Con la derrota electoral del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Tabasco, la coalición de izquierda encabezada por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró no sólo la alternancia en la
gubernatura, sino también ganó diez de los diecisiete municipios de la entidad,
mayoría en el Congreso local, las seis diputaciones federales y las dos
senadurías.
Con una mayoría perredista -en la nueva integración
legislativa-, habrá siete grupos parlamentarios; uno más de los seis que tienen
representación actualmente en el Congreso del Estado. Asimismo, ahora el PRI
contará con sólo siete legisladores, el Partido Acción Nacional (PAN) dos, el
Partido del Trabajo uno, Movimiento Ciudadano uno, el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) uno y el Partido Nueva Alianza (PANAL) uno.
¿Cuál debe ser la propuesta legislativa para
Tabasco en los próximos años? Ésta debe comprender cuatro ejes rectores:
seguridad social; seguridad económica; seguridad pública y derechos humanos y;
desarrollo sustentable y seguridad ambiental.
La LXI Legislatura del Congreso del Estado que
entrará en funciones el primero de enero de 2013 tendrá la oportunidad de
retomar algunas de las numerosas leyes
que se quedarán en la congeladora.
Por una parte, la agenda legislativa del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) ha planteado en los últimos años en Tabasco una
reforma política, que incluya la figura de revocación de mandato. Ahora este
partido político ya en el gobierno, deberá analizar la conveniencia o no para
sus intereses de consolidar esta propuesta.
Hay temas de mayor urgencia o necesidad para el estado,
de acuerdo a las inquietudes y necesidades de la sociedad, tal es el caso de una
reforma electoral, en la designación de los consejeros electorales y de los
órganos autónomos constitucionales. Asimismo, en materia de seguridad pública,
procuración y administración de justicia.
En este orden de ideas, la fracción parlamentaria
del PRD, deberá redoblar esfuerzos para que Tabasco adapte su legislación e
instituciones al nuevo sistema penal acusatorio y oral -aprobado en el orden
federal en junio de 2008-, cuyo plazo de transición constitucional es de 8 años
a las entidades federativas para la implantación del nuevo sistema procesal
penal acusatorio.
Conjuntamente, resalta la importancia de que las instituciones
encargadas de combatir el crimen organizado se actualicen, conozcan y adopten
nuevas herramientas contra los delitos de carácter federal y del fuero común,
en su caso en el marco de esta nueva configuración del sistema de justicia
penal. En este sentido, el sistema de administración de justicia, deberá repetir las actualizaciones
pertinentes vinculadas al tema.
En este ámbito, aún queda pendiente que la LX
Legislatura suba al Pleno para su aprobación, la Ley de Justicia Alternativa -presentada
desde el 26 de marzo de 2010 por el titular del Poder Ejecutivo-, el nuevo
Código Procesal Penal Acusatorio y Oral para el Estado de Tabasco. Así como la
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y la Ley de Justicia para Adolescentes.
Ante esto y volviendo al tema del Congreso, urgen elementos
que respalden e impongan mecanismos efectivos de registro, medición y difusión
de las actividades de los legisladores y que vayan más allá de la simple
contabilidad de acciones y eventos realizados. Por tanto, la LXI Legislatura
deberá revisar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamentación, ya
que en los actuales términos, no hay plazos para el dictamen de iniciativas
enviadas a comisiones; menos, monitoreo del trabajo legislativo.
Es complicado, pero las principales bancadas en el
Congreso Local, deberán ponerse de acuerdo en cómo eliminar el rezago
legislativo, para lograr la tan ansiada productividad que Tabasco requiere.
Ante este escenario, los próximos legisladores bien
deberían atender una reforma integral al marco jurídico que regula la
organización y funcionamiento del Congreso del estado, para profundizar en los
impactos de la actividad legislativa y puedan los legisladores responder de
forma efectiva, al papel que tiene el Poder Legislativo en el sistema político como
garantes de la soberanía popular.
Recordemos que también están pendientes reformas a la
Ley de Protección Ambiental, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado
y la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por citar
algunas.
Además, deberán fortalecer el marco legal para
seguir instrumentado medidas en la elaboración de planes de ordenamiento territorial
y mecanismos institucionales que permitan una gestión más efectiva de las
autoridades en los procesos de prevención, atención y reconstrucción, ante
desastres naturales. Recordemos que este tema es concurrente en los tres
órdenes de gobierno.
Ante la evidencia de que existe un marco jurídico
con un amplio vacío en actividades específicas destinadas a la prevención de
desastres, lo que reduce de manera operativa la eficacia de las prescripciones
que derivan de estos planes. En Tabasco tenemos experiencia con las
inundaciones y es obvia la reflexión que es necesario perfeccionar los
mecanismos específicos en la gestión y
el manejo de los desastres naturales.
Allí están estos los déficits legales e
institucionales, que también será tarea de los legisladores federales y que
deberán atender.
REFLEXIÓN
El tiempo es sabio, pronto veremos el trabajo
legislativo y sabremos cuántas leyes quedaron varadas, cuáles pudieron ser
rescatadas, y sobre todo, quiénes sí cumplieron.
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