II. TABASCO Y LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

SEGUNDA PARTE:

ESTADO DE DERECHO Y EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Refiere Rafael Rojina Villegas que la justicia es un valor fundamental en el Derecho, junto a la seguridad jurídica, el bien común y el orden público. 

Las palabras citadas sintetizan con claridad, que el Derecho debe ser la voluntad de justicia, con leyes justas, cuya orientación sea el bien común del pueblo; ese es el pilar de la seguridad jurídica.

 

No es posible entender al Derecho sin el ideal de la justicia, que es el valor superior y esencial para la convivencia social y democrática. Por ello, decisiva será la labor que habrá de realizar el gobierno que encabece Arturo Núñez Jiménez a partir del primero de enero de 2013, para fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho en Tabasco.

 

Escribía en este espacio hace poco, que todavía en nuestra entidad existen grandes contradicciones entre la ley y la realidad, lo que abre una brecha inaceptable entre la sociedad y el reclamo ciudadano de justicia. Por tanto, la próxima administración estatal deberá tener como postulado la necesidad de construir un Estado eficaz que garantice todos los derechos reconocidos por la Constitución local a toda la población, para proveer mayores oportunidades de desarrollo a la ciudadanía.

 

Es importante que el ciudadano crea en la ley, porque el Derecho es la justificación de una sociedad y sus instituciones. En este sentido, la justicia debe entenderse como una realidad que ha de conquistarse a diario, fortaleciendo la Cultura de la Legalidad y combatiendo la impunidad. 

 

Tabasco no deberá desacelerar el paso en la modernización de su marco jurídico y en la instrumentación de acciones concretas para consolidar un genuino Estado de Derecho, un gobierno respetuoso de la ley y leyes para dar seguridad y justicia al pueblo tabasqueño.

 

En virtud que en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se otorgó un plazo de ocho años a las entidades federativas para la implantación del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, el próximo Gobierno del Estado deberá redoblar sus esfuerzos para la incorporación del sistema Procesal Penal Acusatorio en Tabasco. 

 

En días pasados, los legisladores locales tomaron una decisión histórica con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal Acusatorio y Oral para el Estado de Tabasco. Así como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa.

 

Con esta nueva legislación, en cuya elaboración coadyuvaron de manera importante el Poder Judicial y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), se abre una nueva etapa para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal para Tabasco.           

 

Su implementación será gradual y por demarcaciones municipales, entrando en vigor en su primera etapa en el municipio de Macuspana en el mes de septiembre–conforme al artículo segundo transitorio del nuevo Código Procesal Penal -, cubriendo siete etapas y teniendo como fecha límite para su plena implementación el primero de marzo de 2016.

 

En este orden de ideas, es de reconocerse que para el gobierno de Andrés Granier Melo, la reforma procesal penal ha sido prioridad, pues las autoridades estatales trabajaron con lineamientos estratégicos para su ordenada y oportuna implementación. Además, en seguridad pública, procuración y administración de justicia, previeron reformas con el propósito de fortalecer a sus instituciones.

 

Por ello, puede afirmarse que en esta administración no sólo se adecuaron los marcos constitucional, legal y reglamentario que rigen en la entidad, conforme a las reformas constitucionales federales en materia de justicia penal. Además, se sentaron las bases adecuadas y oportunas para el éxito del nuevo esquema procesal penal en Tabasco.

 

Para que la ley no quede sólo en el papel, la siguiente administración deberá dar continuidad a estos trabajos y al programa de capacitación del nuevo sistema de justicia penal a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (CIISJUPET), sobre el modelo de juicios orales. Además, disponer presupuestalmente de los recursos suficientes para iniciar en los tiempos establecidos la aplicación de este nuevo modelo, en beneficio del desarrollo y progreso del estado en materia de justicia.

 

Cabe destacar que también fue aprobada en el Congreso una importante reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo. Mediante la cual, se homologa la Constitución Política de Tabasco con la federal en materia de derechos humanos, otorgando mayores atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y creando un nuevo esquema en la protección de los derechos fundamentales de los tabasqueños.

 

Ahora, se garantiza que los ciudadanos no sólo tengan avalados sus derechos, también que los funcionarios estén obligados a cumplirlos. Por ello, en caso de rechazo de una recomendación, la CEDH podrá solicitar al Congreso local o a la Comisión Permanente -según corresponda-, para que se requiera la comparecencia del servidor público y explique su negativa a cumplir con la recomendación. 

 

A la Comisión Estatal se le dan más atribuciones, ya que, las recomendaciones que emitan, los funcionarios que sean señalados, tendrán la obligación de responderlas. En consecuencia a estas nuevas facultades, las recomendaciones que emita deben ser contestadas por los servidores públicos a quienes vayan dirigidas, tanto si las aceptan como si las rechazan, caso este último en el que la autoridad deberá hacer pública su negativa. 

 

Ahora, la CEDH tiene autonomía orgánica como un órgano autónomo constitucional y nuevas facultades -en congruencia con la reforma constitucional federal-, para conocer violaciones de derechos humanos, incluso en materia laboral. En este tema, sólo queda pendiente la nueva Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual reglamente la autonomía orgánica y nuevas facultades del organismo de protección no jurisdiccional de derechos humanos en Tabasco, en la cual, la Consejería Jurídica y la propia CEDH ya trabajan desde hace varios meses.

 

A pesar de estos avances, muchos son los retos e importante será mantener una eficaz coordinación de esfuerzos y recursos, para que en Tabasco se consolide el nuevo sistema de justicia penal y derechos humanos.