QUIÉN ES QUIÉN EN LAS CAMPAÑAS

PENSAMIENTO COLECTIVO

QUIÉN ES QUIÉN EN LAS CAMPAÑAS

JUAN GUILLERMO ARIAS MORALES

Son días de álgida campaña política por el gobierno de Tabasco, donde abundan las propuestas pero pocas son las respuestas que se ofrecen para transformar a nuestra entidad. En este orden de ideas, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos a la gubernatura del estado? ¿Qué respuestas a la ciudadanía ofrecen como soluciones a los grandes temas de la entidad?

En orden alfabético, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Priego Tapia, bajo el lema “Un mejor Tabasco para todos” se ha comprometido a hacer del estado, una de las diez entidades federativas más seguras. Además, ha empeñado su palabra en impulsar acciones para incrementar la competitividad económica en los próximos seis años y que Tabasco sea uno de los quince estados mejor rankeados en los índices de empleo en el país.

Asimismo, ha propuesto una serie de planteamientos en materia de ahorro para el gobierno estatal, como medidas de austeridad y eliminar desde el 2013 la tenencia vehicular.

A los jóvenes ha prometido una serie de programas de créditos; incentivos fiscales a empresas que den a jóvenes su primer empleo; un programa de créditos para micro empresas de jóvenes emprendedores de entre 17 a 29 años. De igual modo, ha prometido programas de capacitación en temas de Tecnologías de la Información, Internet gratuito en los principales espacios recreativos de Tabasco y un programa de becas para jóvenes de alto rendimiento deportivo.

Por otra parte, el candidato de la coalición “Movimiento Progresista por Tabasco”, Arturo Núñez Jiménez, ha propuesto un decálogo de buenas intenciones; esos que está tan de moda por los actores políticos actualmente, a la usanza de las Diez Tablas de Moisés.

Estos compromisos son: 1) manejo del agua; 2) convivencia social y seguridad pública; 3) creación de empleos permanentes y bien remunerados; 4) desarrollo social; 5) rescate del campo; 6) amplia cobertura educativa; 7) saneamiento de las finanzas públicas; 8) combate a la corrupción y a la impunidad; 9) diseño y ejecución de políticas económicas sanas y; 10) desarrollo político ético.

Por último, el candidato de la coalición 'Compromiso por Tabasco', Jesús Alí de la Torre, ha basado sus propuestas en valores como la unidad, la reconciliación y el respeto, con una campaña muy ciudadana.

Bajo el lema “Un nuevo tiempo para Tabasco”, se ha comprometido a impulsar la creación de más de 100 mil empleos y crear el Consejo Estatal para el Empleo y la Competitividad. Asimismo, crear la Comisión Ciudadana de Combate a la Corrupción.

En materia social, se ha comprometido a garantizar que haya medicinas y médicos en todos los Centros de Salud. Por otra parte, en educación, prometió garantizar que todos los egresados de preparatoria tengan acceso a la universidad, dotar de tenis y útiles escolares a todos los niños de primaria en zonas marginadas y otorgar más de 180 mil becas escolares.

Se ha comprometido apoyar a las mujeres tabasqueñas, pretendiendo otorgar más de 150 mil créditos a mujeres microempresarias. En este orden de ideas, esta acción resultaría de suma importancia porque es tarea pendiente, fomentar la igualdad de género e incrementar la participación de las mujeres en el desarrollo. Para lo cual, se  requieren también reformas a los programas existentes y al marco jurídico.

Jesús Alí ha asegurado en caso de ganar la gubernatura que creará el programa Vive Seguro, con la instalación de quinientas video-cámaras de seguridad en el estado. También ha prometido la creación de la Secretaría del Agua para el mejor aprovechamiento de este recurso y la protección que garantice nuevas plantas de tratamiento y nuevos sistemas de drenaje.

Ha prometido la eliminación del Impuesto Estatal Vehicular (IEV), además de modernizar y hacer más eficientes nuestras vialidades, con la creación el Fondo Estatal de Apoyo para la Pavimentación de calles de todos los municipios de Tabasco.

En turismo, se ha comprometido en rescatar los centros históricos de nuestras ciudades y desarrollar nuevas rutas eco-turísticas, construir el más moderno Centro de Convenciones del país y veinticinco nuevas unidades deportivas.

En materia de justicia social, ha prometido realizar la mayor inversión al campo, en renovación de plantaciones, sistemas de riego, caminos cosecheros, tractores y créditos rurales. Así como también, crear el Fondo de Apoyos y Beneficios para los Indígenas, lo cual, resulta importante ya que es necesario rescatar la vocación productiva de nuestro campo y generar igualdad y equidad de oportunidades, con una visión a largo plazo.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS

Es necesario, que en Tabasco se establezcan diálogos francos, entre quien encabece el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, en razón de construir una nueva forma de ejercer la política, con mayor transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Precisamente, en el tema de los derechos humanos destaca que a propuesta del Poder Ejecutivo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se ha presentado al Congreso local, una Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Tabasco, para actualizar y fortalecer la normatividad estatal en este ámbito.

Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2011. Esta propuesta es producto del esfuerzo conjunto de una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Congreso del Estado, la CEDH, la Secretaría de Gobierno (SEGOB), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE).

Esta Iniciativa es a efecto de adecuar el orden jurídico local con el régimen federal en materia de protección de derechos humanos y proyectar un nuevo esquema de garantías en este ámbito. Cabe destacar, que la propuesta plantea la autonomía orgánica de la CEDH como un órgano autónomo constitucional y en caso de ser aprobada por el Congreso local, tendrá nuevas facultades -en congruencia con la reforma constitucional federal-, para conocer violaciones de derechos humanos en materia laboral.

En consecuencia a estas nuevas facultades, las recomendaciones que emita deben ser contestadas por los servidores públicos a quienes vayan dirigidas, tanto si las aceptan como si las rechazan, caso este último en el que la autoridad deberá hacer pública su negativa. Además, las autoridades que no acepten una recomendación o que aceptándola no la cumplan, podrán ser llamadas a cuentas por el Poder Legislativo a solicitud de la CEDH para que expliquen las razones por las que incumplieron.

RATIFICA TEPJF FALLO A FAVOR DEL CONGRESO

En otras ideas, en sentencia dictada por unanimidad de votos por los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) -en sesión de 23 de mayo de 2012-, respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-480/2012, promovido por Roberto Félix López en contra de la emisión de la Convocatoria del Congreso del Estado de Tabasco, para la designación por un periodo de siete años, de quien deberá ocupar la presidencia del IEPCT, el órgano jurisdiccional determinó reconocer la legalidad y la constitucionalidad de la referida Convocatoria.

Esto significa, que el asunto ha concluido de forma definitiva, que no hubo violación alguna a los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovente y que el Congreso local actuó conforme a Derecho, de conformidad con los artículos 129 y 134, último párrafo, de la Ley Electoral de Tabasco. Por lo que lo procedente es que se designe, mediante convocatoria, a un nuevo consejero presidente, por el término de siete años.

REFLEXIÓN

Sin lugar a dudas, los partidos políticos y sus respectivos candidatos deberán ajustar sus métodos de operación política a los nuevos tiempos del país y del estado, pues ya no tiene cabida la simulación y ponerse la camiseta, no sólo del proyecto que representan sino de Tabasco.

LA LLAVE DEL CRECIMIENTO EN MÉXICO

En la convergencia territorial está el desarrollo de México y la llave es el empleo. Por ello, el Estado mexicano debe tener a la actividad productiva en un papel más estratégico y determinante. Por ejemplo, definir un desarrollo de productividad explícito en el desarrollo, es decir, que el motor del crecimiento sea el consumo popular.

La violencia generada por la delincuencia es un factor que incide negativamente de muchas maneras; con delincuencia y violencia no puede haber producción y se atenta contra el derecho más básico que es la seguridad.

Es necesario que las autoridades establezcan un fuerte compromiso con la educación y con el gasto social, pues algo no funciona en la ecuación para aplicar los programas sociales, en razón de que es ineludible recuperar los indicadores sociales y el problema radica, en que la tasa de inversión pública y tecnología es paupérrima.

En el marco de la economía de mercado moderna, un país que no invierte en educación y tecnología, está condenado a repetir sus errores y a ser más dependiente. Dicho sea de paso, México únicamente invierte el 0.4 por ciento en investigación, cuando otros países invierten el 3 por ciento de su Producto Interno Bruto.

El cobro de impuestos no es una medida popular, pero resultará benéfico incrementar la capacidad tributaria del país; la tendencia debe ser tasar a los flujos de capitales bursátiles que son los grandes ganadores de la globalización, cuyos efectos ha desencadenado la exponencial y aberrante desigualdad en la humanidad. 

Por otra parte, el país ha perdido competitividad y de 1993 a 2006 se registró un incremento de 11 por ciento en desigualdad, según análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Así también, en los últimos 10 años hemos retrocedido enormemente en materia de competitividad como economía mundial, como país exportador y como destino de la inversión extranjera.

En México la inequidad en la distribución del ingreso no sólo es elevada sino persistente y por si fuera poco, el rezago educativo es muy amplio y abarca a 33 millones de mexicanos, de 15 años o más: seis millones analfabetos; 10 millones sin concluir la primaria y 17 millones sin terminar secundaria.

La violencia, el desánimo y desencanto de la sociedad hablan de la pérdida de capacidad de un proyecto de nación y el Estado debe recuperar su fortaleza para convertirse en un factor importante que impulse el crecimiento y fomente las potencialidades de sus ciudadanos, y dicho sea de paso, la sociedad tiene que ser un factor de cambio.

Las inversiones públicas son necesarias, así como impulsar la banca de desarrollo, la bancarización del país, el ahorro, la inversión en infraestructura, tecnología y educación, pues aún contamos con el bono poblacional. También debe reorientarse la apuesta normativa en el país, que se ha centrado en la titularidad de derechos y no en el acceso efectivo de los ciudadanos a estos derechos.

La desigualdad se está profundizando y necesario es la construcción de un nuevo pacto republicano que permita el desarrollo de un sistema económico diferente, que pueda adecuarse a nuestras propias condiciones, características y necesidades.

Tal vez, si comenzamos con una propuesta macroeconómica y fiscal, y con otra propuesta política que fije un Estado fuerte pero apropiado por la ciudadanía a través de la vía democrática, quizá, podamos allanar el camino para abatir la desigualdad histórica.

Ineludiblemente, deben ser tiempos de cambio en la historia del desarrollo económico de México, si es que queremos salir del subdesarrollo. Ha sido evidente el fracaso de las teorías económicas dominantes, cuyos insidiosos fiascos han sido contundentes y muestran el agotamiento del sistema económico de mercado.

Los ‘grandes pensadores políticos y económicos’ de México aún no han sido capaces de identificar nuestra ventaja comparativa como país y reformular de forma equilibrada las políticas y cambiar las estructuras económicas, con el objetivo de reducir la distancia con países industrializados de forma eficaz y eficiente.

Seguimos empeñados aludiendo hipócritamente a una supuesta soberanía que sólo defiende los fueros de unas minorías, que poco o nada contribuyen al desarrollo de este país. Sólo en México pasa que seguimos empeñados en estancarnos y subsidiar la impunidad.

REFLEXIÓN

La trascendencia de las elecciones del domingo 1 de julio es en términos del impacto de control político y partidista en los próximos seis años. En este contexto, es preocupante la descomposición en la competencia política y electoral, aunado a los pobres programas partidarios, los cuales no convergen hacia un verdadero esfuerzo nacional que reconozca los errores y nos permita corregir las fallas de una política económica anacrónica.

Debemos identificar que a la demagogia barata sólo le interesa más ganar unas elecciones, que sacar al país del atolladero y que en México, los compromisos no sean simples ejercicios de oratoria, sino que nos permitan transitar hacia una mejor calidad democrática de las instituciones públicas del país.

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO

El Poder Ejecutivo de Tabasco presentó al Congreso local una Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que tiene como finalidad la armonización de la Constitución local con los ordenamientos constitucionales para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la entidad.

Entre sus aspectos relevantes, plantea elevar a rango constitucional, elementos innovadores del nuevo sistema de justicia penal que tiene como principios fundamentales la oralidad, la presunción de inocencia, la continuidad, la concentración, la publicidad, la inmediación y la contradicción. Asimismo, el reconocimiento de los derechos de la víctima o del ofendido y de toda persona imputada en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Federal.

De igual modo, se prevé establecer a nivel constitucional los mecanismos alternos de solución de controversias, con el propósito de lograr una justicia pronta y expedita para reducir la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y los altos costos de los litigios.

En este sentido, en los artículos transitorios se establece que dentro de un plazo que no exceda los sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto –en caso de ser aprobado el dictamen de esta reforma-, se deberá emitir un nuevo Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, así como la demás legislación necesaria para su implementación.

¿Qué significa esto? Que una vez emitidos dichos ordenamientos, deberá publicarse en Periódico Oficial del Estado la Declaratoria en la que se señale expresamente que el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral ha sido incorporado en el Estado de Tabasco, ordenándose, en consecuencia, el inicio de su vigencia; allí radica la trascendencia de esta reforma.

En suma, esta propuesta de reforma constitucional representa un cambio estructural en la procuración de justicia penal en el que participan las instituciones encargadas de la persecución y sanción de delitos, cuyo objetivo principal es la implementación de un sistema acusatorio que se traduzca en transparencia, equidad entre las partes e inmediación.

Con esta reforma judicial en el estado, cambiará de fondo el sistema penal actual inquisitivo y escrito, para sustituirlo por un sistema acusatorio y oral, que en la experiencia comparada ha probado ser más efectivo para proteger los derechos fundamentales de víctimas y acusados.

Cabe destacar que si bien todo el Estado mexicano tendrá hasta el 2016 para cambiar la estructura de justicia, en Tabasco se ha dimensionado la necesidad urgente del cambio y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a trabajar en la implementación de un sistema que consolide la credibilidad de la sociedad en sus instituciones de justicia y seguridad pública. Por ello, se está logrando generar una reforma armónica e integran en esta materia y en este sentido, en Tabasco ha existido voluntad política para emprender esta transformación de fondo, ya que se han coordinado los tres poderes para realizar las reformas en la materia y donde también han participado sectores de la sociedad civil.

Ahora queda en manos de los legisladores locales el análisis, dictaminación y en su caso, la aprobación de esta relevante reforma constitucional, la cual plantea ajustes tendientes a armonizar el marco legal local con los ordenamientos constitucionales para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en Tabasco. Además, de elevar a rango constitucional el proceso penal acusatorio y oral, la reparación del daño y la protección de los derechos de las víctimas de los delitos.

2012, VALOREMOS NUESTRO SUFRAGIO

2012 es año electoral para México y una fecha de coyuntura en la lectura del análisis político, que coloca a las autoridades de los distintos niveles de gobierno ante un cúmulo de cuestionamientos y responsabilidades ineludibles que atender.

La situación es delicada, producto además de la crisis que se ha vivido en las últimas tres décadas y el empobrecimiento generalizado, que se agrava con el incremento de la delincuencia y la violencia.

La sociedad mexicana es una sociedad desigual, de graves injusticias y marginaciones internas manifestadas en polarización social, exclusión de los más indefensos e inestabilidad laboral.

Ahora a ello, puede sumarse, una menor capacidad en las recientes administraciones para asegurar el bienestar de la población, ni el oficio para sacar al país del estancamiento económico, pese a los esfuerzos de la política de desarrollo social.

En un país de 112 millones de habitantes, la pobreza pasó de 48.8 a 52 millones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval). Estas cifras negativas revelan no únicamente la tendencia a la baja generalizada en los ingresos -debido a la crisis financiera internacional y el aumento en los precios de los alimentos-, sino el fracaso del modelo económico y el mediocre crecimiento en la economía nacional, que en los últimos años ha sido inferior al dos por ciento anual.

Con 52 millones de pobres, México es uno de los países con mayor desigualdad a nivel mundial, ya que un 46.2 por ciento de los mexicanos están por debajo de la línea de pobreza establecida en la medición oficial por el Coneval. Para muestra ahí tenemos los bajos salarios y el aumento en la informalidad del mercado laboral.

Los riesgos son tan potenciales, debido a las inconformidades del pueblo por la crisis económica tan aguda que se vive. De tal forma, la clase política debe mostrar mayor sensibilidad para atender las dificultades que se tienen, porque el Estado da evidencia de su alejamiento con la ciudadanía para garantizar el bienestar, la justicia, el orden y la paz.

El pretender hacer como que hace sin hacer nada no equivale a gobernar, equivale a eludir las obligaciones propias del  encargo y ser un mal gobernante. En este orden de ideas, la economía del país presenta diversos grados de concentración y privilegios que frenan el ritmo de su conversión y modernización, así como reducir los desequilibrios regionales.

Esta disparidad, ha impactado de manera decisiva a las entidades federativas en el ámbito económico y que en lo inmediato, les está llevando a replantear el presupuesto de este 2012, pues al ser el ‘año de Hidalgo’, sencillamente escasean los recursos para la instrumentación de programas ya presupuestados.

En el plano doméstico, Tabasco necesita sumar esfuerzos de todos para obtener buenos resultados y el proceso electoral de 2012 debe ser no sólo democrático, pues su éxito debe ser resultado del oficio político de todos y cada uno de sus protagonistas. Hay muchas cuestiones internas que en los partidos políticos no fueron considerados oportunamente y actualmente, hemos sido testigos de reacomodos en las dirigencias y control de daños. 

A principios de ese año refería en un artículo publicado, que las evidencias del peligro de división siempre se encontrarán latentes en los procesos internos de selección de candidatos. Pero si a ello, le añadimos el relajamiento en los controles del proceso electoral al interior de los partidos políticos y la falta de liderazgo, los intereses se tornan más difíciles de conciliar y por esta razón, las deserciones.

Pero debo precisar, que en ningún partido político, es imposible la vida de corrientes, ahí radica la fuerza de grupos de poder, e incluso, la herencia de la tradición clientelar en el sistema político mexicano.

De tal forma, hemos como referí en octubre de 2011, “se requiere de la legalidad interna para fortalecimiento de los partidos políticos y garantizar liderazgos reales”. Esta consideración toma suma importancia ante el cada vez más constante fenómeno de la judicialización de política electoral que ha tenido altos costos a las organizaciones políticas.

Sin embargo, algunos partidos políticos parece que ya lo han comprendido y han rectificado el camino, conscientes que un liderazgo político no divide sino suma propuestas, encamina y delega responsabilidades.

Por lo expuesto anteriormente, el liderazgo requiere una identidad nítida basada en valores y en ideas, aunado a un proyecto político. De tal forma, pienso que no debemos concebir la democracia como un objetivo exclusivo a los partidos políticos, porque la democracia real moderna no es tema exclusivo de la dinámica del sistema político de la democracia representativa. Ya que existen otras formas de desarrollar política e incluso de ideologización con la finalidad que los ciudadanos conquisten su participación directa en el ejercicio del poder.

En este contexto, las fuerzas políticas deben ser promotoras del bienestar en la entidad. De sobra sabemos el estado de cosas que guarda Tabasco y lo que falta por hacer. Los partidos políticos no pueden negarse la apertura a la vida democrática pese a la existencia natural de relaciones oligárquicas.

¿El sistema político mexicano está agotado? Estoy convencido de que es necesaria una reforma constitucional integral, donde se dé una reducción gradual de poderes metaconstitucionales del Ejecutivo federal y de los gobernadores, y la necesidad de implementar nuevas fórmulas de gobierno para la transición democrática que ha sido interrumpida en el país. No se trata de modificar todo, sino avanzar en una reforma del régimen político y no concentrar únicamente esfuerzos en la simple alternancia y mantener el mismo orden social.

No obstante, con todo lo imperfecto que es la democracia mexicana, sí ofrece canales civilizados para canalizar esas inconformidades políticas y sociales que pueda existir en el país, pero el Estado debe mandar señales claras y definitivas. Los partidos políticos deberán hacer compromisos políticos y programáticos, para que los electores sepan por quién votar, si es que aún desean ser el conducto para encauzar los conflictos sociales que llegasen a presentarse en nuestra sociedad.

Aunque bien sabemos, que somos seres condenados a la repetición y que, como expresó Sigmund Freud, hay que recordar para no repetir.

REFLEXIÓN

Así como los espectros regresan, las voces de clamor de las manifestaciones de los vencidos que buscan reparar las heridas y aún esperan un poco de consuelo ante el dolor que han arrastrado desde muchos años atrás, resonarán más fuerte que nunca.

De tal forma, como existen nuevos ricos no es deseable una realidad de más nuevos pobres en México. Se requiere de voluntad para reducir la desigualdad y por tanto, propiciar un entorno de justicia generalizada, para que todos tengan las mismas oportunidades.

Respecto a los partidos políticos y bajo las condiciones actuales la siguiente pregunta, ¿qué tipo de gobierno podrían construir? Necesitamos gobiernos con responsabilidad, sensibilidad política, histórica y social.

CULTURA DE LA LEGALIDAD

Es sumamente importante que la ciudadanía y especialmente los jóvenes se familiaricen con las normas y leyes vigentes en México. Por ello, resulta sumamente importante la instrumentación de programas encargados de la difusión de la cultura de la legalidad y los valores cívicos.

Esto con la finalidad de afianzar entre los ciudadanos el respeto a la ley, como un valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos para garantizar una sana convivencia social. Porque es necesario que los ciudadanos, llevemos a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley nos impone y, por otra parte, que el ejercicio de nuestros derechos se realice en apego a las disposiciones legales.

En este contexto, la cultura de la legalidad también impone a los gobernados el deber de exigir a las autoridades el cumplimiento puntual de la ley, ya que el Estado de Derecho de un país se sustenta, antes que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la legalidad en la sociedad.

Por esta razón, es importante impulsar programas de formación ciudadana en valores como la ética, civismo y la cultura de la legalidad, especialmente entre los jóvenes. Ya que esta última, debe ser un componente clave de la estrategia de formación ciudadana en el país, que debe consolidarse desde la educación básica.

Este tipo de programas deben establecer un encuadre general sobre el debate actual en el contexto de las sociedades democráticas y no únicamente esbozar un diálogo conceptual de derechos y obligaciones, sino una actividad teórico-práctica que permita impulsar el desarrollo de los valores ciudadanos en la escuela y en la familia.

La formación ética con orientación ciudadana es un aspecto clave en el desarrollo y sostenimiento de las democracias, y en ella, se pone en juego la autonomía y capacidades de los sujetos para ejercer su libertad y responsabilidad en términos sociales y políticos, conforme a la ley.

Por tal razón, deben impulsarse estas acciones entre niños y jóvenes, para que desarrollen los valores y las actitudes necesarias a edad temprana, para ejercer una ciudadanía competente y comprometida, que participe en el trabajo productivo en la sociedad.

Las acciones de los programas de cultura de la legalidad deben impartirse con una visión integral, con charlas con padres de familia, niños y jóvenes para incidir en el ambiente de la escuela y el núcleo familiar. De tal forma, estos programas deben  contemplar los ámbitos de la cultura escolar y la vida cotidiana de los alumnos en las escuelas y en sus comunidades. Debiendo tomar en cuenta el núcleo formativo al seno de la familia, orientado al apego a la legalidad y sentido de justicia, así como el respeto y valoración de la diversidad.

De igual modo, orientado al manejo y resolución de conflictos, lo que incide a favor del diálogo y la comprensión crítica en la formación de los individuos. Además, pugnar por una educación para la paz y los derechos humanos, así como la perspectiva de género.

Por lo expuesto anteriormente, resulta vital fomentar en los individuos el respeto a la ley, creando un núcleo formativo de apego a la legalidad y sentido de justicia, la tolerancia y el aprecio por los valores democráticos.

REFLEXIÓN

Importantísima tarea diaria de cultivar el profesionalismo, el aprendizaje y la honestidad. Hagamos de nuestro esfuerzo diario un propósito común, el edificar solidariamente un México moderno y justo.

Por ello, nunca olvidemos que los triunfos sólo pueden ennoblecer a quien los obtiene si son moralmente válidos, pues la historia nos va a juzgar por lo que dejemos de hacer; al final de cuentas nosotros escribimos nuestra propia historia en el papel blanco del destino.

LA LEY DE DERECHOS HUMANOS EN TABASCO

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 y por la cual  se otorgan mayores facultades en materia de protección de los derechos humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La trascendencia de esta reforma radica en que se reconoce el rango constitucional de los derechos humanos en la Carta Magna y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles. Ahora los derechos humanos en nuestra Constitución van más allá del simple reconocimiento de las garantías individuales, ya que prevé nuevas facultades a la CNDH y a los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas.

Por esta razón, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y el Estado mexicano deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

En este orden de ideas, se les faculta a los organismos públicos de derechos humanos a realizar las investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones graves a los derechos fundamentales, facultad antes reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que impide a cualquier dependencia negar información solicitada por la CNDH.

De acuerdo a este ajuste legal, se obliga en el artículo 102 constitucional, a los servidores públicos que rechacen una recomendación de los organismos oficiales de derechos humanos a fundar y motivar debidamente su negativa. Al mismo tiempo se faculta a los congresos locales y federal para citar a los funcionarios a petición de los organismos a efecto de que expliquen su negativa.

Si bien, no basta por sí sola una reforma de carácter constitucional para acabar con las violaciones a los derechos humanos en México, es un buen esfuerzo por el momento tan crítico en que vive el país y las señales existentes que apuntan hacia el establecimiento de un Estado policíaco.

Vale la pena hacer referencia, que la Constitución se convierte en un catálogo mínimo de derechos humanos que puede ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos fundamentales de los mexicanos.

¿Ahora qué sigue? En este sentido, se necesita trabajar en la implementación de la reforma a través de medidas complementarias, a través de la creación de leyes secundarias, la armonización con los tratados internacionales, la aprobación de presupuestos y el diseño de políticas públicas que respondan a la reforma constitucional.

Las modificaciones a la Constitución tienen enormes implicaciones para las leyes e instituciones en el país, porque una vez modificada, se requiere además generar nuevos procesos que progresivamente incluyan en planes, políticas, programas, presupuestos y estrategias gubernamentales, la perspectiva de derechos humanos y por tanto, una política social ligada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

De tal modo, para cumplir el mandato constitucional derivado de esta reforma, en Tabasco quedó integrada la mesa de trabajo interinstitucional para elaborar la iniciativa de Ley de Derechos Humanos y armonizar el orden jurídico del estado en este ámbito.

En este esfuerzo conjunto, la mesa de trabajo multidisciplinaria quedó integrada por representantes del Poder Ejecutivo: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE); Secretaría de Gobierno (SEGOB); Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y; Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Asimismo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Poder Legislativo.

En este orden de ideas, destaca el esfuerzo de la administración que encabeza el gobernador Andrés Granier Melo en la promoción de medidas legislativas y el diseño de políticas públicas, para continuar garantizando el cumplimiento de los derechos humanos en Tabasco. Asimismo, el liderazgo de la Consejería Jurídica al frente de esta encomienda del Poder Ejecutivo y su estrecha vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDEH), cuyos trabajos coordinados han rendido frutos como en la Ley para prevenir, combatir y sancionar la de Trata de Personas y la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las cuales fueron producto del consenso y la pluralidad, que integró un arduo trabajo interinstitucional con propuestas de la CEDH y de organizaciones no gubernamentales.

De ahora en adelante las autoridades judiciales y administrativas están obligadas a cambiar el principio de progresividad por el de pro persona, es decir, a interpretar la norma siempre de manera favorable para los ciudadanos. Indudablemente, el reto es generar una nueva cultura en materia de derechos humanos para los servidores públicos, en los tres órdenes de gobierno. 

ENCUESTAS ELECTORALES, ¿APOYO EN LA DECISIÓN O MANIPULACIÓN DEL ELECTORADO?

Las encuestas electorales son un método sistemático de preguntar a los electores considerados como una muestra representativa de todo el electorado, acerca de sus opiniones y actitudes sobre asuntos o tópicos particulares; constituyen una inferencia estadística de cómo está la situación electoral al momento de levantarse la encuesta; asimismo, las encuestas pueden revelar la intensidad y las razones de esas opiniones y actitudes. 

Las encuestas, cuando se publican ampliamente pueden convertirse en un factor activo en la formación de la opinión que tratan de captar, de   modo que las encuestas pueden  erigirse  en  el amo de la opinión pública, y si las encuestas  determinan la opinión pública, siempre existe la tentación de usarlas para influir en la misma con fines propagandísticos.  

Lógicamente,  las  encuestas  influyen  en  los  electores  que  carecen  de  una afiliación  e  identificación  de  partido,  pero  que  tienen  acceso  a  los  medios  en  los  cuales  se  difunden.  También  influyen  en  los  candidatos   y coordinadores   de   campaña   que   están especialmente al tanto de las mismas y quienes las consideran como un aspecto importante para el desarrollo de la propia campaña. 

Por eso los partidos y candidatos se traban en una guerra de encuestas para demostrar quién es el puntero en el favor del electorado, a pesar de que en la mayoría de los casos, no se puede concluir que está ganando porque ha aumentado en un mes dos puntos, cuando posiblemente ese mismo porcentaje representa el error estadístico de la encuesta.

Sin embargo, se hacen llegar a la prensa resultados parciales, descontextualizados o distorsionados de encuestas privadas con el objeto de tratar de manipular a la opinión pública a favor o en contra de un candidato. Se convierten así en un medio de propaganda electoral, producto de una industria sin estándares éticos. 

Además, se reprocha a las encuestas ser en ocasiones el principal instrumento de los partidos políticos para fabricar candidatos a  la medida de lo que la ciudadanía desea. Asimismo, las encuestas desalientan a quienes de otro modo, podrían llegar a ser excelentes candidatos cuando les asignan pocas oportunidades de ganar. De igual manera, se señala que fomentan el pragmatismo y oportunismo porque muchos políticos se dejan llevar por lo que la gente dice, más que por sus principios y la objetividad que requiere la solución de los problemas.  

También las encuestas constituyen una molestia para el público e invaden su privacidad. Por correo, por teléfono o personalmente, la gente es presionada para que conteste preguntas que caen dentro de su vida privada, que violan el secreto del voto. 

Sin embargo, también se argumenta que el deseo de un elector de conocer la conducta probable del electorado puede ser completamente racional, y gracias a las encuestas, puede conocer información razonablemente precisa acerca de cómo piensan los demás electores, de modo que tiene la oportunidad de entender lo que puede significar su voto antes de sufragar; que una elección no debe ser un juego de adivinanzas para los ciudadanos. 

En varios países han existido intentos de legislación para regular a las encuestas, aunque en muy pocos de ellos se han promulgado medidas más allá de prohibir su publicación cercana a la jornada electoral, como en México, Francia y España. Además de su posible reglamentación, se considera que a largo plazo, la solución a este problema será la paulatina profesionalización de los realizadores de encuestas y la educación del público para evaluarlas y criticarlas.

Si bien, las encuestas se han convertido en un  elemento importante para el posicionamiento de los candidatos ante el electorado, la ciudadanía no debe regirse por ellas para decidir a que partido o candidato habrá de otorgarle su voto, se debe considerar que existen otros elementos que reflejan la calidad del candidato y la forma en que se habrá de desenvolver en caso de que gane la elección, que es lo que en verdad debe interesar al electorado, soslayando si el candidato encabeza las encuestas o este se ha convertido en un producto o una imagen más de la mercadotecnia.