miércoles, 24 de julio de 2013

SISTEMA TRIBUTARIO Y DERECHOS HUMANOS; RETOS Y PERSPECTIVAS


No podemos seguir rezagados mientras en otras partes del mundo el progreso y desarrollo son constantes y permanentes. Es necesario en México emprender acciones tangibles para detonar el desarrollo de la economía a partir de agilizar y facilitar nuevas inversiones, y de igual forma, es urgente una reforma fiscal que simplifique el sistema tributario en el país.

Por ejemplo, según datos del Banco Mundial los mexicanos que pagan impuestos tardamos en promedio trescientas treinta y siete horas al año para elaborar todas nuestras declaraciones, mientras que los países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sólo invierten ciento setenta y seis horas, poco más de la mitad del que en nuestro país se requiere. Este dato nos genera una referencia importante, pues es necesario promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes e imperiosamente, se requiere construir un sistema fiscal robusto que ayude a mejorar el desempeño tributario del país y reducir todas las disparidades en materia recaudatoria.

Sabemos perfectamente que México debe reducir su dependencia de los ingresos petroleros; mejorar su tasa de crecimiento; mejorar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia y eficacia del gasto público; y mejorar la rendición de cuentas del gasto a nivel subnacional.

Por otra parte, tenemos una falsa concepción que la tributación fiscal es ajena a los derechos humanos. El tema de los derechos humanos recientemente incorporado a nuestra Constitución implica para las autoridades fiscales una revisión de la forma en que actúan tradicionalmente. 

El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la que destaca la obligación de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan  y garanticen los derechos humanos, lo que incluye necesariamente a las fiscales. Igualmente destaca de esta reforma constitucional, el principio pro persona que significa que  las autoridades deberán velar en su actuar por el mayor beneficio a las personas en todo momento.

Antes de la reforma el Poder Judicial asumía la responsabilidad de vigilar que los actos emitidos por la autoridad respetaran estos derechos, función que sigue ejerciendo, sin embargo conforme a esta reforma un funcionario o servidor público está obligado en principio a conocer y respetar los derechos humanos protegidos tanto en nuestra legislación como en los tratados internacionales.

Con estas modificaciones, los jueces locales o federales del Poder Judicial o tribunales administrativos deberán verificar que las leyes se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que se denomina control de constitucionalidad y de convencionalidad, respectivamente.

Debemos recordar que entre los derechos humanos se encuentra el principio de legalidad que implica fundar y motivar correctamente los actos de autoridad, así como el oír al contribuyente con todas sus garantías para la determinación de los derechos y obligaciones correspondientes en el orden fiscal que contempla el Pacto de San José.

Además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contempla el derecho al mínimo vital que implica tener una cantidad libre de impuestos para subsistir, lo que puede poner en duda la aplicación de ciertas multas.

PRODECON

En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) es un nuevo organismo descentralizado y autónomo del Estado mexicano, cuya función es preservar, defender y promover los derechos de los contribuyentes, garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal.

La PRODECON es el primer Ombudsman fiscal mexicano, cuya tarea principal es la revisión y mejora permanente de las acciones y prácticas de las autoridades fiscales federales. Esta Procuraduría inició funciones el primero de septiembre de 2011 y el pasado 11 de junio fue inaugurada la delegación estatal en Tabasco, cuyo titular es el doctor en Derecho, Lucio Heriberto Sosa Cerda.

La PRODECON es un asesor y defensor de los derechos de los contribuyentes, cuyos servicios son gratuitos. Por lo que la delegación estatal de la PRODECON en Tabasco, tiene una finalidad muy concreta y con objetivo social: prestar asesoramiento tributario gratuito a los ciudadanos, a quienes reciben y atienden en sus instalaciones ubicadas en la calle Vicente Guerrero #304, en el centro de la ciudad de Villahermosa, donde antes se ubicaba las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Indudablemente, uno de los objetivos de la PRODECON es constituirse como el órgano que reivindique, defienda, interprete y promueva los derechos fundamentales de los contribuyentes del país, en el marco de una nueva relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, basada en el acuerdo e interlocución y una relación tributaria equitativa.

REFLEXIÓN

El reto que tienen las autoridades fiscales no es minúsculo, ya que deben poner especial atención a la observancia de los derechos humanos, por lo que la capacitación en esta materia debe ser una de sus prioridades.

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo

No hay comentarios:

Publicar un comentario