HABEMUS PRESIDENTE

Justamente antes del 6 de septiembre, que era la fecha límite para que se emitiera el Dictamen de la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el pasado 31 de agosto, la Sala Superior de este órgano jurisdiccional resolvió el trámite del Juicio de Inconformidad que integró el Instituto Federal Electoral (IFE), por la impugnación de los resultados de la elección presidencial del primero de julio por la Coalición Movimiento Progresista.

 

Sin embargo, no hubo sorpresas y el candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto fue declarado presidente electo de México para el periodo 2012-2018. Al final de cuentas -para los magistrados del TEPJF-, el planteamiento y las pruebas presentadas por la coalición de las izquierdas, fueron de naturaleza eminentemente política y mediática.

 

Recapitulando, la impugnación se sustentó en que se violó el artículo 41 de la Constitución General de la República, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. Asimismo, en el señalamiento que la Coalición Compromiso por México rebasó el tope de gastos de campaña y recurrió a la compra de alrededor de cinco millones de votos.

 

A pesar de las pruebas y alegatos, era claro que por la vía de la aplicación de las causales de nulidad expresas contenidas en la ley, definitivamente no era posible anular la elección presidencial, pero sí se pudo haber invocado la invalidez jurídica por violación grave de principios constitucionales, pero esto implicaba aplicar una causal creada jurisprudencialmente por el TEPJF, lo cual era improbable ocurriera por varias razones. 

 

Primero, era sumamente difícil, pues se tenía que demostrar con pruebas fehacientes que efectivamente sí se cometieron estas irregularidades y que fueron determinantes en la diferencia de más de tres millones doscientos mil votos existentes entre el primero y el segundo lugar; lo cual, es improbable por varias razones.

 

Segundo, en el terreno legal de esta impugnación que se sustentaba en el señalamiento del rebase del tope de gastos de campaña, vinculado con la compra de aproximadamente cinco millones de votos y las ya celebres tarjetas Monex y Soriana, cabe precisar que los informes de la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos y sus candidatos a cargo del IFE -conforme a los tiempos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)-, se presentan después de la calificación de la elección presidencial. Lo que representa una restricción legal que permite efectivamente acreditar este supuesto.

 

El criterio de que la nulidad no pude acogerse, porque ya las causales están previstas en la legislación electoral no es del todo exacto, porque sí es posible establecer o declarar la nulidad de una elección, por causales distintas a las expresamente establecidas en el COFIPE y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Es decir, a pesar de que en la reforma electoral de 2007 en que se establecieron en la legislación comicial, causales específicas de nulidad, la causa abstracta de nulidad, por su mismo origen, tiene plena vigencia en su interpretación sistemática y funcional de los principios y valores que deben respetarse para el desarrollo de elecciones democráticas. Pero para su aplicación, la concurrencia e inobservancia de estos elementos constitutivos y esenciales de una elección democrática, auténtica y libre, debe ser determinante para el resultado de la elección; he ahí la condición consustancial.

 

En el marco de estas maromas jurídicas, concretamente las irregularidades que debieron demostrarse eran la compra del voto y la inequidad en el acceso a los medios de comunicación; el resultado ya lo conocemos.

 

 

¿AHORA QUÉ SIGUE?

 

Por lo expuesto anteriormente, todas las inconsistencias de la reforma electoral de 2007 que fueron argumentos de los cuestionamientos sobre la legalidad de esta elección y las reglas electorales, deberán ser analizadas y reformadas por los legisladores, porque efectivamente México necesita una reforma electoral de fondo, pero contextualizada en una reforma del Estado.

 

Luego del balance negativo de doce años de gobierno, el Partido Acción Nacional (PAN) deberá reorganizase. Lo mismo deberá ocurrir ahora con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien además deberá superar las confrontaciones internas, así como avanzar en el trabajo de organización y consecuentemente, fortalecer sus bases ciudadanas en todo el país.

 

Al PRD le corresponderá cumplir con el papel histórico de ser la expresión política de la izquierda mexicana, así como promotor de la participación ciudadana y la pluralidad en el país.

 

Alejados de partidarismos, todos los mexicanos queremos que a México le vaya bien, por ello, hay que olvidar la confrontación y trabajar por el país para que continúe su marcha por la senda del progreso y la justicia. Por tanto, el próximo presidente de México, deberá refrendar la confianza de quienes votaron por él y ganarse con trabajo, la de quienes no le favorecieron con el voto.

 

Hay muchos temas que son prioridades y que deberá atender el Estado Mexicano, como es el desarrollo sustentable y el manejo adecuado los recursos no renovables del país, como el agua y los hidrocarburos. En este sentido, resulta indispensable realizar cambios a la política energética y la industria petrolera, ya que es necesario instrumentar acciones que permitan la transformación de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), con una mejor conducción y mayor transparencia.

 

No debemos olvidar, que el petróleo juega un papel estratégico para el crecimiento y desarrollo económico de México. PEMEX es la principal aportadora de recursos fiscales a partir de las exportaciones de petróleo crudo; alrededor del 38 por ciento de los ingresos del Estado provienen de la industria petrolera.

 

México tiene más de tres décadas de estancamiento económico que es necesario revertir, con políticas públicas que permitan el crecimiento sostenido de la economía y una reorientación de la industria petrolera. Pero estos temas de la agenda política nacional, los analizaremos la próxima semana.

 

¿Qué pasará con el futuro de Andrés Manuel López Obrador? Sin lugar a dudas, Tabasco continuará su bastión política y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto, millones de ojos lo vigilarán.