PRIMER INFORME DEL GOBIERNO MOTOR DEL CAMBIO

El slogan de campaña de Humberto de los Santos Bertruy en las pasadas elecciones para presidente municipal de Centro fue “Centro: motor de cambio" y lo que hoy vemos es que su acción de gobierno hacia un cambio en beneficio de los villahermosinos, ha sido prácticamente nula, pues nada significativo se ha hecho para mejorar el bienestar de los vecinos de este municipio, quienes le brindaron su confianza.

Si bien es cierto que hasta el momento es poco tiempo para ver resultados tangibles, también es verdad que todo parece indicar que el edil cuyo origen político es del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que coyunturalmente llegó a la coalición de las izquierdas denominada Movimiento Progresista por Tabasco, no ha movido un solo dedo para tratar de solucionar las necesidades de los habitantes de Villahermosa, quienes en gran parte del municipio siguen sufriendo por alumbrado público, lo que beneficia a los delincuentes, porque muchas veces los guardianes del orden brillan por su ausencia en casos de emergencia para auxiliar a la población, y por si fuese poco, el número estatal de emergencias 066 no funciona correctamente. Y en el plano municipal, ni siquiera existe la difusión de algún número de emergencias o atención ciudadana por parte del Ayuntamiento de Centro.

Precisamente, uno de los problemas que se han acrecentado en esta época decembrina son los robos a transeúntes, ya que muchas calles de esta ciudad no cuentan con la iluminación suficiente, ni en buen estado, lo que se convierte en un aliado de la delincuencia y provoca que los amantes de lo ajeno hagan sus fechorías por las noche.

Por si fuera poco, existen un sin número de negocios ilícitos y en la clandestinidad, además, la capital de Tabasco es un asco de basura y caos vial ante tantas calles en pésimo estado. Para muestra un botón y es que afuera del palacio municipal existen tantos baches que son un verdadero peligro para automovilistas y peatones.

 

Si a esto le sumamos que cada vez que llueve se inunda la ciudad debido a la falta de drenaje y la falta de pavimentación, el panorama para la sustentabilidad de la capital tabasqueña se encuentra seriamente comprometida. Cada vez nuestra ciudad está más fea e indigna y parece pues que todo mundo hace lo que quiere en este lugar, pero eso sí, nuestros parques y espacios públicos están al servicio del ambulantaje y la pregunta cuánto es el costo del ocupar la explanada del Parque Juárez, bajo qué términos y condiciones se otorgó el permiso.

Sin duda muchos de los ediles que han desfilado por este municipio han sido una vergüenza para este pueblo y ahora el actual presidente municipal, sigue el mismo camino.

Villahermosa, como sus calles, se encuentra hundida en la ineptitud de su gobierno municipal y basta tan sólo un recorrido por las calles del municipio de Centro, como podremos darnos cuenta de la incapacidad del gobierno municipal para responder a la demanda de mejorar las vialidades y servicios en esta ciudad. Igualmente nos podremos dar cuenta que, a pesar de la existencia de obra pública -romper calles y banquetas-, la percepción que los habitantes de Villahermosa tienen de dicha administración es de una muy alejada de la sociedad. Aquellos que dieron su voto a favor de Humberto de los Santos Bertruy advierten indolencia e insolencia de su alcalde.

Las escasas obras, hay que decirlo, han sido y continúan siendo seriamente cuestionadas y nunca en ningún momento se ha pedido opinión a los habitantes a fin de conocer cuáles obras deben ser prioritarias.

REFLEXIÓN

Usted estimado lector analice el balance del primer año de labores de Humberto de los Santos Bertruy y saque su propia conclusión, con base en qué hemos obtenido los habitantes de la otrora Esmeralda del Sureste.

 

 

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ES EL TIEMPO DE LA SOCIEDAD CIVIL

El neoliberalismo hizo de un partido un adminículo de una moda, que sin quererlo el PRI, luego del desprestigio histórico que lo expulsara de Los Pinos, regresa oportunamente con mayor fuerza ante el sentimiento de orfandad de una sociedad mexicana, que aún no ha comprendido que la democracia es algo demasiado importante para dejarla solamente en mano de los políticos.

 

Amigas y amigos, no nos sorprenda las municiones retóricas del priísmo, del panismo, del perredismo, que consisten en el ataque a las oposiciones y en la negación de su pasado.

 

En esta lógica, ¿cómo sobrevivir a la trayectoria de las represiones, los saqueos y catástrofes de la más pura incompetencia del priísmo? ¿Cómo sustentar lo que ha perdurado en función de la desmemoria nacional?

 

En el año 2000, el PAN perdía su eje de coherencia y la complicidad persistía, dibujando el mismo retrato del poder, multiplicando los fracasos y trazando su obituario en el 2012.

El PRD esquivó su pasado mientras alcanzaba el poder, y el voto era el instrumento reivindicativo y de rectificación. Sin embargo, al llegar al poder todo acaba en autoengaño.

 

El presidencialismo mutó en un sistema de alianzas de partido y de corte autocrático, con la capacidad de endeudar, de privatizar y plantear a la nación, soluciones siempre propuestas en medio del sometimiento al orden financiero internacional. Este nuevo juego democrático da como resultado el arrasamiento sistemático de las alternativas y de cualquier posible instrumento de contención a las decisiones del Ejecutivo.

Hemos estado formados en una cultura política cuyo vértice nos impide el entendimiento, actuar conforme a principios y la cohesión social. Precisamente, hace unos días fuimos testigos que la cargada cambiaba de signo ideológico y esto me hace reflexionar que es el momento de la sociedad civil.

Después de este largo periodo de terapia homeopática en el que nos han ido metiendo gota a gota el convencimiento de que no hay alternativa para la nación que la privatización de sectores estratégicos, ya apenas nos quedan fuerzas para imaginar o hacer algo distinto.

Estimado lector, si se fija, el debate iba dirigido sobre todo a acentuar la necesidad de cortar aquí en vez de allá, en esto o lo otro, pero la resignación nunca se impone a quienes maman las mieles del poder y sus beneficios a través del erario público.

Efectivamente, si no remamos todos en la misma dirección no vamos a ninguna parte. Pero ha sido evidente, que los partidos políticos, sean cuales fuesen las circunstancias, no acabarán reflejando nunca el pluralismo de una sociedad como la nuestra, y la crítica política siempre es imprescindible.

México necesita dar un gran salto social a partir de una gran alianza ciudadana, que reúna a un importante grupo de profesionales y académicos, que sea plural en lo ideológico y que trabaje unido por detectar cuáles son nuestros problemas y sus posibles soluciones. Hoy faltan ideas y una mayor capacidad para saber innovar a partir de nuestras fortalezas y evitar que nuestras deficiencias se conviertan en un lastre. En una situación de crisis, una sociedad dinámica y responsable no espera a que otros la dirijan, actúa por sí misma, se auto organiza y se moviliza para buscar cooperativamente el camino que nos saque del atolladero; enmienda sus errores y se traza nuevos objetivos.

Con un Estado en retirada se debilitan las posibilidades de seguir apelando a su tradicional capacidad para ejercer su labor protectora. Pero eso no significa que haya llegado el momento tan ansiado por los neoliberales de subvertir el sentido de lo público y relegarlo a una dimensión marginal dentro de la vida social. Todo lo contrario, hoy más que nunca es necesario redefinir qué es lo imprescindible y qué lo superfluo en la acción estatal, qué nos podemos permitir bajo las actuales circunstancias y qué debe ser repensado. Siempre con la vista puesta en lo que tiene que ser preservado como bien público, y no como una ocasión para quienes buscan una oportunidad de negocio allí donde ahora ya no puede llegar la acción estatal.

 

REFLEXIÓN 

 

Bien mirado, estamos ante una ocasión única desde la alternancia política en el año 2000, para que la ciudadanía vuelva a ser protagonista de su destino o bien, mexicano arrástrate más.

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A LA OPINIÓN PÚBLICA

Dicen que no hay hombres débiles, solo voluntades menguadas y precisamente, el autor de esta sabia frase que un día su mente la expresó y su mano la escribió, para que caminara del lado de la humanidad hasta que la justicia divina cambiase las condiciones de este mundo, es reflejo de las perversas complicidades de la política, que le ha permitido suplantar al Estado en sus más nobles funciones, generando una cultura de dependencia que sedimenta en proporción inversa la participación democrática, solidaria y responsable de la sociedad.

No puede decirse que el tabasqueño haya vivido muy atento al quehacer de su case política. Ni que los políticos hayan estado a la altura de su responsabilidad moral que es elevar los indicadores de bienestar del pueblo, y más distante, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la cohesión social.

La realidad que vemos diariamente en cada esquina, nos debe hacer reflexionar a la mayoría de los mexicanos que estamos secuestrados por la caótica situación económica, social y de seguridad que se vive en el país.

La denuncia pública, no esputa sobre la cara razonamientos sociales que intentan convertirse en derecho de piso en la ya por sí desprestigiadas ciudades de esta nación. Esta declaración, coloca a Tabasco y sus ciudades, mortalmente desahuciadas, nuestra patología es contagiosa y no tiene remedio.

Precisamente, Tabasco parece vive en un desahucio social y esta peste está mermando a la máxima institución social, que es el ser humano, a pesar que la sociedad tabasqueña aplicó una dosis en 2012, de ejercicio democrático, libre y participativo, el cual, que se reflejó en las urnas y cuyos resultados son conocidos por todos, en esta tierra caliente donde los ciudadanos están secuestrados por la influencia negativa del clientelismo, los ánimos fríos y la apatía social. ¿Cuándo cambió la historia pujante de esta ciudad y de este estado?

Ante esta circunstancia, las autoridades democráticamente electas, empequeñecieron y abrieron la puertas a los oportunistas sociales que se visten de mil formas, antes críticos de la corrupción y excesos del partido en turno y hoy echando las campanas de la pluralidad al vuelo, pero la verdad innegable es que se han convertido en alcahuetes de un fenómeno que lleva el título de partidocracia, disfrazada de militante de izquierda, que en absoluto nada tiene que ver con esta corriente ideológica y política.

 

Somos testigos de la ausencia de liderazgos y el trabajo político se ha centrado por generar una opinión pública dada a tumbos emotivos, construyendo enemigos públicos bien identificados y a quien un día los veían en televisión con beneplácito, y otro día, pedían que se le hiciera guerra. Por ello, sirva la reflexión que mañana esto puede convertirse en una trampa de mucho peligro para la política que quiera ser efectiva, es decir, alcanzar su propósito que es el poder.

REFLEXIÓN

Lo grave en una sociedad es lo que no se dice, pero que todos piensan frente a los funcionarios públicos, sean del nivel que sean y quienes muchos de éstos, se sienten superiores a la mayoría de las “bestias” de a pie, quienes recorren las ciudades, poblados, villas y rancherías de este gran estado, cuyos recursos humanos se marchitan. Mientras tanto, paradójicamente los grandes recintos del poder son testigos de las magnas disertaciones entre caballos, bueyes, mulas, asnos y borregos. No olvidemos que los principios incorporan actitudes y conductas.

 

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¿Y LOS REPECOS?

México es el último país en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en recolectar ingresos a partir de la retribución tributaria, es decir, nuestro país no recauda ni siquiera el 14% de su Producto Interno Bruto (PIB)[1] por medio de la recaudación fiscal, colocándonos por debajo de países como Chile y otros países similares como Brasil. Estos datos se refieren a los niveles federales, sin embargo la recaudación a nivel estatal y municipal es aún menor, (acumulando únicamente el 0.6% del PIB)[2]; la recaudación ha sido tan insiginificante que tenemos municipios endeudados y en ocasiones en quiebra.

La baja recaudación en México se puede explicar en parte por los problemas para cobrar los impuestos existentes, las causas de esta baja eficacia obedecen a múltiples razones, una de ellas es la evasión, producto de la complejidad técnica del marco jurídico y la falta de una cultura tributaria. En ese sentido, en 1998, nace el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), cuyo objetivo era incorporar a la mayoría de los vendedores que operaban en menor escala y de los cuales muchos estaban en el sector informal de la economía, brindando beneficios en el aspecto administrativo y fiscal, dado que realmente no llevan un registro de sus operaciones de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (CFF), ni tienen que realizar cálculos sofisticados para determinar el pago de sus impuestos. Precisamente, este régimen se convirtió en un privilegio para algunos cuantos, quienes obtuviesen ingresos de hasta dos millones de pesos, cumpliendo con los requisitos de ser persona física, realizar actividades empresariales y vender bienes o prestar servicios sólo al público en general.

Es preciso señalar que actualmente poco más del 80 por ciento de los trabajadores independientes se clasifican dentro del REPECOS. Sin embargo, este régimen ha permitido el diseño de estrategias para evadir el pago de los impuestos correspondientes a su actividad.

Por ello, no obstante con el propósito de su creación, según datos estadísticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el referido régimen en México registró entre 2000 y 2010 una evasión superior 96 por ciento. A pesar del potencial recaudatorio de este régimen, su recaudación es relativamente baja, alrededor de 0.6 puntos del PIB en 2010, al comparar con el número de contribuyentes que lo conforman.

En este orden de ideas, algunas de las formas en que se evade o minimiza el impuesto en este régimen son: 1) la subdeclaración de ingresos, mediante la cual el contribuyente aunque no rebase el monto límite establecido para permanecer en el REPECO, manifiesta un ingreso menor al que realmente obtendrá, por lo que es una forma de evasión parcial del pago de sus impuestos; 2) la atomización de Ingresos, por la cual, el sujeto del impuesto “divide” entre otros sujetos la percepción de sus ingresos y así lo declara ante las autoridades fiscales, por consiguiente al ser menor el ingreso declarado, disminuye o diluye el pago de sus impuestos correspondientes al ingreso global; 3) la no declaración, que es la forma más directa de evadir el pago de sus impuestos y; 4) el no registro, que está constituida por las personas que desarrollan actividades que están contempladas para el REPECO, y cuyos ingresos estimados estarían dentro del monto límite establecido para tomar dicha opción; sin embargo, no forman parte del Registro Federal de Contribuyentes.

 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta para el 2014, prevé el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), para personas físicas que tienen ingresos por actividades empresariales y profesionales. El cual, sería aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos anuales de hasta dos millones de pesos.

El RIF sería cedular y de aplicación temporal durante un periodo de hasta diez años, sin posibilidad de volver a tributar en el mismo. Por lo que en el décimo primer año los contribuyentes se incorporarán al régimen general, sin posibilidad de volver a tributar en el RIF. Los contribuyentes de este régimen efectuarían pagos definitivos bimestrales y se otorga un descuento en el ISR del 100 por ciento del pago, durante el primer año, el cual se irá disminuyendo paulatinamente a lo largo de los siguientes diez años, para pagar la totalidad del ISR a partir del décimo primer año.

Los contribuyentes que habiten en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, serán librados de cumplir la obligación de presentar declaración, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o medios electrónicos, siempre que cumplan los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general.

Prevé que cuando no se presenten las declaraciones informativas, en dos ocasiones consecutivas o en cinco ocasiones no consecutivas en seis años, el contribuyente dejará de tributar en el RIF. Además, presentarán de manera bimestral las declaraciones de pago correspondientes al IVA e IEPS, sin estar obligados a presentar las declaraciones informativas relativas a dichos impuestos, pero en cambio tendrán que presentar una informativa de clientes y proveedores del ISR.

El RIF sólo será aplicable a las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, y que tengan ingresos anuales hasta por dos millones de pesos. Por tanto, todos los contribuyentes que tributan en REPECOS podrán situarse en el RIF, no así respecto de los que se ubican en el régimen intermedio, ya que éstos tendrán que emigrar al régimen general.

Con el referido régimen se pretende que la incorporación a la formalidad atraiga esencialmente a quienes hoy ya realizan una actividad empresarial, enajenan mercancías o prestan servicios y no cumplen sus obligaciones fiscales, creando un punto de entrada a la formalidad por parte de quienes se encuentran en la informalidad.

Asimismo, las personas que inician un pequeño negocio o empresa podrán optar por tributar en el RIF, de tal manera que una vez que el contribuyente en el desarrollo de su actividad económica haya alcanzado la madurez y estabilidad, transite al régimen general aplicable a todos los contribuyentes.

No obstante, las buenas intenciones con la creación del RIF estableciendo un punto de entrada a la formalidad, en el aspecto tributario y también en el de seguridad social, se advierte un serio problema en la cadena de comprobación e información fiscal, ya que no todos los proveedores de los contribuyentes en el RIF, les van a entregar facturas por lo que les vendan, entonces no podrán deducirlos y tendrán necesariamente pagar más impuestos y sus ganancias serán más pequeñas. 

 

REFLEXÓN

Se eliminan los REPECOS y no existe posibilidad de dar continuación a esta figura, ya que no hay transición, por lo tanto quienes tributan en este régimen se tendrán que dar de baja al 31 de diciembre de 2013, lo mismo ocurre con los regímenes intermedios, por lo que los nuevos requisitos que existen pueden ocasionar que al no tratarse de una mecánica sencilla aumente la informalidad.

 

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[1] Agenda de Reformas para un Crecimiento Incluyente y Sostenible. Banco Mundial-LAC. México 2013, p 117.

[2] Ibídem.

OJO CON EL CÓDIGO FISCAL

México es el último país en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en recolectar ingresos a partir de la retribución tributaria, es decir, nuestro país no recauda ni siquiera el 14% de su Producto Interno Bruto (PIB)[1] por medio de la recaudación fiscal, colocándonos por debajo de países como Chile y otros países similares como Brasil. Estos datos se refieren a los niveles federales, sin embargo la recaudación a nivel estatal y municipal es aún menor, (acumulando únicamente el 0.6% del PIB)[2]; la recaudación ha sido tan insiginificante que tenemos municipios endeudados y en ocasiones en quiebra.

En este orden de ideas, con la aprobación en la Cámara de Diputados, termina el camino de la reforma hacendaria en el Congreso de la Unión, con lo que se oficializa el nuevo esquema de impuestos que se aplicará a partir del 1 de enero de 2014, destacando la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16% en la frontera, así como el cobro de IVA a la comida para mascotas, la goma de mascar y el transporte foráneo de pasajeros. Asimismo, se avalaron cambios como el aumento del 5 al 8% al gravamen a alimentos chatarra, el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 32% a ingresos mayores a 750,000 pesos (se había aprobado ese cobro a partir de 500,000 pesos), o aumentar la deducibilidad de prestaciones del 47 al 53%.

Otro de los cambios aprobados fue en la Ley Federal de Derechos, para que de los recursos obtenidos con el impuesto del 7.5% con que se gravara las ganancias de las empresas mineras, el 50% se destine a los municipios donde se asientan las minas, el 30% a los gobiernos estatales y el 20% a la Federación. De igual modo, se concreta también el cobro del Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) de un peso por litro a las bebidas azucaradas.

Cabe mencionar, que no hay reforma fiscal de unanimidades en el mundo, que con intereses legítimos diferentes grupos de la sociedad se expresan y manifiestan, pues tratándose de impuestos siempre el tema es polarizante. No obstante, como un tema inviable y administrativa y financieramente absurdo, es la mal denominada reforma hacendaria que establece un déficit de 0.4% para lo que queda del año y de 1.5% para 2014 y que fue avalada por nuestros diputados y senadores. Por otra parte, adoptar una Regla de Balance Estructural[3] que permita tomar mayor deuda en los tiempos de baja actividad económica es riesgoso, además de que sólo el 5% de la deuda adicional proyectada, hasta el momento, está dirigido a gasto social.[4] Esto implica que el endeudamiento público propuesto en la Ley de Ingresos está fundamentado en un conjunto de supuestos macroeconómicos muy ambiciosos, como un crecimiento económico mayor al 3% y el aumento real de las exportaciones de 6.8%, que podrían no concretarse.

La ciudadanía está cansada y nadie en su sano juicio le dejaría a nuestros gobiernos meterle mano discrecionalmente al dinero público y es que el salario es sagrado y para los mexicanos la distribución de la carga impositiva en la población hace referencia en un impacto negativo en el bienestar de las personas que ven afectados sus ingresos por la aplicación de una política fiscal poca redistributiva en México. 

Sobre esta Miscelánea Fiscal 2014 se ha centrado mayormente la atención en los nuevos impuestos, sin embargo, olvidamos una serie de modificaciones al Código Fiscal de la Federación, del cual, advertimos una serie de desaciertos jurídicos. Tal vez, la parte más importante es el artículo 69 que permite que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publique en su página de Internet el nombre, denominación y razón social y clave del Registro Federal de los contribuyentes de aquellas personas que sean beneficiarias de créditos fiscales, que tengan un crédito fiscal firme. Si bien, perfila la eliminación del secreto fiscal, por lo que en el futuro inmediato el SAT podrá exhibir a los contribuyentes morosos, como medida de advertencia para quien pretenda realizar negocios con este tipo de personas físicas o morales, el punto, es que dicho de otra manera, para quienes tengan un crédito fiscal firme se crea una especie de buró de deudores.

Por otra parte, los créditos fiscales en esta reforma al Código Fiscal, establece un plazo máximo de 10 años para que se configure la extinción de los créditos fiscales a través de su prescripción y ya no 5 años.

En materia de cancelación de créditos fiscales, la autoridad fiscal federal no tiene obligación de hacer público el procedimiento, y esto es lo malo. Se lleva a cabo para determinar la insolvencia del deudor y responsable solidario, o la incosteabilidad de los costos de los créditos para proceder en su cancelación.

Si bien, resulta un avance conocer a los beneficiarios por primera vez se podrán conocer los beneficiarios de la condonación de créditos fiscales, pero sería mejor transparentar el procedimiento para determinar quien sí y quien no se hace acreedor de la condonación de un crédito fiscal. Gracias a este Código, conoceremos quienes serán los beneficiarios de los créditos condonados, pero no los montos ni los procedimientos sobre los cuales se condona.

La adecuación al artículo 53-C es controversial, porque atenta en contra de la seguridad jurídica del contribuyente, ya que la adición de este numeral, de forma casi subrepticia, le permitiría a la autoridad fiscal realizar dobles o triples auditorías en un periodo ya auditado con anterioridad, con el pretexto de que no se revisó algún documento. Asimismo, el ajuste al artículo 58-A también es de las más controversiales, al abrir la posibilidad de que la autoridad fiscal rechace por completo la contabilidad del contribuyente sin establecerse parámetros objetivos para ello, creando requisitos inexistentes en la ley.

Si bien es cierto, es necesario se eviten los rígidos formalismos en las leyes fiscales y que la autoridad fiscal adopte las mejores prácticas en todas sus actuaciones, como pueden ser las que resulten menos onerosas para el contribuyente, especial atención merece el Buzón Tributario, que no es otra cosa, que un esquema de fiscalización electrónica para que la autoridad realice la notificación, requiera y reciba la documentación e información del contribuyente, con lo cual, puede estar en riesgo la seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales. Además, el nuevo Código Fiscal plantea que la contabilidad se realice a través de plataformas informáticas de manera obligatoria, además de que las tarjetas de crédito o débito funcionen como medio adicional de pago para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

REFLEXIÓN

De lo expuesto, la relación fisco-tributaria debe basarse en el compromiso ciudadano y no en la persecución y fiscalización del contribuyente. Para lograrlo, es necesario fomentar una nueva cultura contributiva basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, y en primera instancia, es importante que las leyes fiscales sean simples y de fácil comprensión y que haya facilidades administrativas para el pago de contribuciones. Al tiempo pues.

 

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[1] Agenda de Reformas para un Crecimiento Incluyente y Sostenible. Banco Mundial-LAC. México 2013, p 117.

[2] Ibídem.

[3] La Regla del Balance Estructural es el indicador sobre la base del cual la regla de política fiscal está formulada. El Balance Estructural es el indicador que resulta de estimar el balance presupuestario del gobierno federal que se obtendría en el año 2014 si el precio del petróleo estuviese en su nivel de tendencia y de la actividad económica sobre los ingresos fiscales.

[4] Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.

EL VERDADERO IMPACTO DE LA REFORMA HACENDARIA

He de precisar que el objeto de esta reflexión es analizar y dimensionar adecuadamente el contenido y alcance de la reforma hacendaria, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, su efecto económico de los impuestos en la redistribución de los ingresos, así como la incidencia fiscal de los mismos, la progresividad o la regresividad de los impuestos.

 

Frente a la desaceleración de la economía nacional y las necesidades de ingresos para fortalecer las finanzas públicas y dotar al Estado de mayor capacidad para responder a los desafíos, es imprescindible una renovación de la política tributaria de México. No obstante, el país requiere de una reforma hacendaria integral que actúe como palanca de desarrollo y no sólo como una simple fuente de ingresos.

 

Recaudar más y mejor debe ser la tónica, asimismo, diversificar los ingresos como un objetivo fundamental para disponer de recursos suficientes y estables que articulen un Estado fiscalmente sólido con margen suficiente de maniobra para el éxito de una inminente reforma energética que necesariamente implicará contar con ingresos no petroleros. Porque, es claro que seguimos dependiendo de éstos.

 

México requiere dinamizar el crecimiento a partir del estímulo a la inversión productiva, la generación de trabajo y la creación de incentivos para operar en la economía formal. Sin embargo, la reforma hacendaria no preserva un adecuado clima para los negocios y lejos estará de mejorar el bienestar de los mexicanos, pues no evita la inequidad tributaria y menos garantiza la vigencia de los principios de proporcionalidad y constitucionalidad. Para muestra, la reducción de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos costará uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y la ampliación prevista en la cobertura de seguridad social requiere otro dos por ciento del PIB.

 

Por ello, nuestro país requiere de una reforma tributaria que atienda tres principios básicos: 1) no recaudar más sobre los contribuyentes cautivos; 2) incrementar la base gravable a través de políticas públicas que propicien el tránsito de la informalidad a la formalidad y; 3) asegurar el control del gasto corriente; este último es un elemento clave.

 

Si bien es cierto, los ciudadanos tenemos el deber de contribuir al mantenimiento del Estado en beneficio de la colectividad y estas obligaciones se traducen en el pago de impuestos, que más allá del sostenimiento de las arcas públicas se basan en un deber de solidaridad, que es un soporte inquebrantable de la democracia. El ciudadano al pagar sus impuestos, no aporta un cheque en blanco al Estado, pues existe la máxima constitucional del uso correcto de estos recursos que serán destinados al gasto público.

 

Esta reforma hacendaria quedó corta y sólo busca recaudar más de los contribuyentes cautivos. Asimismo, no se advierte la posibilidad de incrementar la base gravable de la economía y lo más importante que es mejorar la rendición de cuentas, así como evitar subejercicios y sobregiros en el gasto público.

 

Y precisamente, todo cambio que se haga al sistema fiscal debe empujar el crecimiento del país y no ser una simple fuente de ingresos. Si bien, se debe diversificar los ingresos, pero no apostarle a obtener más recursos de los contribuyentes, sólo a través de un aumento de impuestos. Esto es una mala señal, porque el efecto de la reforma hacendaria impactará a las entidades federativas. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación de impuestos estatales y locales no llega al cinco por ciento del total en México, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, la proporción supera el treinta cinco por ciento.

 

¿Qué nos espera para 2014? Una mayor desaceleración de la economía mexicana y el impacto negativo que tendrá el aumento de gravámenes en el contexto de desaceleración que vive actualmente la economía. Se puede esperar una contracción del consumo durante los primeros trimestres del año próximo, con un importante efecto fiscal de contrapeso en la medida en que el gasto de infraestructura se incrementaría con los recursos obtenidos de la reforma fiscal.

 

Sin embargo, realmente los objetivos de la reforma hacendaria no son muy específicos y en la coyuntura presente esta reforma es meramente recaudatoria, lo que pone al país en riesgo de que la desaceleración derive en una recesión económica con consecuencias de largo plazo. Por ello, es inaceptable una reforma que sólo se concentre en la parte recaudatoria y que exija una mayor aportación de los contribuyentes cautivos, sin que exista un compromiso de transparentar el gasto en los tres niveles de gobierno.

 

Reducir la pobreza extrema es un objetivo nacional y en el tema de superación de la pobreza el objetivo debe orientarse a reducir significativamente el número de mexicanos en situación de pobreza con políticas públicas que superarán el enfoque asistencialista. Así, el tema del gasto en superación de la pobreza es central en materia de finanzas públicas, tanto por la magnitud de los recursos ejercidos, como por los efectos que se espera genere dicho gasto. 

 

Por otra parte, es necesaria una mayor comunicación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los contribuyentes y se proporcionen mayores beneficios a los pagadores de impuestos, por medio de mejores servicios que faciliten el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. El reto del SAT es transformar la cultura contributiva de la mano de los ciudadanos, aprovechando la tecnología y la innovación, pero sobre todo, la búsqueda de la simplificación, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.

 

REFLEXIÓN

 

En el marco del federalismo, una reforma hacendaria integral implica redefinir las responsabilidades y atribuciones fiscales a nivel federal, estatal y municipal, tanto en la parte de recaudación como en el gasto, lo que implica un nuevo y más eficiente acuerdo de coordinación fiscal.

 

Seguramente lloverán amparos con la reforma hacendaria y precisamente, los problemas de México no se solucionarán aumentando impuestos, pues los bajos niveles de recaudación son consecuencia de las deficiencias del sistema fiscal y de la desconfianza de los ciudadanos debido a la opacidad en el manejo de los recursos públicos por parte de su clase política.

 

Se aproxima el fin de este año y hay que cuidar los niveles de morosidad, ya que gran parte de los préstamos de los hogares son orientados al consumo, sobre todo a tarjetas de crédito donde las tasas y los costos siguen siendo altos.

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LAS DUDAS SOBRE LA LEY CONTRALAVADO DE DINERO

El 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece nuevas obligaciones para actividades económicas consideradas por la propia ley como vulnerables.

 

Sin embargo, existen muchas dudas sobre esta legislación y es necesario saber no únicamente cuál es el objetivo de la nueva ley, sino además las implicaciones para los sectores económicos de este país. Precisamente no solamente afecta las actividades de las personas morales, pues también las personas físicas sufrirán su impacto.

 

El objeto de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República (PGR), para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras del crimen organizado.

 

 

Precisamente, el blanqueo de recursos ilícitos sigue una ruta específico en que el dinero sucio ingresa al sistema financiero mediante una diversificación que implica la transferencia bancaria a empresas, transferencias electrónicas a banco offshore, préstamos a empresas y el pago de una persona física o moral. De allí, reingresa como dinero limpio para la compra de bienes de lujo, inversiones financieras e industriales, casinos, casas de cambio y en el sector turístico.

 

 

Por lo anterior, esta legislación conocida también como “ley contralavado de dinero” prevé tres medidas medulares: 1) restringir operaciones en efectivo que se consideren de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada; 2) la generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas y; 3) la creación de facultades de coordinación.

 

Los sujetos obligados en esta legislación de dar aviso de la realización de actividades vulnerables, no son solamente las personas físicas y morales, también las entidades colegiadas y los fedatarios públicos. Por otra parte, en cuanto a las entidades financieras como los bancos o las casas de cambio, la ley les establece obligaciones como la creación de procedimientos y medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de lavado de dinero. Además, tendrán que presentar informes periódicos a la SHCP sobre las actividades vulnerables.

 

Entonces, ¿qué deberemos hacer ahora para dar cumplimiento con esta ley y evitar sanciones administrativas y cometer delitos de tipo penal

 

 

 

Por ejemplo, ahora las personas físicas, comerciantes, entidades colegiadas, financieras y los fedatarios públicos, habrán de identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.

 

Además, deberán solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo. No menos importante, existe la obligación medular de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. Esta información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.

 

En este sentido, la SHCP es la autoridad competente para recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables. Además de requerir la información, para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Coordinación General de Análisis Financiero de la PGR.

 

Paradójicamente, si bien no es una ley tributaria, viene a fiscalizar a los contribuyentes y éstos, de no presentar un aviso de la realización de “actividades vulnerables”, podrán ser acreedores a una multa que oscila entre los 200 ($12,952.00) y los 65 mil salarios mínimos ($4’209,400.00), incluso hasta la prisión. Las multas que se determinen en términos de esta ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida.

 

¿Y cuáles son las actividades vulnerables? Las nuevas actividades consideradas vulnerables a ciertas transacciones en efectivo, según el artículo 17 de la nueva ley son: las vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos; los servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles; la comercialización o intermediación de metales preciosos; piedras preciosas, joyas o relojes; la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte; la comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; los servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles; los servicios de traslado o custodia de dinero o valores; las prestación de servicios profesionales, de manera independiente; los fedatarios (notarios y corredores públicos); la recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro; la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal y; la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

 

 

Así que hay mucha tela de qué cortar, porque si bien, la adopción de esta nueva ley y su respectivo reglamento –publicado el pasado 15 de agosto-, facilitará el desarrollo de mejores prácticas y la bancarización de actividades económicas, con el fin de contribuir y evitar el ingreso de recursos de procedencia ilícita a los sectores económicos, por otro lado implicará una inversión por parte de quienes realicen las actividades vulnerables en cuanto a costos de cumplimiento y de ajustes para evitar sanciones.

 

Tome dato porque a la entrada en vigor del reglamento de esta ley, surge la obligación de quienes realicen actividades consideradas vulnerables, dar cuenta y presentar los avisos respectivos en cuanto a su realización a la SHCP. De igual modo, a los 60 días la entrada en vigor del reglamento de esta ley -15 de octubre de 2013-, entrarán en vigencia las disposiciones relativas a la obligación de presentar reportes, así como la restricción del uso de efectivo. Por ello, Es importante la elaboración de una campaña de sensibilización acerca de los cambios que implicará la nueva ley.

 

Los comerciantes y prestadores de servicios tendrán que estar informados y preparados para llevar a cabo sus movimientos financieros debido a que esta ley, faculta a la SHCP en coordinación con la PGR para solicitar comparecencia en caso de presunción, por operaciones arriba de los 200 mil pesos, por ejemplo.

 

Lo preocupante del caso es que muchos comerciantes y prestadores de servicios podrán ser sujetos a sospecha por los montos de dinero que manejan y deberán informar al SAT de dichos movimientos para no ser sujetos a presunción o investigación, lo cual traerá costos en las operaciones en las empresas y hasta la posibilidad de pisar la cárcel para quienes no realicen los reportes.

 

 

REFLEXIÓN

 

Hay que tener bajo la lupa a la "ley contralavado de dinero", pues existen serias inconsistencias y fallas técnicas que impiden el arranque de la plataforma tecnológica integral, lo que pone en riesgo la recepción de los reportes que originan los sujetos obligados.

 

La "ley contralavado de dinero" es muy débil, un gran problema es que no llega a la economía informal, lo que constituye tal vez una tercera parte del total de la economía mexicana. Pues en un país que sistemáticamente falla en recaudar impuestos y reducir la economía informal, la mejora en la recaudación -en lugar de crear una nueva capa de las obligaciones de presentación de informes para las empresas- parece ser un paso más lógico. 

 

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