Ahora los derechos humanos en México van más allá del simple reconocimiento de las garantías individuales en la Constitución, ya que prevé nuevas facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011.
La trascendencia de esta reforma radica en que se reconoció el rango constitucional de los derechos humanos en la carta magna y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles. En consecuencia, todas las autoridades -en el ámbito de sus competencias-, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
También la relevancia de esta reforma opera en función que los derechos laborales deberán estar ubicados en un espacio de centralidad y precisamente, las comisiones de derechos humanos pueden conocer de quejas en materia laboral.
Vale la pena hacer referencia, que la Constitución ahora es un catálogo mínimo de derechos humanos que puede ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos fundamentales de los mexicanos. Oportuno es saber que existen 51 tratados internacionales vinculatorios que son parte del sistema jurídico mexicano, entre convenciones y pactos. También forman parte del sistema jurídico mexicano 56 declaraciones e instrumentos no vinculatorios, entre declaraciones, reglas, principios, estatutos y cartas.
Estas modificaciones a la Constitución tienen enormes implicaciones para las leyes e instituciones en el país. En este sentido, el nuevo esquema de derechos humanos en México exige ahora que los operadores jurídicos -como intérpretes responsables-, deban examinar la juridicidad de los textos legales de conformidad con el sistema jurídico internacional, aún a pesar de las omisiones legislativas. De tal modo, los valores y principios internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre las disposiciones de carácter interno. Por tanto, los operadores jurídicos deben buscar la interpretación que contribuya de manera más efectiva a su tutela.
Es decir, de ahora en adelante las autoridades judiciales y administrativas están obligadas a cambiar el principio de progresividad por el de pro personae, es decir, a interpretar la norma siempre de manera favorable para los ciudadanos. Indudablemente, el reto es generar una nueva cultura en materia de derechos humanos para los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno.
Respecto a Tabasco, la transición democrática implica un gran reto y decisiva será la labor que habrá de realizar la actual administración estatal para fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho. No sólo bastará adecuar las leyes y demás ordenamientos internos, es necesario también que las autoridades actúen permanentemente apegados en sentido estricto del principio de legalidad que reza que las autoridades solamente pueden llevar a cabo lo que les está expresamente permitido, es decir, para lo que se les faculta, para lo que cuentan con atribuciones, lo que está en la órbita de sus competencias.
Precisamente, en la entidad existen grandes contradicciones entre la ley y la realidad, lo que abre una brecha inaceptable entre la sociedad y el reclamo ciudadano de justicia. En paralelo, se requiere generar nuevos procesos legislativos que progresivamente incluyan en planes, políticas, programas, presupuestos y estrategias gubernamentales, la perspectiva de derechos humanos y por tanto, una política social ligada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Faltan cosas por hacer, la agenda legislativa del Poder Ejecutivo para los próximos seis años, deberá condensar un esfuerzo integral para proveer a los ciudadanos de resultados satisfactorios. Por tanto, 2013 deberá abrir un hito histórico en Tabasco en materia jurídica y legislativa. Al tiempo pues.
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