El Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 está dividido en cinco grandes
temas que son prioridades para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto:
México en paz; México incluyente; México con educación de calidad para
todos; México próspero y; México como actor con responsabilidad global.
Precisamente, la transparencia,
abatir la impunidad, la prevención social de la violencia y el fortalecimiento
de las fuerzas policiacas son
los ejes de seguridad que se incluyen en el PND
2013-2018. Específicamente las líneas de acción de centrarán en robustecer el papel de la Procuraduría General de la
República (PGR); transformar la Policía Federal en un cuerpo de cercanía; transparentar
la actuación de los ministerios públicos y capacitarlos; inhibir el lavado de
lavado de dinero; fortalecer la inteligencia de los cuerpos policiacos y
militares.
Asimismo, potenciar la Ley
General de Víctimas, promover en el
Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva y en este orden
de ideas, para abatir la impunidad, hacer efectiva la efectiva
implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
Estos
propósitos marcan la pauta de implantar un nuevo modelo de operación
institucional en seguridad pública y procuración de justicia que
genere mayor capacidad de probar los delitos. Además, reformas constitucionales y legales que permitan
la expedición de un código de procedimientos penales único y una ley
general penal.
El Gobierno de la República maneja un total de 94 programas federales y el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2013 contempla una decena de nuevos programas
sociales que se implementarán este año para erradicar la desigualdad social y combatir
la delincuencia en el país.
Por ejemplo, hay un programa piloto que tiene el
objetivo de apoyar a jóvenes de escasos recursos a terminar sus estudios como
es el Becas-Salario, que será
manejado por la Secretaría de Educación y el Congreso Federal se encargará de
instrumentar su funcionamiento.
Se prevé también una partida especial que servirá
de base para comenzar a gestionar políticas públicas enfocadas a los jóvenes a
través del Programa de Generación de
Políticas Públicas para Jóvenes. De
igual forma se instrumentará el Programa para dotar computadoras portátiles a
niños de Primaria, con la finalidad de apoyarlos en su formación académica.
Por otra parte, el Programa de Seguro a Madres Jefas de Familia -cuyo monto aún no
queda definido, pues el Congreso de la Unión tendrá que expedir la ley
reglamentaria para definir su operación-, es otro programa de desarrollo social
en el país.
Son importantes estos esfuerzos, no obstante, para
disminuir la desigualdad social se
debe incrementar la calidad en la
educación de nivel básico y cobertura
en nivel medio superior. Otro punto, es establecer mecanismos de protección social que aseguren un piso
mínimo de bienestar en la población mexicana, esto reducirá las probabilidades
de que las condiciones socioeconómicas actuales determinen las de las
siguientes generaciones.
En cuanto a las mujeres, el Programa para promover la Atención y Prevención de la Violencia contra
las Mujeres -operado por la Secretaría de Gobernación-, deberá llevar a
cabo campañas, capacitación a autoridades locales y federales para prevenir la
violencia contra las mujeres. Sin embargo, considero que muy importante sería
complementarlo con acciones que
favorezcan el ingreso de un número mayor de mujeres al mercado laboral.
Otro de los mayores retos es
la reforma penal, toda vez que al no
haber sido una prioridad de la administración federal anterior, los gobiernos
locales tampoco la consideraron una prioridad dentro de su agenda política y
presupuestaria. A tal grado, que sólo
Chihuahua, Morelos y el Estado de México han iniciado la operación del nuevo
sistema.
Esto
implica retos institucionales y a
nivel normativo, que va desde la implementación,
la evaluación y el proceso penal en
general, hasta la creación de
indicadores sobre el nuevo sistema a nivel local, que sean capaces de
reflejar los avances y áreas de oportunidad de cada una de las entidades
involucradas. El problema radica en que solo quedan tres años para concluir la
etapa de la implementación.
Precisamente, hay una partida manejada por la SEGOB con un monto de 458 millones 943 mil 840 pesos y que
servirá para terminar de implementar la modalidad de juicios orales en toda la República
a través del Programa de Subsidios para
implementar reformas al Sistema de Justicia Penal.
Entre otros programas federales se encuentran el de Gendarmería Nacional, Atención
integral para Víctimas de los Delitos de Alto Impacto y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia. Éste atenderá con urgencia cincuenta y siete demarcaciones del
país –cuarenta y ocho municipios, dos delegaciones del D.F. y siete
zonas metropolitanas-, que requieren mayor apoyo en el corto plazo a través
de una visión de acupuntura urbana y focalización.
Adicionalmente, se
implementarán acciones preventivas en doscientos cincuenta y un
municipios y se señalan estrategias nacionales de corto, mediano y largo
plazo, todo ello apoyado con la
participación decidida de organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado y organismos internacionales.
En el caso de Tabasco, ya ha
comenzado a recibir recursos para estos programas estratégicos de prevención de la
delincuencia. Por
ejemplo, se ha beneficiado al municipio de
Centro con un presupuesto de 29.6 millones
de pesos en este año, a través de un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Prevención y Participación
Ciudadana, para impulsar un programa social enfocado en colonias populares
consideradas como focos rojos.
De
igual modo, la SEGOB
autorizó recursos para seguridad pública a seis estados, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Para ello, se otorgará el Subsidio para la Seguridad Pública de los
Municipios (SUBSEMUN), derivado de dos convenios de adhesión celebrados
entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y varios municipios del estado
de Tabasco.
Los
documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación precisan que dichos
recursos presupuestarios federales, se destinarán exclusivamente para
profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública de los municipios
beneficiarios. Además
de mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como desarrollar y
aplicar políticas públicas en materia de prevención social del delito, en
atención a los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo
Nacional. Los municipios beneficiados son Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de
Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Centro. Los
primeros nueve municipios recibirán un subsidio federal de 10 millones de pesos y en el caso específico de Centro, un recurso
de 30 millones
557 mil 667 pesos.
Sin embargo, es importante señalar que conforme a las reglas de
operación, los municipios beneficiados se obligan a aportar
de sus recursos presupuestarios el 25
por ciento del total de los recursos federales otorgados.
REFLEXIÓN
Hablando de la reforma al sistema
de justicia penal adversarial en Tabasco, la formación y la capacitación de
recursos humanos es uno de sus pilares, como de su operación misma, ya que se
requiere una transformación no sólo técnica, sino también cultural en los
perfiles y el desempeño profesional de los funcionarios en todos los niveles de
la estructura.
En este sentido, es importante la
vinculación con los sectores académicos y universidades de la entidad, para
que aporten sus conocimientos, experiencia y práctica profesional en la
instrumentación de esta importante reforma judicial penal, y quede
congruentemente incorporada a nuestro marco jurídico estatal y operando
eficazmente.
Corresponderá a la
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, la evaluación del desempeño
de los tres niveles de gobierno; la lupa está en sus manos.
E-mail:
guillermoars@gmail.com
Twitter:
@pumamemo
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