El
18 junio de 2008 se realizó una reforma constitucional que implicaba una
profunda renovación del sistema de justicia penal en México, que buscaba
revertir los problemas de injusticia e ineficiencia del modelo procesal
inquisitivo.
A
partir de esta reforma, inició en el país el proceso
implementación de los juicios orales en materia penal. Esto implicó una tarea
de planeación estratégica de políticas públicas, comprendida básicamente en
tres rubros: a) Adecuación de
la legislación secundaria; b) Capacitación
integral de los operadores jurídicos y; c)
Dotación de recursos económicos.
El
nuevo sistema de justicia penal debe por mandato constitucional estar vigente
en las treinta y dos entidades federativas y en el ámbito de competencia
federal para junio de 2016. Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México y
Morelos, son las entidades federativas con mayor antigüedad en el funcionamiento
del sistema de juicios orales.
A
partir de 2009, los poderes Ejecutivo y Judicial de Tabasco impulsaron
conjuntamente, una propuesta de cambio estructural del procedimiento penal en
la entidad y se puso en marcha el nuevo proceso penal acusatorio y oral en el
municipio de Macuspana en septiembre de 2012 y convirtiéndose en el tercer
estado del sur-sureste del país en implementarlo.
Entre
2009 y 2012, no sólo se adecuaron los marcos constitucional, legal y
reglamentario que rigen en la entidad, conforme a las reformas constitucionales
federales en materia de justicia penal. Además, se sentaron las bases para que
en el año 2016 el nuevo sistema de justicia penal, quede aplicado en todo el
estado.
Sin embargo, actualmente externamos nuestra preocupación
por la implementación de los juicios orales en el estado. Precisando que
Tabasco -al igual que el resto de las entidades federativas-, recibe recursos
federales a través del sistema de implementación de la nueva justicia penal en
materia de juicios orales, que maneja la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la
Secretaría de Gobernación (SETEC). Por lo tanto, en la implementación
actual de los juicios orales se debe ser sumamente cuidadoso, ya que una mala
planeación podría generar más daños que los que se pretende solucionar y peores
resultados daría el detener su instrumentación, pues tendríamos entonces, dos
sistemas procesales distintos.
En
Tabasco, la adopción de los denominados juicios orales no representa la panacea
en la construcción de un régimen de justicia democrático, pues hace necesarios
mayores ajustes a las normas secundarias locales y no quiere decir que todo
vaya a ir sobre ruedas. Hay muchas áreas de mejora y enormes desafíos, pues es una
reforma tan profunda, que implica cambios en la cultura jurídica. Recordemos
que desde sus primeros bosquejos la reforma despertó controversia entre
abogados, funcionarios y organizaciones sociales.
Uno
de los aspectos más importantes de esta reforma y que probablemente la está
trabando, no sólo en Tabasco sino en la mayoría de las entidades federativas,
es el nuevo sistema de profesionalización que conlleva y el servicio civil de
carrera. Además de cuestiones salariales, está el tema de fondo de que la nueva
redacción del artículo 123 constitucional ha terminado con la estabilidad
laboral de policías y ministerios públicos.
El gobierno de Tabasco debe tener muy claro sus ejes
estratégicos para consolidar con éxito el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio como son: la normatividad; la planeación; la capacitación; la
reorganización; la infraestructura; el equipamiento; la tecnología y; la
difusión.
Además, que en el Pacto por
Tabasco, uno de los compromisos adquiridos por los partidos políticos, es la
consolidación de los juicios orales. Por tanto, el gobierno estatal debe
comprometerse en la implementación del nuevo modelo de justicia penal y
consolidarlo, pues en ello, demostrará que se tiene el talento y la capacidad
en Tabasco para satisfacer estándares internacionales, generar buenas prácticas
y un cambio exitoso con los juicios orales.
La
incorporación del sistema procesal penal acusatorio en el estado está
contemplada en la ley, de forma gradual y por regiones, siendo la siguiente
fecha el 9 de diciembre de este año en el municipio de Cunduacán, donde deben
arrancar los juicios orales.
REFLEXIÓN
Hay
tiempo para corregir, pero no es permisible argumentando falta de recursos, se retrase
la implementación de los juicios orales en la entidad, que está regida por un
plazo constitucional.
Habrá
que evaluar el desempeño de la Secretaria Técnica de la Comisión
Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el
Estado de Tabasco (CIISJUPET), como la instancia coordinadora en el ámbito
estatal de la instrumentación de los juicios orales.
E-mail:
guillermoars@gmail.com
Twitter:
@pumamemo
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