El Derecho Fiscal tiene gran importancia derivado que la actividad
financiera del Estado es la función que éste desarrolla para procurarse los
recursos necesarios y estar en condiciones de sufragar los gastos públicos,
destinados a satisfacer las necesidades colectivas a su cargo, mediante la
prestación de los servicios públicos.
Precisamente, una de las
cuestiones que más debate ha suscitado últimamente, ha sido el que los
ciudadanos, han mostrado su desacuerdo con el cobro de mayores impuestos. Así,
se ha puesto de manifiesto cómo no sólo se ha venido limitando de forma
sustantiva el poder tributario de los Estados para exigir sus principales
impuestos, sino también que en un futuro próximo este fenómeno podría
desencadenar transformaciones sustantivas en los sistemas tributarios que
alteren desde el modelo de gestión tributaria hasta los principios sobre los
que se erigen tales sistemas.
En este orden de ideas, las
recientes reformas en materia energética en México evidenciará la presión que
la globalización económica imprimirá al desarrollo y configuración de la
política fiscal del Estado mexicano, dificultando también, como hemos visto, la
gestión, control y recaudación de los impuestos. Por ello y ante este cúmulo de
problemas se tendrá forzosamente y ante la reducción de la capacidad de la
rectoría económica del Estado, modificar el reparto tradicional de las cargas
fiscales y orientarlo hacia el esquema de coordinación fiscal.
Este es un fenómeno que ya
es recurrente en nuestro país y que ha implicado un cambio en la estructura del
sistema fiscal que obligatoriamente derivará la profundización de un modelo
fiscal cuya tendencia comienza a vislumbrarse en la legislación tributaria y
que no goza del apoyo de un sector importante de la población. Hay una ley
universal -por lógica elemental-, a nadie le gusta pagar impuestos y pues
tratándose de impuestos siempre el tema es polarizante, porque a nadie le gusta
que le duela el bolsillo.
En cuanto a la recaudación
de impuestos, los tres principales rubros de recaudación estatales son:
Impuesto sobre Nómina, Impuesto Estatal sobre Producción y Servicios e Impuesto
Estatal Vehicular (IEV). A pesar de las estrategias para incrementar la
recaudación y procurar que sea más eficiente y equitativa.
Justamente, el Derecho
Fiscal es una materia que genera una cantidad muy importante de controversias
que finalmente son sometidas a los órganos jurisdiccionales federales. Ahí
tenemos el caso a nivel estatal del Impuesto Estatal Vehicular (IEV), tema que
da pauta a que se activen, en forma recurrente, los mecanismos de protección
que la ley otorga a los ciudadanos que se consideran afectados por la
aplicación de este impuesto, al estimar violaciones en su perjuicio de alguna
garantía constitucional. Precisamente, todo impuesto debe cumplir con los
principios constitucionales de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino
al gasto público.
Si bien, la fracción IV del
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta:
"Es obligación del ciudadano contribuir para los gastos públicos, así de
la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes",
por lo que no se debe pasar por alto que garantizar la igualdad de los
contribuyentes ante la ley es tan importante para cualquier democracia
consolidada como hacerse de los recursos mismos.
REFLEXIÓN
La debacle fiscal de las
entidades federativas no se solucionará simplemente aumentando impuestos. Los
bajos niveles de recaudación son en buena medida producto de un sistema legal
que ha sido incapaz de crear reglas justas para sus gobernados y que con
sobrada razón ha merecido la desconfianza ciudadana.
Esto obliga al equipo legal
y económico del gobernador de Tabasco, a no atentar contra la salud patrimonial
de los tabasqueños, de por sí ya mermada. Porque los encargados del “cambio”
tuvieron temor del “impacto negativo en las finanzas públicas” y actuaron bajo
el mismo razonamiento mezquino de siempre en el que pocas quejas legitiman una
medida inconstitucional y dieron la oportunidad al Estado de seguir obteniendo
recursos vulnerando derechos fundamentales.
E-mail: guillermoars@gmail.com
Twitter: @pumamemo
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