Arturo Núñez Jiménez contará con un Congreso que estará de su lado, con una mayoría que le permitirá acceder a recursos y respaldo en sus propuestas, porque el electorado tabasqueño decidió castigar con su voto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se volvió mayoría. De tal forma, la nueva distribución del Congreso de Tabasco es bastante conveniente para quien gobernará el estado a partir del primero de 2013.
Sin embargo, el desprestigio del Congreso local es tan grande como el presupuesto que ejercieron los 35 diputados en la LX Legislatura, que será recordada con un desempeño legislativo pobre.
Los diputados hoy se despiden agachando la cabeza y es que los más de novecientos dieciocho mil 146 millones de pesos ejercidos en los últimos tres años fueron apenas suficientes para la elaboración de 276 iniciativas de ley o decreto; alrededor del 40 por ciento fueron aprobadas, según información en el portal del Congreso.
Los pleitos y escándalos en el Poder Legislativo fueron el pan de cada día y muy lejos estuvo de administrar con claridad el presupuesto o ponerse de acuerdo para legislar.
Nómina obesa, rezago legislativo y prerrogativas excesivas para diputados son parte del saldo que deja el Congreso saliente. Por tanto, es importante romper con esta inercia que impera en el Legislativo y cambiar la imagen negativa que se tiene de él. Precisamente, para el ciudadano de a pie, el Congreso representa una institución cara y de la cual, pocos beneficios recibe.
Por ello, una primera intención deberá ser reducir los gastos y transparentar a detalle las decisiones que se tomen en el Congreso, desde los asuntos administrativos y los estados contables, hasta el seguimiento del proceso de elaboración de leyes y reformas.
En la mira estará Francisco Rullán Silva, titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF). No obstante, más allá de definir qué sucederá con el cargo del actual auditor, se deberá reformar con rigor jurídico el modelo de fiscalización en donde los diputados tengan mayor control de la auditoría.
La LXI Legislatura del Congreso del Estado que entrará en funciones el próximo año, tendrá la oportunidad de retomar algunas de las numerosas leyes que se quedarán en la congeladora.
Ante este escenario, los próximos legisladores bien deberían atender una reforma integral al marco jurídico que regula la organización y funcionamiento del Congreso del estado, para profundizar en los impactos de la actividad legislativa y puedan responder de forma efectiva, al papel que tiene el Poder Legislativo en el sistema político como garantes de la soberanía popular.
Aunque en la lógica política y a pesar del bono democrático, los contrapesos entre poderes parece no ser en un futuro próximo, parte de la agenda legislativa del gobierno del estado emanado del PRD.
Sirva para la reflexión social la reunión que sostuvo el presidente electo Enrique Peña Nieto con los gobernadores en funciones y electos de la izquierda, entre ellos, el tabasqueño Arturo Núñez. Para el mismo propósito, la última visita a Tabasco del presidente Felipe Calderón Hinojosa, pues hoy vivimos un momento histórico en el que se deben alinear para trabajar conjuntamente el gobierno federal y estatal, porque no es concebible un poder que por sí mismo esté enfrentado con otro poder. Precisamente, nuestro estado ha sido durante seis años ejemplo muy lamentable de confrontaciones que han sido estériles.
Un tema que ha dividido opinión entre notarios y ciudadanos, ha sido la revocación por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien concedió el amparo de la justicia federal al abogado Jorge Arturo Pérez Alonso y con ello, se retira -por anomalías en el procedimiento legal- el fíat notarial que otorgó al final de su quinquenio el ex gobernador Manuel Andrade Díaz a varios personajes como Darwin Andrade Díaz, Javier Díaz Hernández, José del Carmen Domínguez Nárez, Ulises Chávez Vélez, Huri Trujillo Peregrino, Beatriz Plata Vázquez, Ernesto Ventré Sastre, Manuel Gil Ramírez y Román Esteban David González.
Justamente en el tema de las notarías, anteriormente publiqué en este espacio que en el entorno social existe la sensación que en muchos nombramientos o designaciones se aplicaron criterios ajenos a la regulación normativa correspondiente, contrarios a la ética pública.
Por ello, reitero mi opinión de reformar la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco, pues no solamente se trata de transparentar la entrega del fíat, a fin de evitar que en el nombramiento de notarios públicos en Tabasco se privilegien los criterios políticos o intereses personales.
También debemos preocuparnos por modificaciones legales que verdaderamente otorguen certeza jurídica y legitimidad a la actividad notarial. Existen prácticas subrepticias como la ‘renta’ de notarías y valdría la pena la ampliación del régimen de sanciones por el incumplimiento de las responsabilidades en el ejercicio de la función notarial.
Además, el ejercicio del notariado es incompatible con el desempeño de empleos o cargos públicos remunerados por la Federación, el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, sin embargo la legislación local carece de este blindaje y existen muchos casos en este supuesto.
Las notarías no deben ser un negocio jugoso al por mayor. De tal forma, vale la pena ocuparnos en blindar las patentes de fe pública notarial que se expidan en el estado, así como a los futuros otorgantes de las mismas.
E-mail: guillermoars@gmail.com
Twitter: @pumamemo
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