La inseguridad pública y el mejoramiento efectivo del sistema de impartición de justicia siguen siendo una asignatura pendiente que el gobierno federal no ha logrado concretar, a pesar de los instrumentos jurídicos que se han legislado y aprobado, y un incremento sustantivo en los presupuestos de seguridad pública.
Los acontecimientos sociales y políticos que han tenido lugar en Tabasco a partir del domingo 16 de marzo y que suman ya más de una semana de paro laboral de los trabajadores adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han frenado todo optimismo del compromiso del cambio en la entidad; ese cambio que Arturo Núñez Jiménez ofrecía con la argumentación de esperanza.
¿Qué ha cambiado? Se preguntan muchos. Poco o casi nada, es la respuesta. No es posible eludir la responsabilidad que corresponde al equipo de trabajo cercano al gobernador.
Hablar de policías en la actualidad, es trasladarnos a malas experiencias y desconfianza. Nunca vemos al policía como un ser humano quien como todos tiene familia, obligaciones económicas y menos aún como un trabajador, quien cumple con una carga horaria excesiva, sin retribución de horas extras, con un desempeño laboral riesgoso y alto grado de peligrosidad para su integridad física al desempeñar su trabajo con un sueldo raquítico, lo que lo motiva en más de las ocasiones a la corrupción y en no menos veces, menospreciado por la sociedad y sin seguridad laboral en sus empleos.
Aunado a los bajos salarios que perciben, falta de capacitación, equipos obsoletos y carentes de un sistema de jubilaciones y pensiones, en las corporaciones policiacas depositamos la seguridad de toda nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo exigirles que realicen bien su trabajo si no le proporcionamos el mínimo de seguridad para ellos y sus familias?
La reforma del Estado y sus instituciones, es uno de los principales proyectos de la presente administración que encabeza Arturo Núñez Jiménez, es una tarea prioritaria que representa un conjunto de acciones encaminadas a mejorar la eficacia del sistema de seguridad pública y a corregir los vacíos legales que en los ordenamientos locales, impiden un mejor desempeño de las corporaciones policiales, así como brindar certeza jurídica a las personas en la sanción del delito.
La Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como la coordinación del Estado y sus municipios con la Federación y las demás entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Adicionalmente fija las bases para la coordinación entre las distintas autoridades e instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en el estado y los municipios. No menos importante, establece la adopciónde un sistema integral de desarrollo policial, ministerial y pericial, para aprovechar al máximo las competencias y capacidades de los servidores públicos que integran las instituciones de seguridad, además de la valoración y certificación de todos los policías a través de Centros de Evaluación y Control de Confianza.
Desafortunadamente, los gobiernos de los estados no han cumplido el acuerdo nacional de certificar y evaluar a los más de 380 mil policías estatales y municipales, cuyo plazo venció el 29 de octubre de 2013, tal como lo exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el plano local, en unos cuantos días se han conocido verdaderas pifias que profundizan la crisis de seguridad pública en Tabasco. Es necesario rescatar a los cuerpos policíacos y mejorar la calidad humana y laboral del personal adscrito a la SSP, considerando que la inseguridad jurídica laboral y económica, lleve a los policías a incorporarse a la delincuencia. Además, podría generar un efecto dominó en otros estados y agudizar el problema de la indemnización de policías o servidores públicos separados de su cargo, en caso de no aprobar los controles de certificación de confianza.
En Tabasco se debe buscar el equilibrio permanente por encima de las coyunturas, con base en las instituciones y en lasupremacía de la ley, siendo la propia ley, la que establece los criterios para juzgar y el marco preciso de la actuación del ejercicio de gobierno.
INCOHERENCIAS Y DERECHOS HUMANOS
Luego de un primer intento a finales de 2013 y fuera de toda legalidad, al interior de la SSP, hoy también pretendenimponer “retiros voluntarios” con procedimientos poco claros, de forma inequitativa, discriminatoria e ilegal, lo que no debe pasar por inadvertido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A pesar de que son un grupo reducido de personas, es un problema generalizado y de gran magnitud por sus implicaciones legales y por conculcar los derechos humanos de estos trabajadores, porque es exigencia de todo Estado Democrático de Derecho, garantizar los derechos de los ciudadanos y forjar en la sociedad una verdadera culturade la legalidad.
Ese debe ser el compromiso del Poder Ejecutivo: el respeto a la legalidad. Lo que implica gobernar con estricto apego a la ley, estableciendo estándares que permitan fomentar la certeza jurídica, incrementando la calidad del sistema de justicia y del ejercicio profesional de los cuerpos policíacos, a través de su profesionalización y capacitación permanente y, en general, elevando la confianza ciudadana en las instituciones.
En tales términos sirve de apoyo para la reflexión lo declarado a medios de comunicación por Audomaro Martínez Zapata, el pasado mes de septiembre de 2013 y que es un hecho público notorio al llamar viejos e inútiles a 60 elementos bajo su mando en la SSP.
En rigor, es necesario analizar los verdaderos alcances de estas acciones, no como simples hechos aislados, porque la exigencia de justicia y legalidad abarca no solamente al concepto de justicia per se, pues éste se vincula con el de la protección de los derechos humanos. No menos importante, es garantizar que los ciudadanos no sólo tengan avalados sus derechos, también que los funcionarios estén obligados arespetarlos.
EL PRD EN TABASCO ANTE SU DESTINO
La mezquindad de sus dirigentes les ha impedido convertir en Tabasco al Partido de la Revolución Democrática (PRD), en una izquierda social auténtica y el advenimiento delMovimiento de Regeneración Nacional (MORENA) implica la reproducción de la lista de valores y orientación del poder de los intereses de grupo que actualmente encabezan alperredismo tabasqueño; el crédito o descrédito público no son preocupaciones morales ni políticas de la izquierdatropicalizada, pues siempre estará presente el recurso del cambio. Parece una tesis demasiado simplista pero las impopularidades del PRD conseguirán el resto.
REFLEXIÓN
Tabasco es la historia de un conflicto político que inició en 1988 y que se ha postergado a lo largo de cuatro sexenios y un quinquenio. Valdría la pena dar un repaso a nuestra historia.
El verdadero cambio se aprecia en las casas, en los comercios y empresas. Los ciudadanos de a pie no advertimos obras de infraestructura, de progreso social y colectivo. No existe diálogo, ni acuerdos tangibles para resolver los problemas políticos que se están trasladando a las calles.Definitivamente, si los resultados en Tabasco no son inmediatos, allí están las elecciones intermedias del próximo año para cambiar a la mayoría del Congreso y los Ayuntamientos.
E-mail: guillermoars@gmail.com
Twitter: @pumamemo
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