Ha comenzado formalmente la transición de poderes en Tabasco y la alternancia política representa una conquista ciudadana y no una transferencia de beneficios de una élite gobernante a otra. Por ello, la importancia de evitar que sólo sea una mera simulación.
El próximo gobierno del estado que encabezará Arturo Núñez Jiménez, deberá ser lo suficientemente hábil para contemplar una recomposición del espacio público y una nueva institucionalización de las relaciones políticas en el esquema del régimen gobierno-partido, orientado hacia una nueva definición del significado político y social de la democracia en Tabasco.
En esta tarea, deberá redoblar el paso en la modernización del marco jurídico local y sobre todo, en la instrumentación de acciones concretas que permitan consolidar un genuino Estado de Derecho, un gobierno respetuoso de la ley y leyes para dar seguridad y justicia al pueblo tabasqueño.
Un adeudo que tiene Tabasco es la actualización del sistema de control constitucional vigente que adolece deficiencias y para ello, será de suma importancia impulsar una ambiciosa reforma a la Constitución Política y leyes locales, en el marco del fortalecimiento y modernización del Poder Judicial. Además, se deberá promover reformas y adiciones a los primeros artículos de la Constitución del Estado, relacionados con la protección jurisdiccional de las personas.
Un reto ya presente, es la reglamentación de las leyes vigentes en el estado, ya que muchas de ellas carecen de reglamentos. Muchas leyes ya están desfasadas en el tiempo, y otras, el término para promulgar los respectivos reglamentos fenecieron.
Habrá que realizar un gran esfuerzo y muchas leyes deberán ser revisadas, pues incluso existen algunas que no han funcionado u operado y hay que analizar su función, si seguirán vigentes o si es necesario proponer una nueva ley.
Hay muchas leyes que han entrado en vigor, sin embargo, aún no se ha expedido el reglamento correspondiente, lo que se convierte en un obstáculo para una mayor transparencia, seguridad y certeza jurídica.
Un tema pendiente es el de Patrimonio Público y en este sentido, deberá realizarse un trabajo de investigación y análisis profundo de los inmuebles que integran el patrimonio del gobierno del estado.
En este contexto, es necesaria una amplia reforma legal y administrativa. Por ejemplo, la Ley de los Bienes pertenecientes al Estado de Tabasco data de 1970 cuando fungía como secretario de gobierno David Gustavo Gutiérrez Ruiz.
Además del enorme vacío legal, existe el desconocimiento de los bienes inmuebles en el estado y como consecuencia, la falta de integración de los datos de identificación física y de antecedentes jurídicos y administrativos de éstos.
Es necesario poner en marcha un proyecto de inventario y contabilidad de los bienes inmuebles del estado y los municipios, para conocer las propiedades con que cuentan y forman del patrimonio público.
Bien valdría la pena la creación del Instituto de Bienes del Estado de Tabasco, ya que la Dirección de Administración del Patrimonio del Estado de la Secretaría de Administración y Finanzas ha quedado rebasada y es necesario dar certeza jurídica a la ciudadanía del uso de los bienes del estado y mayor transparencia en el servicio público.
REFLEXIÓN
Juntos, sociedad y gobierno, debemos enfrentar estos retos y oportunidades que se avizoran a partir del primero de enero de 2013, porque es necesario desterrar las inercias y atributos del pasado, para evitar que se defrauden las esperanzas ciudadanas por el cambio.
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