AGENDA LEGISLATIVA: PESOS Y CONTRAPESOS EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Arturo Núñez Jiménez contará con un Congreso que estará de su lado, con una mayoría que le permitirá acceder a recursos y respaldo en sus propuestas, porque el electorado tabasqueño decidió castigar con su voto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se volvió mayoría. De tal forma, la nueva distribución del Congreso de Tabasco es bastante conveniente para quien gobernará el estado a partir del primero de 2013.

 

 

Sin embargo, el desprestigio del Congreso local es tan grande como el presupuesto que ejercieron los 35 diputados en la LX Legislatura, que será recordada con un desempeño legislativo pobre.

 

Los diputados hoy se despiden agachando la cabeza y es que los más de novecientos dieciocho mil 146 millones de pesos ejercidos en los últimos tres años fueron apenas suficientes para la elaboración de 276 iniciativas de ley o decreto; alrededor del 40 por ciento fueron aprobadas, según información en el portal del Congreso.

 

Los pleitos y escándalos en el Poder Legislativo fueron el pan de cada día y muy lejos estuvo de administrar con claridad el presupuesto o ponerse de acuerdo para legislar.

 

Nómina obesa, rezago legislativo y prerrogativas excesivas para diputados son parte del saldo que deja el Congreso saliente. Por tanto, es importante romper con esta inercia que impera en el Legislativo y cambiar la imagen negativa que se tiene de él. Precisamente, para el ciudadano de a pie, el Congreso representa una institución cara y de la cual, pocos beneficios recibe.

 

Por ello, una primera intención deberá ser reducir los gastos y transparentar a detalle las decisiones que se tomen en el Congreso, desde los asuntos administrativos y los estados contables, hasta el seguimiento del proceso de elaboración de leyes y reformas.

 

En la mira estará Francisco Rullán Silva, titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF). No obstante, más allá de definir qué sucederá con el cargo del actual auditor, se deberá reformar con rigor jurídico el modelo de fiscalización en donde los diputados tengan mayor control de la auditoría.

 

 

La LXI Legislatura del Congreso del Estado que entrará en funciones el próximo año, tendrá la oportunidad de retomar algunas de las numerosas leyes que se quedarán en la congeladora.

 

Ante este escenario, los próximos legisladores bien deberían atender una reforma integral al marco jurídico que regula la organización y funcionamiento del Congreso del estado, para profundizar en los impactos de la actividad legislativa y puedan responder de forma efectiva, al papel que tiene el Poder Legislativo en el sistema político como garantes de la soberanía popular.

 

Aunque en la lógica política y a pesar del bono democrático, los contrapesos entre poderes parece no ser en un futuro próximo, parte de la agenda legislativa del gobierno del estado emanado del PRD.

 

Sirva para la reflexión social la reunión que sostuvo el presidente electo Enrique Peña Nieto con los gobernadores en funciones y electos de la izquierda, entre ellos, el tabasqueño Arturo Núñez. Para el mismo propósito, la última visita a Tabasco del presidente Felipe Calderón Hinojosa, pues hoy vivimos un momento histórico en el que se deben alinear para trabajar conjuntamente el gobierno federal y estatal, porque no es concebible un poder que por sí mismo esté enfrentado con otro poder. Precisamente, nuestro estado ha sido durante seis años ejemplo muy lamentable de confrontaciones que han sido estériles.

 

 

 

Un tema que ha dividido opinión entre notarios y ciudadanos, ha sido la revocación por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien concedió el amparo de la justicia federal al abogado Jorge Arturo Pérez Alonso y con ello, se retira -por anomalías en el procedimiento legal- el fíat notarial que otorgó al final de su quinquenio el ex gobernador Manuel Andrade Díaz a varios personajes como Darwin Andrade Díaz, Javier Díaz Hernández, José del Carmen Domínguez Nárez, Ulises Chávez Vélez, Huri Trujillo Peregrino, Beatriz Plata Vázquez, Ernesto Ventré Sastre, Manuel Gil Ramírez y Román Esteban David González.

 

 

Justamente en el tema de las notarías, anteriormente publiqué en este espacio que en el entorno social existe la sensación que en muchos nombramientos o designaciones se aplicaron criterios ajenos a la regulación normativa correspondiente, contrarios a la ética pública.

 

Por ello, reitero mi opinión de reformar la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco, pues no solamente se trata de transparentar la entrega del fíat, a fin de evitar que en el nombramiento de notarios públicos en Tabasco se privilegien los criterios políticos o intereses personales.

 

También debemos preocuparnos por modificaciones legales que verdaderamente otorguen certeza jurídica y legitimidad a la actividad notarial. Existen prácticas subrepticias como la ‘renta’ de notarías y valdría la pena la ampliación del régimen de sanciones por el incumplimiento de las responsabilidades en el ejercicio de la función notarial. 

 

Además, el ejercicio del notariado es incompatible con el desempeño de empleos o cargos públicos remunerados por la Federación, el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, sin embargo la legislación local carece de este blindaje y existen muchos casos en este supuesto.

 

Las notarías no deben ser un negocio jugoso al por mayor. De tal forma, vale la pena ocuparnos en blindar las patentes de fe pública notarial que se expidan en el estado, así como a los futuros otorgantes de las mismas. 

 

 

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EDUCACIÓN, ESCASAS LUCES

Inicio estas líneas con un cuestionamiento, ¿tienen los partidos políticos verdadera convicción de que la educación será la vía de crecimiento de México?

 

 

 

El problema, precisamente es que nada resuelve el gobierno mexicano y transcurren los años, cambian las administraciones, aumentan los discursos, crece la corrupción, se incrementa la violencia y la inseguridad, el número de desempleados y subempleados, se robustece el secuestro sindical del sector educativo y se debilita estructuralmente la educación en el país.

 

 

Las miradas señalan al final temas pendientes para una agenda nacional en materia legislativa, institucional y de política pública a la educación. Precisamente, sin educación de calidad no habrá ninguna claridad para el inmediato futuro del país; esa es la peor violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 

Es imperativo apuntalar a la educación en el país como palanca del desarrollo y no podemos bajar la guardia en este tema. Quienes tienen el privilegio de ser docentes tienen la responsabilidad de enseñar a los niños y jóvenes que, más allá de la ciencia o de la técnica que dominen, deben sentir afecto, cercanía, contacto y preparación en las áreas humanistas, y transmitir a los estudiantes los valores laicos y cívicos.

 

Si a esta problemática le agregamos, los elevados índices de desempleo y que el mercado laboral, se encuentra en situación desesperada, el panorama no es muy esperanzador. No olvidemos que el desempleo desalienta a los estudiantes y prueba de ello es el número de jóvenes en México que no estudian ni trabajan, los famosos ‘ninis’.

 

 

 

Llega tal información a los jóvenes sobre la falta de empleo que afecta el interés de los estudiantes. Además, por su naturaleza, los programas de estudio tienen tal rigidez que terminan siendo aburridos, obsoletos e ineficaces. Por tanto, la innovación es la clave.

 

El desempleo tendrá repercusiones sociales a largo plazo y la juventud es la más afectada, no sólo porque se queda sin empleo y pierde sus ingresos, sino porque los daños son de larga duración. Pues por la falta de empleo, el desarrollo económico se paraliza y se daña la seguridad social.

 

 

 

Para ejemplificar este punto cifras oficiales y de organismos internacionales detallan acerca del deterioro social: 44.23 por ciento de habitantes se encuentran en pobreza multidimensional; 23 millones tienen rezago educativo: 43.4 millones no tienen acceso a servicios de salud, y 68.9 millones a seguridad social.

 

Otro ejemplo -según datos de la Organización de las Naciones Unidas-, en México existe fuga de cerebros del 14.3 por ciento, el tercer lugar entre los países de América Latina.

 

Por lo anterior, ¿alguien duda que cobra una relevancia decisiva el factor educativo? Por ello es un tema indispensable, si aspiramos a alcanzar, o al menos a rozar, la igualdad y el desarrollo de nuestro país. Solamente la refundación de México se puede dar a través de la educación. ¡Hay que persistir!

 

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REFLEXIÓN CIUDADANA HACIA LA CULTURA DE LA PAZ Y LA LEGALIDAD

Siempre es momento para sensibilizarnos del México y el Tabasco que queremos construir. ¡Qué lejos estamos de alcanzar la convivencia pacífica entre los ciudadanos!

 

Alcanzar la justicia y el bienestar general, se encuentran distantes. Porque en nuestro país conviven expresiones de desánimo y violencia, en las calles, en las escuelas y en los hogares.

 

Sin embargo, hoy me lleno de orgullo y esperanza, porque somos más quienes queremos un México exitoso. Para ello, todos los mexicanos debemos cambiar nuestra mentalidad y aportar lo mejor de nosotros en esta gran tarea de alcanzar un país mejor para todos.

 

Hago hincapié en la necesidad de fomentar en la niñez, valores fundamentales como la honestidad, la responsabilidad, la disciplina, el respeto y la tolerancia.

 

No menos importante, encaminar nuestros esfuerzos para fortalecer el capital humano de esta gran nación. Asimismo, fomentar la integración y comunicación entre padres e hijos.

 

De igual modo, es importante fortalecer los valores cívicos, así como la imagen e importancia de la familia en los hogares mexicanos. Entre los niños y jóvenes también es trascendental fortalecer la cultura política democrática, la equidad y la formación ciudadana de respeto a las leyes.

 

Además de promover el desarrollo de una conducta positiva; esto nos abrirá las puertas del éxito.

 

Es importante que conozcamos y valoremos nuestras potencialidades como ser humano y nos identifiquemos con orgullo como mexicanos. Esto implica formar actitudes éticas en los niños y jóvenes.

 

Actualmente, es sustancial reconocer que la democracia es una forma de vida y no sólo de gobierno, para que comprendamos nuestro papel activo en la sociedad, en la que interactuamos diariamente con personas que tienen los mismos derechos y similares necesidades.

 

No importa los tropiezos, tengo fe en que los mexicanos habremos de dejar viejos paradigmas y cambiarlos por una actitud protagonista, constructiva y positiva.

 

Los jóvenes tienen la responsabilidad de tomar la batuta del destino de México y todos tenemos la oportunidad de repensar de un modo diferente un futuro común; hagamos las cosas bien.

 

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EL TABASCO DE LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS

A la distancia, las amplias promesas de mejoría ofrecidas por los gobiernos han sido rotundamente incumplidas y todo se remite a que las líneas básicas del libreto político se cumplan con la distribución de cuotas en los partidos políticos y a los intereses creados en los puestos públicos.

Precisamente, en Tabasco ya comenzaron los jaloneos por el reparto de cuotas en la integración del próximo gabinete del gobierno que encabezará Arturo Núñez Jiménez. En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la pugna es por las delegaciones federales como refugio y plataforma para muchos priístas en las siguientes elecciones estatales.

El problema radica en que muchos se sienten con derecho de ostentar un cargo público y esa realidad, en negativa evolución constante revela entre muchos aspectos un montaje legal plagado de eufemismos que provocan violaciones graves de los derechos de los ciudadanos, ya sea por acción u omisión en el ejercicio del poder público; dando prueba de ello, los excesos que han cometido algunos funcionarios durante su encargo.

No obstante, que los ciudadanos nos hemos habituado a la desigualdad descomunal y a la inequidad, Tabasco a partir del primero de julio ha inaugurado una nueva etapa en su historia y los tabasqueños debemos asumir el desafío de participar organizadamente en la vida social del estado.

No es casualidad que en México, la participación cívica sea muy baja en términos generales, tal vez sea porque no sabemos organizarnos y en comparación con otros países tenemos un déficit en este rubro.

Si bien, a partir de las diferencias es posible construir normas que tengan como fin el bien común, las leyes no resuelven la ineficacia de las autoridades. Lo que urge es la acción de éstas para evitar la impunidad, porque mejorar la gobernabilidad bajo el imperio de la ley, es una asignatura pendiente y elemento indivisible para eliminar los santuarios de la corrupción.

No únicamente hacia adentro, el próximo gobierno de Tabasco está ante un problema insoluble y de grandes proporciones, esto ante el laberinto de intereses económicos y políticos, que se agudiza con los esquemas tradicionales de más ganancias privadas con mayores costos públicos y que es contrario a los principios democráticos de transparencia y bienestar común.

No es casualidad y el comentario viene a colación de que en este país gastamos mal el dinero público. Por un lado, gastamos de más en nóminas, gastos absurdos y órganos autónomos que año con año solicitan más dinero, para hacer más o menos su función.

Tabasco, paradójicamente es un estado que concentra riquezas en pocas manos y donde tenemos pocos recursos económicos para impulsar el desarrollo y el bienestar de la población. Por ejemplo, nos hemos comido los recursos petroleros y el presupuesto público se consume en salarios y otro tipo de gasto corriente. De tal manera, lo sano para la economía será gastar mejor y usar los recursos en donde sí se requiera; ahí uno de los primeros retos del próximo gobierno del estado.

En este orden de ideas, también será importante definir las respuestas institucionales a problemas como inundaciones y la capacidad para atender estas eventualidades. Porque en el agua, el tema de adaptación es fundamental -tanto por las sequías como por las inundaciones-, ya que algunos patrones climáticos empiezan a cambiar y esto cuesta mucho dinero, pues hay actividades productivas inmersas en esta problemática como la agricultura y la ganadería.

 

Como consta a los tabasqueños, en muchas ocasiones las autoridades han sido incapaces de atender con rapidez y eficacia las solicitudes de ayuda que han hecho los ciudadanos a causa de las constantes inundaciones que en cinco años consecutivos hemos sufrido. Además, el grado de protesta, en este tipo de movimientos sociales, es proporcionalmente directo al grado de desatención e incumplimiento que las autoridades han aplicado al caso.

 

Tabasco, como el resto de las entidades federativas presenta tres grandes retos: 1.- La seguridad; 2.- El desarrollo económico y; 3.- La gobernabilidad bajo el imperio de la ley.

 

Hay muchos alicientes para creer en Tabasco y atender oportunamente nuestros problemas.

Ni aceleraciones ni aprontados, al gobernador electo Arturo Núñez le corresponderá armar su administración y designar a quienes integrarán su gabinete. Será él quien tomará las decisiones de quienes lo acompañen y no los partidos políticos, aunque deberá buscar conformar un gobierno plural e incluyente, con ciudadanos de todos los partidos e incuso con gente sin filiación partidista pero que esté dispuesta a trabajar y a dar lo mejor de sí para mejorar Tabasco.

 

Muchos tabasqueños estamos convencidos de que hay que trabajar duro y esforzarnos más cada día. Tabasco está en nuestras manos y no depende la solución de los problemas del estado, de la clase política, sino de lo que hagamos día con día como ciudadanos.

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INICIATIVA PREFERENTE, ¿CARTA ABIERTA AL ATROPELLO LEGISLATIVO?

Abro un paréntesis antes de dar inicio al análisis del tema de la reforma laboral recientemente aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados.

 

Efectivamente, los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación laboral, no obstante, sin soslayar los derechos consagrados en el artículo 123 de la Constitución General de la República.

 

Uso el paréntesis para referirme a un tema diverso o, para mejor decirlo, a uno de sus aspectos: la iniciativa preferente. Esta figura jurídico-política, fue incorporada en nuestro sistema político a través de la reforma al artículo 71 constitucional, publicado en el decreto número 203, el pasado 9 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

 

Esta figura otorga la facultad al presidente de la República de presentar en la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión hasta dos iniciativas cuyo trámite legislativo, deba ser urgente y no sujetarse a los tiempos del proceso legislativo ordinario -a excepción de las reformas constitucionales-, o señalar con tal carácter preferente hasta dos que hubiese presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. 

 

El texto constitucional establece que cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el pleno de la cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales y vencido el tiempo, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite deberá ser el primer asunto discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno.

 

Sin embargo, también contempla que en caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y condiciones señaladas. Pero además, el artículo 71 constitucional prevé en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación necesaria para hacer cumplir lo dispuesto en el decreto número 203 del DOF.

 

En este contexto, el Congreso no ha legislado para regular el procesamiento de las iniciativas preferentes, lo que significa que se está haciendo al margen de la ley y bajo esta nueva figura fue aprobada el pasado miércoles en el Senado, la Ley de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado viernes, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

 

Al margen de los puntos que considero poco favorables con la reforma a la LFT, sin soslayar la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que contribuya a mejorar la situación económica del país –en la que convergen la escasez de empleos formales, el ensanchamiento de la informalidad, el pago de salarios insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el despojo sistemático de los derechos más elementales de los trabajadores– y sin soslayar la pertinencia de algunos de los puntos de esta iniciativa –difícilmente se podría estar en desacuerdo con la proscripción del trabajo de menores de edad, las medidas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral y proteger los derechos de los trabajadores domésticos, mineros y jornaleros agrícolas–, cabe preguntarse hasta qué punto esta iniciativa contribuirá al bienestar de los asalariados.

 

¿Dónde quedó la democratización sindical, la transparencia y la efectiva rendición de cuentas de los sindicatos en la reforma? Indudablemente, se hicieron a un lado, debido a los grandes compromisos de los partidos políticos impulsores de esta reforma con sus sindicatos aliados.

 

Destaca que se incluyeron en esta reforma el reconocimiento de la subcontratación, el pago por horas, los contratos por trabajo a prueba y por capacitación, el establecimiento de la figura de multihabilidad y demás medidas que parecen orientadas, más que a proteger a los empleados, a quitar responsabilidades patronales, profundizar la precarización y la incertidumbre laboral que privan en el país e incentivar la proliferación de empleos eventuales y mal remunerados.

 

Es innegable el desarrollo vertiginoso de la sociedad y su complejidad social. Para avanzar es importante un cambio de mentalidad, de la mano del avance equitativo de todos los mexicanos, en el marco de una nueva cultura del trabajo.

 

Además de estas consideraciones, considero desfavorable que la iniciativa preferente, en lugar de terminar con la parálisis legislativa, se preste a mañas políticas que eviten las discusiones de las leyes y por su ‘urgencia’, su inmediata aprobación sin debate parlamentario. Lo que no abona en lo absoluto al proceso de transformación democrática, ni promueve el equilibrio de poderes.

 

Considero que el debate aún no concluye. Pues queda entredicho la constitucionalidad y procedencia de esta reforma a laboral, además de las presuntas violaciones a tratados internacionales suscritos por México en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que deberán ser valoradas.

 

En este sentido, recordemos que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 8 de abril de 2010, éstos no sólo poseen una nueva jerarquía en el orden jurídico nacional. Al mismo tiempo se instituye que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

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LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES EN TABASCO

Tabasco se encuentra al día de hoy en una etapa avanzada en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y el próximo 28 de septiembre arrancan en el municipio de Macuspana los juicios orales.

 

Este proceso inició a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, mediante la cual, se previó la instrumentación del sistema de justicia adversarial[1] en México. Dando para ello, un plazo de hasta ocho años para que los entidades federativas incorporen plenamente en su legislación local, los principios contenidos en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo tercero transitorio de la citada reforma.

 

Al iniciar los juicios orales en el estado, de conformidad al Código Procesal Penal Acusatorio -aprobado y publicado el 29 de agosto de este año-, Tabasco se incorporaría en una etapa de operación parcial del nuevo sistema de justicia adversarial, en este proceso de reforma que involucra a las treinta y dos entidades federativas; de acuerdo a los parámetros establecidos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

 

Lograr la transformación del sistema de justicia penal en Tabasco ha sido uno de los objetivos del gobierno estatal, y cumplir las expectativas que permitan alcanzar una justicia pronta y expedita, eficaz, más garantista, transparente e imparcial.

 

No obstante, el tema no es menor. Los errores o deficiencias que se cometan en esta fase de implementación pueden generar no sólo que la reforma fracase, sino que al hacerlo agrave los problemas de justicia que se pretenden solucionar con su instauración.

 

 

El problema es que durante este proceso de transición del sistema de justicia escrita a uno adversarial, puede darse una mala aplicación de los juicios orales y con ello, generar mayores problemas en la procuración e impartición de justicia.

 

La experiencia de su implementación en el país ha sido compleja y en muchos casos, la ejecución de la reforma se encuentra inacabada. Por ello, es saludable y necesario se instrumente una cuidadosa planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación del nuevo sistema procesal penal.

 

Efectivamente, en el cambio en la justicia estatal se habla de la necesidad de aumentar los presupuestos de las instituciones que integran el sistema de impartición, pero los recursos que se destinen deben ser eficazmente empleados y con transparencia, para atender las necesidades concretas que se pueden generar con motivo de la implementación. Por ejemplo, la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia, la infraestructura física y las plataformas tecnológicas.

 

Hago hincapié en las actividades de capacitación, porque no sólo involucran al personal al servicio del Estado como ministerios públicos, jueces, defensores, peritos y policías, sino también debe considerarse a los abogados y a la ciudadanía en general en su carácter de potenciales usuarios del sistema.

 

 

En este sentido, el gobierno de Tabasco impulsa un amplio programa de capacitación dirigido a los operadores jurídicos involucrados en esta reforma. Es de referir la importancia de la capacitación a la comunidad jurídica para que conozcan los alcances del nuevo sistema procesal penal y estén capacitados sobre el funcionamiento del nuevo modelo de justicia adversarial.

 

Entre otros, en el tema de los ministerios públicos y policías, la capacitación debe ser especialmente marcada con el objeto de permitir elevar la calidad de las investigaciones. Porque el sistema procesal penal acusatorio, exige modificaciones radicales en las prácticas, ritualidades, lógicas y destrezas de los operadores, e implica una adaptación de la cultura jurídica y de los comportamientos de los actores, en especial de jueces y abogados. Además, de una visión integral del proceso y coordinación interinstitucional entre los auxiliares de la procuración y administración de justicia.

 

Respecto a la gradualidad en su implementación –de acuerdo al artículo segundo transitorio del Código Procesal Penal Acusatorio-, la incorporación del nuevo sistema adversarial en Tabasco será gradual y por regiones; en consecuencia, la vigencia y aplicación será de la forma siguiente: Región 1, Macuspana (28 de septiembre del 2012); Región 2, Cunduacán (9 de diciembre de 2013); Región 3, Jalapa, Tacotalpa y Teapa (11 de agosto de 2014); Región 4, Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta (8 de diciembre de 2014); Región 5, Paraíso y Centla (24 de agosto de 2015); Región 6, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Comalcalco (24 de agosto de 2015); Región 7, Huimanguillo y Cárdenas (7 de diciembre de 2015); Región 8, Centro (7 de marzo del 2016). 

 

 

Tabasco está cumpliendo y el gobierno de Andrés Granier Melo ha dejado las bases y plataformas legales para quien habrá de seguir en esta tarea en el próximo sexenio, al frente con Arturo Núñez Jiménez. De tal forma, no se deberá desacelerar el paso en la modernización del marco jurídico y en la instrumentación de acciones concretas para consolidar un genuino Estado de Derecho, un gobierno respetuoso de la ley y normas para dar seguridad y justicia al pueblo tabasqueño.

REFLEXIÓN

En el perfeccionamiento de la legislación local, habrá que prestar atención en el terreno procesal penal, ya que existen algunas contradicciones torales en el Código Procesal Penal Acusatorio del Estado de Tabasco, tanto de forma y fondo, que atentan justamente a principios constitucionales que prevé el nuevo sistema acusatorio y repiten los vicios del sistema tradicional de justicia.

 

Por ejemplo, deberá prestarse atención a temas como la corrección de la calificación jurídica y de errores, así como la congruencia entre el auto de apertura y sentencia condenatoria, ya que en las condiciones que prevé actualmente el Código Procesal Penal Acusatorio, se advierten al menos dos situaciones importantes en relación a la reclasificación y al cambio de acusación del Ministerio Público en sus conclusiones. Lo que a la luz de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, constituye un retroceso en materia de seguridad jurídica relacionada a las exigencias para sujetar a una persona a proceso penal.

 

El éxito de la reforma también radica en la instauración de una nueva cultura jurídica, que mucho tiene que ver con la socialización de la reforma. Por una parte, los abogados deberán cambiar el ‘chip’ y por tanto, su lógica de actuación profesional, ya que para muchos de ellos, ejercer la abogacía consiste en llenar formatos, enviar copias de machotes y hacer esperar años a sus clientes para decirles que su asunto va por buen camino.

 

Tiene que existir un cambio en la forma de pensar del abogado y del funcionario público -a nivel de procuración y administración de justicia-, porque el sistema ya no permitirá muchos de los malos hábitos a los que estamos acostumbrados. 

 

Ante los nuevos planteamientos de la reforma y el reto de implementarla a nivel local, para lograr eficacia por los órganos implementadores en el cumplimiento de sus funciones, será imprescindible el seguimiento a los principios ya contenidos en la Constitución. Recordemos que una democracia exige un sistema judicial de calidad, respetuoso y eficaz.

 

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[1] Sistema de adjudicación de hechos que descansa en la investigación y argumentación que dos partes adversarias desarrollen en su alegato, posicionándose el adjudicador como un ente neutral y generalmente pasivo que decide a base de la evaluación de la prueba presentada por los adversarios.

JUSTICIA Y DEMOCRACIA INACABADAS

¡Qué lejos estamos en México de cumplir con los fines que persigue el Derecho! Mantener la convivencia pacífica entre los hombres, alcanzar la justicia y el bienestar general, se encuentran distantes.


En el país conviven expresiones de violencia como el secuestro, el narcotráfico, el crimen organizado, la alta tasa de homicidios, el tráfico de armas y de personas.

 

 

A pesar de los importantes logros democráticos, persiste en nuestro país un déficit significativo. Se observa la frustración ciudadana ante la desigualdad de riqueza y poder, con escasa participación popular en los asuntos públicos, corrupción pública y privada, además de la creciente inseguridad ciudadana.


En México existe una deficiente capacidad técnica del Estado mexicano para recaudar y para gastar eficientemente los recursos públicos. Por ello, se requiere reformar la estructura tributaria y mejorar su competencia técnica en materia de recaudación y uso eficiente de los recursos.


México debe dar respuesta efectiva a la inseguridad ciudadana, situación que se está volviendo particularmente preocupante. Y precisamente, no vamos a resolver este problema por medio de la mano dura, ni tampoco encontraremos respuestas en un abstracto y vacío deseo de impulsar una cultura de la legalidad con los valores.


Lo que requiere México es el ejercicio democrático, transparente y honesto del poder público, con una mejor democracia. La solución es difícil, porque implica una transformación verdadera en la forma en que se ejerce el poder mismo y en la mentalidad ciudadana.

 

Si bien, hoy contamos con instituciones e instrumentos legales que nos permiten la celebración de elecciones más o menos equitativas y justas, no hemos construido un Estado eficaz y democrático. La alternancia en el poder a nivel federal, a nivel municipal y en los estados, no se ha orientado hacia el fortalecimiento de instituciones que impongan el Estado de Derecho. En nuestra cultura política –pese al gran espíritu democrático del pueblo mexicano-, aún son muy arraigadas las costumbres de la simulación y la impunidad.


No encontraremos soluciones concretas, mientras el progreso, sólo sea en un cerrado círculo y los grupos privilegiados se beneficien funcionalizando la pobreza al máximo; unos por la vía legal y otros de forma ilegal.

 

Los gobiernos no poseen la confianza ni el respeto de la ciudadanía. Por ello, enfrentamos el desafío de democratización de las instituciones del país, con mayores mecanismos representativos. En caso contrario, ningún gobierno del partido que provenga podrá atender a los problemas y las necesidades más fundamentales de la sociedad.


En este orden de ideas, la ciudadanía debe participar e imponer un sistema más democrático, transparente y que rinda cuentas. Pero para ello, no debemos dejar de sorprendernos del quebranto a la ley, ni justificar las conductas ilegales, ni tolerar las discriminaciones, ni apoyar las conductas abiertamente delictivas, ni incumplir nuestros deberes cívicos.


Debemos cambiar nuestra mentalidad y construir una ciudadanía que como mexicanos aportemos para un mejor escenario nacional, el respeto a la ley y de tal forma, podamos exigir el escrupuloso cumplimiento de nuestros derechos fundamentales a la autoridad.


Por estas consideraciones, nadie podrá negar que estamos en un momento crucial de la historia política mexicana. En estas fechas patrias, reflexionar sobre la situación del país nos lleva al estado de ánimo de indignación.


Por una parte, nos encontramos, con gobiernos que en su momento pudieron haber cogido el toro por los cuernos y no solo no lo hicieron, sino que ahora asaetean con medidas cada vez más empobrecedoras de una ciudadanía, ya destrozada por el desánimo.


Parafraseando a José Saramago en este mundo de la injusticia globalizada, la Justicia sigue muriendo todos los días. Sin embargo, no importan los tropiezos, tengo fe en que los mexicanos habremos de dejar viejos paradigmas y cambiarlos por una actitud protagonista, constructiva y positiva.


Somos los ciudadanos organizados, quienes tenemos la responsabilidad de tomar la batuta del destino de México y dar un palmo de narices a quienes aún pretenden sacar tajada.


Pese a que el despertar aún es tibio y frágil el comienzo, tenemos la oportunidad de repensar de un modo diferente un futuro común, cuando comprendamos que la acción democrática no comienza y acaba solamente el día de la jornada electoral.