lunes, 29 de abril de 2013

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

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[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo



[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

NIÑOS Y JÓVENES, EN LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS


La celebración del Día del Niño, es una ocasión especial para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir, porque definitivamente, la sociedad no tomará buen rumbo mientras nuestras niñas, niños y jóvenes sufran violencia, discriminación, pobreza y exclusión.


La pobreza es una de las principales violaciones a los derechos fundamentales y atropello directo a la dignidad humana, que afecta a nuestra infancia. Según cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 21.4 millones de menores de edad, que representan la mitad de la población infantil y adolescente en México, son pobres y enfrentan desnutrición.[1]

 

Otro dato revela que el 54 por ciento de 39.2 millones de menores de dieciocho años de edad en el país, sufren la carencia de algunos de los derechos sociales como son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación.  Además, un 13 por ciento de la población infantil, alrededor de 51.1 millones de niños viven en extrema pobreza.

 

A esto sumemos que la problemática de los menores indígenas en el país se agudiza, en razón de que el proceso de urbanización ha excluido a millones de niños, de los servicios vitales en las zonas rurales; siete de cada diez niños indígenas sufren pobreza.

 

La realidad de la infancia revela que padece constantemente violencia, explotación y abuso, y corre el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental y moral.  Los menores son la población más vulnerable de vivir alguna carencia y a pesar de tener derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, la niñez mexicana está expuesta a la explotación sexual o laboral, por citar algunas de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

 

El problema de la niñez posee múltiples aristas y sirvan para esta referencia, también los datos de la UNICEF sobre el maltrato infantil en México. En este orden de ideas, nuestro país asigna únicamente el uno por ciento en presupuesto contra este problema, lo que revela que las acciones que el Estado mexicano emprende a favor de la niñez son insuficientes, porque innegablemente existe una relación directa entre la inversión pública para atender a la infancia y adolescencia, y la efectiva protección de sus derechos.

 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el 60 por ciento de los niños mexicanos entre uno y catorce años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Otros datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan que el gasto que el gobierno mexicano ha asignado hasta el año 2012 a la primera infancia, es de 39 mil 600 pesos mexicanos por niño. Es decir, nuestro país tiene un gasto público por niño menor que el promedio de la OCDE que asciende a 274 mil 700 pesos; aproximadamente una inversión siete veces menor.

 

Conforme a las cifras de la OCDE, México gasta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto en apoyo a familias con niños y junto con Chile y Corea, menos de la mitad del promedio de la OCDE, de alrededor de 2.2 por ciento del PIB.

 

Con estos argumentos, la propia UNICEF ha recomendado a nuestro país etiquetar los recursos -para su seguimiento puntual y mayor transparencia en su manejo-, para la atención de la niñez.

 

La infancia mexicana reclama de las autoridades una mayor y más efectiva vigilancia. Al mismo tiempo, de trabajar en el reconocimiento y respeto de su derecho a la alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo.

 

Por ejemplo, el número de niños que son sometidos a explotación laboral y sexual, va en aumento debido al crecimiento poblacional, la migración y la creciente urbanización. Esta problemática se complica en numerosas regiones del país, donde la infraestructura y los servicios no guardan protección con el crecimiento urbano. Por si fuera poco, es necesario proteger de forma efectiva en sus derechos e integridad a las niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada.

 

En plano local, el gobierno estatal deberá mostrar mayor interés al tema de los niños y jóvenes, porque precisamente en el Pacto por Tabasco, se hace hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y de esparcimiento para este sector de la población.

 

Por lo expuesto, es prioritario el esfuerzo gubernamental de instrumentar políticas públicas para proteger a la niñez y la juventud, quienes son las víctimas más vulnerables del efecto nocivo del consumo de drogas y la delincuencia organizada.

 

Estamos ante un fenómeno de salud pública para el Estado mexicano; es un problema serio, con implicaciones no sólo en la estructura social, también económica.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical de rumbo, ya que el crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para niños y jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo o estudio, encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos económicos.

 

No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas, pero se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana y suele tratarse de jóvenes que llegan a los dieciocho años sin saber hacer otra cosa que robar, matar, intimidar o vender droga.

 

Señores aquí tienen una gran tarea y en Tabasco deberá construirse una agenda que contenga acciones y políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las oportunidades educativas y promover proyectos productivos, entre otras tareas.

 

Temas como el empleo, pobreza, desarrollo infantil, equidad de género y seguridad pública, van de la mano. Por ello, es importante se fortalezcan las políticas y programas de gobierno para mejorar el bienestar de las familias y los niños.

 

Es necesario atender aquellos factores que contribuyen a la existencia de la pobreza y la desigualdad en los niños. Pero no es sólo tarea de gobierno, también debe ser un esfuerzo de la sociedad civil y por ello, es importante trabajar y promover modelos innovadores que permitan que todos los niños mexicanos crezcan sanos, felices y en paz, porque la salvaguarda de los derechos de la infancia, es una garantía de un Estado Democrático de Derecho.

 

 

REFLEXIÓN

 

¿Por qué no ser niño otra vez y olvidar odios y violencia? ¿Por qué no entretenernos con un avión de papel?

 

E-mail: guillermoars@gmail.com

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[1] Estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010.

lunes, 22 de abril de 2013

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN TABASCO


Los medios de comunicación han jugado un papel importante en el proceso político de transición democrática en México y su protagonismo ha sido notable, sobre todo con la radio y televisión.

No obstante, ¿qué evolución ha tenido este fenómeno en Tabasco? Sin lugar a dudas, a través de los medios de comunicación se han impulsado acciones y estrategias de legitimación de las decisiones políticas frente a los ciudadanos. Este fenómeno político y social es la comunicación política, que incorpora la ideología y el poder con la finalidad de permear y controlar un sistema de valores, a partir de generar el concepto que conocemos como opinión pública; a través de mensajes y contenidos, se configuran y crean opiniones, formas de pensar y actuar.

Frente a esto, la propaganda gubernamental se ha convertido en difusión partidista y los medios de comunicación son un factor real de poder. Por ello, la reforma constitucional en materia electoral de 2007, fijó un nuevo modelo de acceso a la radio y a la televisión, en consecuencia con elementos que se dejaron entrever en el proceso federal electoral de 2006, reglamentando lo que la Constitución señalaba en forma muy general y dando paso a un nuevo modelo de comunicación política.

En este sentido, los medios de comunicación tienen una gran influencia para controlar nuestra visión acerca de la realidad. Ante esto, el Estado se alía a éstos, para ejercer control del sistema político. Parafraseando a Ulrich Sarcinelli, la política se ha convertido en una suerte de espectáculo o puesta en escena. 

Aquí uno de los problemas es que el dinero público se convierta en sostén de los medios de comunicación. Ha sido una práctica común la firma de contratos millonarios con directores de periódicos, radiodifusoras, estaciones de televisión y comunicadores, con la finalidad de que los medios emitan información que destaque las acciones gubernamentales.


LA REGULACIÓN DEL REPARTO DE LA PUBLICIDAD OFICIAL

En Tabasco, muchos sectores sociales han sido adictos al dinero público y la prensa no ha sido la excepción. Ejemplos hay muchos, de quienes han amasado fortunas y obtenido una forma cómoda de vivir, sin necesidad de reportear ni editar.
De tal forma, el tema de la comunicación política del gobierno del estado, es un tema trascendental más allá de toda reforma administrativa y que es necesario transparentar. El fondo medular es la urgente necesidad de una norma que establezca la pauta o los mecanismos de asignación objetiva, transparente y lógica de contratación de publicidad oficial, ya que la discrecionalidad en la contratación ha originado que se privilegie a unos medios sobre otros pudiendo influir, de esta forma, incluso en su línea editorial, o bien “premiando” o “castigando” sus líneas de opinión; este efecto es nocivo para la libertad de expresión.
Este tema es de Derecho y Comunicación, con la finalidad de concluir con el criterio gubernamental de repartir beneficios entre los amigos de la gestión. Ante este desafío, en el Pacto por Tabasco se plantea la necesidad de crear una Ley Estatal de Comunicación Social, reglamentaria del artículo 134 de la Constitución federal. 

Ahora bien, ¿existen razones suficientes para pensar que la alternancia política en Tabasco por sí misma, cambiará de manera radical la concepción de los medios de comunicación?

Las anteriores reflexiones tienen como propósito describir las características actuales y reales de los medios en Tabasco y bajo este contexto, analizar las implicaciones de la alternancia política y el fortalecimiento de un nuevo sistema democrático.

Recordemos que en tratados internacionales como en el artículo 13 del Pacto de San José, se amplía la libertad de expresión incluyendo bajo el concepto de censura previa a los controles oficiales y métodos indirectos.
 
La publicidad oficial no debe afectar la independencia de los medios de comunicación, ni el ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa. Además, evitar los beneficios y marginaciones por razones políticas o partidarias.

Sin embargo, en la ruta del dinero a los medios de comunicación, parece que las estructuras del poder, saben con quién, cuándo y cómo invertirlo, lo cual, no es buena señal para el buen ejercicio democrático con base en la transparencia y la rendición de cuentas.
REFLEXIÓN

Ningún gobierno puede subvalorar y despreciar al periodismo ni a los medios de comunicación. Sin embargo, tal vez sea su interés el desplegar un propio esquema de control mediático y la austeridad sea una forma estilizada de represión.

En paralelo, dentro de la política, los descalabros, golpes y deslealtades siempre son propiciados por miembros del mismo grupo, cuando las frustraciones, el coraje o el brillo del dinero, atemperan el clima político. 
 
 
E-mail: guillermoars@gmail.com

Twitter: @pumamemo


lunes, 15 de abril de 2013

EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

Sabemos que la construcción en Tabasco de un gobierno moderno, ágil y transparente con finanzas públicas sanas, implica generar confianza social mediante mecanismos puntuales de rendición de cuentas y acceso a la información pública. 

Es un imperativo que transitemos hacia una nueva gestión pública transparente, sana y cercana a la gente. Para lo cual, se deberán instrumentar en todas las instancias del sector público una serie de reformas que correspondan a la modernización administrativa en el ámbito gubernamental, para lograr un gobierno responsable, eficiente, humanista y orientado a los resultados. 

El Gobierno de Tabasco deberá incluir en su Plan Estatal de Desarrollo (PLED 2013-2018), reformas legales, particularmente en torno a temas como la modernización y gestión de la administración pública local, sistemas de información y transparencia, las finanzas y el mejoramiento de sus niveles de eficacia y eficiencia. No sólo se trata de reducir los gastos de operación del Poder Ejecutivo, sino tener una administración transparente, que ahorre y mantenga una estricta disciplina en las finanzas públicas.

Sobre la problemática de la salud en las finanzas del Estado, al igual que la revisión de las cuentas públicas, es necesario precisar que una de las grandes deficiencias del control del presupuesto a nivel estatal y de los municipios es que es a posteriori -después del gasto- y ya que no existen revisiones efectivas para el desvío de recursos y remedios para corregir las políticas públicas equivocadas. 

Es por conducto del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), que se revisa el gasto ejercido de los entes fiscalizables como los poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismo u órganos estatales y de los municipios, así como los órganos autónomos creados constitucionalmente, y en general, cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o privada, que en términos de las disposiciones legales haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos.

No obstante, hoy más que nunca es evidente y necesario que la legislación local salvaguarde la imparcialidad y eficacia fiscalizadora, encomendada constitucionalmente al OSF.

¿Qué sucede con el caso de Francisco Rullán Silva? Indiscutiblemente, es imprescindible para la autonomía de las entidades de fiscalización superior mantener una posición imparcial, neutral y objetiva en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, ya que de lo contrario se pone en riesgo la credibilidad de las auditorías practicadas, o los resultados, conclusiones y recomendaciones emitidas.

Sin embargo, la clave sobre la polémica que ha suscitado la remoción del titular de la OSF en Tabasco, radica que conforme la Declaración de Lima, así como en el segundo principio de la Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y en relación con el segundo principio de la Declaración de Principios de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), no se podrá vulnerar el derecho adquirido de inamovilidad de los actuales titulares de las EFS. Admitir lo contrario implicaría violación manifiesta de las garantías de seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley y no aplicación retroactiva de la misma, contempladas en la Constitución Federal.

El punto es que el OSF, transite de un órgano con autonomía técnica y de gestión a nivel constitucional a ser un órgano constitucionalmente autónomo, con la finalidad que no se encuentre sujeto a las disposiciones y control total del poder legislativo y menos subrepticiamente, al ejecutivo local.

Es importante, la transición de las entidades de fiscalización superior con autonomía técnica y de gestión, a organismos autónomos. Es imperante que en futuras reformas legislativas local se constituya el OSF en un órgano constitucionalmente autónomo, debiendo rendir cuentas de su actuación y resultados al Poder Legislativo; dotadas de un presupuesto suficiente para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que se les han conferido y que garantice que pueda ejercer sus funciones bajo los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad.

Evidente es que se necesita mayor independencia del OSF para estar al margen de intereses partidistas. Además son temas importantes el de la deuda pública y los empréstitos, los cuales, exige mayores controles para frenar el saqueo impune de malos servidores públicos.

Se requiere de una reforma integral que abarque a todos los ordenamientos jurídicos relacionados con la fiscalización y deuda pública, pues no deben existir lagunas, contradicciones o insuficiencias. Porque a nadie le queda duda que carecemos de un eficaz sistema de rendición de cuentas y se requiere una gran reforma a la Constitución Política local, a la Ley Orgánica de los Municipios y la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, con el propósito que los recursos públicos gestionados por las instituciones del gobierno estatal y los ayuntamientos sean a través de un ejercicio transparente y sujeto a control.

REFLEXIÓN

No se trata de exhibir las pifias legales y políticas, sino entre todos y con propuestas serias, construir una nueva legalidad en Tabasco, garantizando la transparencia y responsabilidad de los actos gubernamentales; en esto radica el cambio verdadero.


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sábado, 9 de marzo de 2013

JUSTICIA PARA MUJERES

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y sirvan estas líneas para expresar mi amplio reconocimiento a todas las mujeres. Aquellas que defienden siempre sus ideas con conocimiento y con conciencia, a las mujeres creadoras del hogar, de empresas, de una sociedad más justa y con una nueva forma de ver un panorama optimista del mundo.
 
 
Muchas felicidades a las mujeres en su día, pues son ellas quienes forjan los líderes del mañana y sin ellas y su participación, no podemos comprender el futuro.
 
 
Asimismo, como portavoz de una nueva generación de mexicanos, quiero transmitirles un mensaje, un sentimiento, nuestro compromiso para consolidar un régimen democrático sustentado en valores como la igualdad, la tolerancia, el pluralismo y la equidad de género.
 
Nuestra misión es reinventar una nueva concepción de la política, y construir una ciudadanía fuerte y responsable; con más mujeres en la actividad política para asumir cargos públicos.
 
Que el Día Internacional de la Mujer no quede sólo en eventos, sino se concretice en acciones para la defensa de sus derechos. Porque es importante que todos contribuyamos a romper la cadena de impunidad que niega a las mujeres el acceso a la justicia, abatir la violencia de género, la inequidad y la poca representación de mujeres en altos puestos. 
 
 
 
 
Es necesario que nuestros Estados democráticos protejan de manera efectiva y eficaz la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres. De tal forma, es indispensable promover la participación de las mujeres en el diseño de políticas públicas; fomentar el ejercicio y reconocimiento social y político de los derechos ciudadanos de las mujeres; impulsar la equidad de género; su participación e interlocución en igualdad de condiciones con el varón, en las estructuras en los ámbitos público y privado.