la República y en este sentido, la actividad legislativa tendrá un papel e impacto prepondrante. Sólo faltará que puedan los legisladores responder de forma efectiva, al papel que tiene el Poder Legislativo en el sistema político como garantes de la soberanía popular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario