PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018

En días pasados, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, emitió un mensaje a la ciudadanía por el cual, daba cuenta de los estados financieros y las irregularidades en la hacienda pública estatal. Además, del reducido margen de maniobra presupuestal con el que dice iniciar su administración, lo que llama notoriamente la atención pues implica la reorientación del presupuesto para este año y actuar con un sentido de racionalidad y austeridad, para generar mayor valor público con menos recursos.

Muchos tabasqueños se plantearán el cuestionamiento sobre los proyectos y las propuestas ciudadanas que se compartieron en los foros de análisis y consulta para la integración del Plan Estatal de Desarrollo (PLED 2013-2018). Precisamente la importancia de este documento es no sólo plasmar una plataforma electoral y un programa de gobierno, sino asegurar las prospectivas que se alcanzarán, de acuerdo a una planeación programática de las actividades y proyectos estratégicos a realizar por el gobierno del estado en los próximos seis años; es un instrumento de rendición de cuentas.

El optimismo en las expectativas del cambio se verá sólo superado en la medida que los bolsillos de los tabasqueños reflejen los primeros indicios de crecimiento y recuperación económica del estado. Por ello, el crecimiento económico precisa el decidido impulso del gobierno estatal a los sectores productivos y sentar las bases para la reconversión productiva de la entidad.

Si el gobierno del estado no entiende la necesidad de sentar las bases de la reconversión productiva -que es un imperativo impostergable-, difícilmente se podrán explorar alternativas para el desarrollo económico. Por tanto, la ruta de Tabasco es la de una amplia reforma política y económica.

Entre las demandas específicas, la apuesta es mayor infraestructura hidráulica y control del agua para aprovechar este nicho de oportunidad e impulsar la actividad agroindustrial en el estado. Otro reto deberá ser que Tabasco tenga una mayor autonomía fiscal, en razón que en los últimos años el estado -al igual que el resto de las entidades federativas-, se ha visto afectado con menores ingresos por participaciones federales como consecuencia de una disminución de la Recaudación Federal Participable. Es importante precisar que las participaciones federales que efectivamente reciben los estados y por ende los municipios dependen de la recaudación de los impuestos federales como el ISR, IVA, IEPS, IETU, IDE, etcétera, y de los derechos por extracción de petróleo que obtenga la Federación.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), Tabasco es uno de los estados con menor autonomía fiscal. Del total de sus ingresos sólo el tres por ciento proviene de fuentes propias, situación que lo hace dependiente por completo de las transferencias de la Federación. Lo que se complica con la danza de los dígitos en el pago de su deuda comprometida contra las participaciones federales en un 24.47 por ciento.

Alcanzar un gobierno verdaderamente eficiente será el gran reto, pero para generar recursos y lograr una redistribución generalizada de la riqueza entre la sociedad, primero hay que generar crecimiento, con el binomio indisoluble de productividad y competitividad.

De tal manera, en nuestro estado se deberán instrumentar en todas las instancias del sector público una serie de reformas que correspondan a la modernización administrativa en el ámbito gubernamental, para lograr un gobierno responsable, eficiente, humanista y orientado a los resultados.

Otro tema clave es impulsar el turismo, pero para ello, se requiere mayor infraestructura, porque esta actividad es clave para detonar el desarrollo en la entidad.

Se deberá trabajar en dos vertientes, la primera consistente en generar las condiciones que permitan atraer y retener inversiones. De igual forma, trabajar de manera coordinada con la Federación en objetivos comunes para consolidar proyectos económicos de alto impacto en beneficio de la región.

Estos son retos muy fuertes en la generación de empleo y en la distribución de riqueza, y son las acciones que el gobierno estatal deberá plasmar en el PLED 2013-2018 y en los programas sectoriales. Sin embargo, el crecimiento económico no se genera ni por decreto ni por buenas intenciones, y son muy altas las expectativas de la sociedad tabasqueña hacia el nuevo gobierno de izquierda en Tabasco.

Por otra parte, en lo político el mensaje que se debe enviar en Tabasco es que la instauración del sistema democrático y la alternancia política va en serio, y que no significa simplemente un cambio de ciclo político ni circunstancial.

La alternancia no basta por sí misma. Tabasco requiere mayor gobernabilidad democrática y un gobierno que rinda resultados. Para ello, se deberá mejorar la operatividad de las instituciones públicas en el ambiente democrático.

No menos importante -en beneficio de la transparencia y la pluralidad-, será integrar mecanismos más eficaces de control del poder y de exigencia de responsabilidad jurídica –administrativa, civil y penal- y política sobre los gobernantes.

En la democratización de Tabasco, está la base de la legitimación y proyecto político a futuro, más allá de 2018 para los partidos de la izquierda.

 

REFLEXIÓN

Si bien, el gobierno estatal llegó de forma democrática por decisión del electorado, deberá mantener su liderazgo político, para evitar cualquier dualidad contradictoria de reproducción de los vicios del pasado. Al tiempo pues.

 

 

 

 

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INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS

“El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, Aristóteles.

 

Proteger a sus ciudadanos es un deber del Estado, por ello, el control de la seguridad es potestad de éste. Así como la función legislativa, administrativa y jurisdiccional, lo que implica que no se pude construir la seguridad y la justicia al margen de sus instituciones.

Desgraciadamente muchas poblaciones del país han caído en manos de la delincuencia y en algunos municipios en los estados de Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y el Estado de México, sus habitantes se han organizado para defenderse de los delincuentes, tomando la justicia por sus propias manos, haciéndose llamar policías comunitarias.

El problema es que tampoco las policías comunitarias garantizan la seguridad. Estas organizaciones surgen ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia a sus ciudadanos, pero con el paso del tiempo pueden corromperse, convirtiéndose en agrupaciones que actúan al margen de la ley.

Por ejemplo, en Colombia, las fuerzas de autodefensa surgieron para frenar los abusos de la guerrilla y terminaron siendo controladas por los carteles de la droga. En otros muchos casos que se han presentado en nuestro país, en que los ciudadanos se han organizado para defenderse de extorsiones y secuestros, esos grupos se fueron armando para mantener un perímetro de defensa alrededor de quienes les pagan, que son normalmente empresarios o las mismas comunidades. ¿Qué significa esto? Que las autodefensas que han surgido son paramilitares por más que justifiquen que actúan ante la falta del Estado.

Esto es muy delicado, al transformarse en grupos paramilitares que dejan a un lado la defensa y adoptan una actitud ofensiva, de limpieza de adversarios. Lo que afecta la gobernabilidad y llega a ser un problema de seguridad nacional.

Efectivamente, son medidas desesperadas de la ciudadanía ante la incapacidad de los gobiernos de cumplir con la seguridad. Pero no hay justificación legal para que un grupo de personas quiera hacer justicia por propia mano y colocarse por encima de los gobiernos. 

De tal forma, no es deseable que se contaminen otros estados del país y sería sumamente grave que en Tabasco se pretenda recurrir a esta alternativa de impulsar en el Congreso local una iniciativa para crear las policías comunitarias en los municipios.

La propuesta que se debería impulsar en Tabasco sobre este tema de seguridad, debe ser orientada mejor a fortalecer la profesionalización, así como los controles de evaluación y confianza en las policías estatal y municipales, para combatir la corrupción.

Si bien, por una pifia en la reforma al sistema de justicia penal de 2008 se estableció erróneamente en la ley que todo ciudadano que conozca de un delito debe actuar y denunciarlo. No obstante, esta figura de grupos de autodefensa no tiene ningún sustento constitucional.

La Constitución federal es muy clara y en su artículo 17 prohíbe que las personas hagan justicia por propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. No es justificable que haya grupo de personas armadas en las calles haciendo retenes, deteniendo y manteniendo retenidos a las personas, eso no es admisible en ninguna democracia constitucional, pues irremediablemente degenerarán en grupos paramilitares que terminarán por formar parte de la espiral de violencia que pretenden combatir.

REFLEXIÓN

Una de las bases del Estado de Derecho es precisamente la confianza en la imparcialidad administrativa y en estos tiempos, el abuso de poder es la principal fuente de la maldad y corrupción moral, cuando alguna autoridad o funcionario se excede en sus atribuciones o facultades.

 

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TABASCO, ¿VOTO DE CASTIGO O ALTERNANCIA POLÍTICA?

El pasado primero de julio de 2012, el PRI estatal recibió el voto de castigo y esta coyuntura abrió a Tabasco a la alternancia política, permitiendo el triunfo en las urnas de la Coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Un voto de castigo animado por el desencanto de la ciudadanía y el deseo de vengarse del entonces gobernador Andrés Granier Melo y compañía, como el de darle oportunidad a otras alternativas.

 

Pero la transición democrática en Tabasco implica un gran reto y decisiva será la labor que habrá de realizar la actual administración para fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho. No sólo bastará adecuar leyes, es necesario también que las autoridades actúen permanentemente apegados en sentido estricto del principio de legalidad que reza que éstas solamente pueden llevar a cabo lo que les está expresamente permitido, es decir, para lo que se les faculta, para lo que cuentan con atribuciones, lo que está en la órbita de sus competencias. 

 

La alternancia política representa una conquista ciudadana y no una transferencia de beneficios de una élite gobernante a otra. Por ello, muchos funcionarios de la nueva administración, deben asumir un compromiso abierto con los valores esenciales del servicio público y evitar toda naturaleza resentida que impida avanzar para que la alternancia cumpla con estos propósitos y anhelos.

 

Precisamente, la línea de actuación de todo gobierno debe ser el de mantener una cultura de diálogo y apoyo con todos los sectores sociales. Asimismo la comunicación abierta y de respeto es importante para conciliar tanto los intereses del Estado como los de toda la sociedad, lo que implica necesariamente un gobierno de puertas abiertas.

 

Hoy, es muy prematura toda conjetura que hable de esta alternancia inédita del poder en Tabasco. Aunque no debe suponerse que la alternancia por sí misma llevará nuevas formas de hacer política, este cambio de poderes representa un gran avance hacia la transformación democrática del estado.

 

A los ciudadanos corresponde trascender con su participación, para exigir a las élites políticas que hagan efectivas sus promesas.

 

En este proceso no entremos como perredistas, priístas o panistas, todos somos tabasqueños y Tabasco cuenta con los mejores talentos para beneficio de nuestra sociedad. 

 

Precisamente, sirva la experiencia del anterior sexenio como el más rotundo ejemplo para no caer en las mismas tentaciones y cometer los mismos errores, evitando así, que la sociedad caiga nuevamente en el desencanto. Es que no podemos seguir en el atraso y en la práctica de una política elitista para favorecer a los amigos. 

 

Que quede claro, en tanto no se redimensione el quehacer político en beneficio de la ciudadanía, sin distingos de colores políticos e ideologías, anteponiendo únicamente el interés común consistente en el beneficio de todos los tabasqueños, no se percibirán logros significativos en materia de desarrollo económico y social en Tabasco.

 

Mucho ayudará a Tabasco generar una nueva cultura política y con ello el cambio de expresiones autoritarias aún existentes en el gobierno, para ajustarse a los valores y principios de toda democracia constitucional. Ese es el gran reto, el modificar la estructura del poder local, con mayores instrumentos de equilibrio institucional internos en el Congreso y sobre todo, mayor democratización y eficacia del Poder Ejecutivo estatal, para evitar el ejercicio concentrado del poder.

 

 

 

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BON JOUR MESSIQUES!

En 2003 la Organización de Naciones Unidas sugirió a México transformar su sistema de justicia y abandonara el enjuiciamiento penal inquisitorio, para adoptar un sistema acusatorio adversarial, implantar las reglas del debido proceso e impulsar la justicia penitenciaria.

 

Varios estados de la República intuyeron la necesidad de cambiar el sistema de justicia penal. Sin embargo, fue hasta el decreto del 18 de junio de 2008 -publicado en el Diario Oficial de la Federación-, cuando la Constitución mexicana en materia del sistema de justicia penal y seguridad pública, tuvo una transformación mediante la modificación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 constitucionales. 

 

Esta reforma al sistema de justicia penal, es una de las modificaciones de mayor trascendencia al marco jurídico de nuestro país. Ha generado la reorientación del sistema de justicia penal en su totalidad, no solamente lo relativo a la prevención del delito, sino también en la investigación. Del mismo modo, la reorientación en la impartición de justicia y sin duda también en nuevos esquemas para lograr una mayor y mejor readaptación social de los responsables de los delitos.

 

El pasado 23 de enero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió el “amparo liso y llano” a la francesa Florence Cassez, acusada y sentenciada a sesenta años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. 

 

Desde un inicio, este caso llamó la atención debido a su complejidad jurídica y política, al grado que ocasionó asperezas en las relaciones diplomáticas entre México y Francia, creándose una comisión binacional que analizó en su momento, la posibilidad de aplicar el Tratado de Estrasburgo para que Cassez cumpliera su condena en su país natal.

 

Precisamente, este proceso tomó revuelo mediático por el montaje de la detención de Cassez llevado a cabo por la Agencia Federal de Investigación, encabezada en ese entonces por Genaro García Luna, un día después de la real -reescenificada el 9 de diciembre de 2005-, en el rancho de su pareja sentimental y líder de la banda de secuestradores “Los Zodíaco”, Israel Vallarta Cisneros.

 

Este caso llegó a la Corte y el máximo tribunal del país estimó el pasado miércoles, que hubo violaciones a los derechos fundamentales de Cassez, los cuales, fueron importantes en las tres sentencias condenatorias en su contra; la primera de más de noventa y seis años y las dos segundas de sesenta años.

 

 

Los ministros de la SCJN argumentaron la violación de derechos fundamentales, como a la asistencia consular –artículo 36 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares- y a la puesta a disposición del ministerio público sin demora.

 

Recordemos que con la reforma constitucional de 2008, se estableció un sistema acusatorio garantista, donde se respeten los derechos fundamentales de las partes; sin que el reconocimiento de un derecho para una parte suponga la anulación de un derecho de la otra. En este sentido, el imputado de un delito es sujeto de derechos y no objeto de investigación, como tradicionalmente ha sido.

 

 

No menos importante, la propia Constitución establece en su artículo 19 el principio de debido proceso. De igual forma, se reconoció constitucionalmente el principio adjetivo de presunción de inocencia –guía rectora en la aplicación y creación del derecho positivo-, como una formalidad esencial en el proceso penal y que prevé la garantía judicial a toda persona detenida con motivo de la comisión de un delito, que pueda ser considerada como inocente hasta en tanto no existan elementos que establezcan lo contrario y a no ser presentada ante los medios de comunicación o ante la comunidad, en forma que dañe su reputación, dignidad o lo exponga en peligro a él o a su familia.

 

En este orden de ideas, ¿cuál es el alcance de la resolución de la Corte? Al ordenar la liberación inmediata de la francesa, respalda jurídicamente el fundamento del debido proceso penal ordenado, desechando así las pruebas que la inculparon.

 

Sin embargo, de esta interpretación sistemática de la Constitución realizada por la Corte, dónde queda el principio de igualdad ante la ley, que prevé que la justicia sea equitativa e igual para todos. Porque como establece este principio, de ninguna manera deben aplicarse resoluciones o criterios distintos que parecieran derivar de situaciones propias de cierta nacionalidad, género, origen étnico, credo, religión o bien ideas políticas.

 

De igual forma, ¿y los derechos de la víctima en qué parte de los argumentos de la Corte quedaron, en cuanto al interés jurídico de alcanzar la justicia y reparar el daño causado?

 

 

Lo que hoy sabemos es que se estimaron violaciones a los derechos de Florence Cassez y este caso sentará precedente en materia de derechos humanos. Las procuradurías y los tribunales deberán proteger a todas las personas de posibles violaciones a sus derechos fundamentales.

 

Es un llamado de atención a todas las autoridades de los sistemas de seguridad, procuración y administración de justicia, respecto a evitar errores en los procedimientos en contra de inculpados de delitos. Al mismo tiempo, revisar muchas figuras jurídicas derivadas de la reforma al sistema de justicia penal de 2008, para evitar no sólo el a tropello de derechos del imputado, también la desprotección de víctimas y la ineficacia traducida en impunidad.

 

Recordemos que una democracia de calidad implica necesariamente, autoridades respetuosas de la ley y los derechos humanos. Igualmente, exige un sistema judicial de calidad, respetuoso y eficaz.

 

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TABASCO: LA LEGALIDAD Y EL DERECHO LABORAL, UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS

Ahora los derechos humanos en México van más allá del simple reconocimiento de las garantías individuales en la Constitución, ya que prevé nuevas facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011.

 

La trascendencia de esta reforma radica en que se reconoció el rango constitucional de los derechos humanos en la carta magna y en tratados internacionales, así como la obligación de respetarlos por parte de las autoridades de todos los poderes y niveles. En consecuencia, todas las autoridades -en el ámbito de sus competencias-, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

También la relevancia de esta reforma opera en función que los derechos laborales deberán estar ubicados en un espacio de centralidad y precisamente, las comisiones de derechos humanos pueden conocer de quejas en materia laboral.

 

Vale la pena hacer referencia, que la Constitución ahora es un catálogo mínimo de derechos humanos que puede ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos fundamentales de los mexicanos. Oportuno es saber que existen 51 tratados internacionales vinculatorios que son parte del sistema jurídico mexicano, entre convenciones y pactos. También forman parte del sistema jurídico mexicano 56 declaraciones e instrumentos no vinculatorios, entre declaraciones, reglas, principios, estatutos y cartas.

 

Estas modificaciones a la Constitución tienen enormes implicaciones para las leyes e instituciones en el país. En este sentido, el nuevo esquema de derechos humanos en México exige ahora que los operadores jurídicos -como intérpretes responsables-, deban examinar la juridicidad de los textos legales de conformidad con el sistema jurídico internacional, aún a pesar de las omisiones legislativas. De tal modo, los valores y principios internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre las disposiciones de carácter interno. Por tanto, los operadores jurídicos deben buscar la interpretación que contribuya de manera más efectiva a su tutela.

 

Es decir, de ahora en adelante las autoridades judiciales y administrativas están obligadas a cambiar el principio de progresividad por el de pro personae, es decir, a interpretar la norma siempre de manera favorable para los ciudadanos. Indudablemente, el reto es generar una nueva cultura en materia de derechos humanos para los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno.

 

Respecto a Tabasco, la transición democrática implica un gran reto y decisiva será la labor que habrá de realizar la actual administración estatal para fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho. No sólo bastará adecuar las leyes y demás ordenamientos internos, es necesario también que las autoridades actúen permanentemente apegados en sentido estricto del principio de legalidad que reza que las autoridades solamente pueden llevar a cabo lo que les está expresamente permitido, es decir, para lo que se les faculta, para lo que cuentan con atribuciones, lo que está en la órbita de sus competencias.

 

Precisamente, en la entidad existen grandes contradicciones entre la ley y la realidad, lo que abre una brecha inaceptable entre la sociedad y el reclamo ciudadano de justicia. En paralelo, se requiere generar nuevos procesos legislativos que progresivamente incluyan en planes, políticas, programas, presupuestos y estrategias gubernamentales, la perspectiva de derechos humanos y por tanto, una política social ligada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

 

Faltan cosas por hacer, la agenda legislativa del Poder Ejecutivo para los próximos seis años, deberá condensar un esfuerzo integral para proveer a los ciudadanos de resultados satisfactorios. Por tanto, 2013 deberá abrir un hito histórico en Tabasco en materia jurídica y legislativa. Al tiempo pues.

 

 

 

 

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TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

La confianza es un atributo de la democracia. Sin democracia no hay confianza, sin confianza la democracia se reduce.

El nuevo horizonte electoral delineado a partir de elecciones altamente competitivas han convertido a la mayoría de los espacios electorales en escenarios de alta competitividad política y volatilidad electoral, de cambios de partido en el poder, es decir de alternancia política y de gobiernos divididos; proceso que aún no culmina y que seguramente seguirá reconfigurando los mapas políticos.

Consenso y disenso forman parte esencial de la dinámica de la democracia. Mayoría y minorías forman un todo en el que cada parte necesita a la otra. En consecuencia, nadie puede asumir la propiedad privada de la democracia. Francois Guizot escribió en 1849 los límites y alcances de este sistema de gobierno: “Esta es ahora la palabra última y universal que todos buscan para apropiarse de ella como un talismán […] tal es el poder de la palabra democracia. Ningún gobierno o partido se atreve a vivir sin incorporarla en su propia bandera”[1]. Pero ese talismán tiene sus propias formas de funcionamiento porque sólo alcanza a rendir sus efectos positivos si todos los participantes se encuentran reunidos en torno a él. Por deducción lógica, la democracia no progresa allí donde las contradicciones entre los participantes son muy fuertes; a tal grado que no permitan que las instituciones, las normas jurídicas y el espíritu mismo de la democracia cumplan su cometido.

Recordemos que las leyes siempre serán perfectibles. Las formas de organización de los procesos electorales serán siempre más sofisticadas, aunque podrían ser más sencillas. Pero ninguna norma o previsión jurídica será suficiente si no logramos convencer a millones de ciudadanos que conforman el electorado, de participar en la organización electoral, de que les interese la vida pública y, convencerlos de que la democracia, como conjunto de valores, como ética de comportamiento individual y social, es la única forma que nos garantiza la convivencia pacífica y el verdadero desarrollo.

De la guisa anterior, es importante generar en la sociedad, confianza y certidumbre en su participación. Confianza y certidumbre de la sociedad hacia los partidos políticos, los candidatos y los organismos electorales.

Lo propio de la democracia es estar en constante cambio y renovación con miras a mejorar sus instituciones y marco legal. Las transformaciones democráticas deben estar racionalmente orientadas con el propósito de reflejar mejor, en el marco de la democracia representativa, el sentir de una sociedad plural, dinámica y cada vez más exigente respecto de sus gobernantes, de los partidos políticos y de quienes se postulan y ocupan cargos en los órganos legislativos pero también de las autoridades electorales.

Una de las grandes conquistas de estas luchas democráticas fue la creación de instituciones electorales autónomas tanto a nivel nacional como en las entidades federativas. Eso permitió, por ejemplo, la formación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990. De aquí siguió la construcción de instituciones electorales en los estados como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Tabasco.

Hoy se habla con mucha frecuencia y, ciertamente, con soltura de que hay una crisis de los partidos políticos. Sea verdad o no este aserto me parece que en todo caso la solución de esa crisis está en la recuperación del concepto básico de representatividad, o dicho con más precisión de representatividad de los intereses sociales en lugar de que los partidos políticos representan o defiendan intereses situados en el vértice del poder y que se cierren tan sólo a la adjudicación de puestos y posiciones para un puñado de dirigentes e incondicionales que rondan los círculos cercanos a las dirigencias.

La democratización de la sociedad pasa, entonces, necesariamente, por la democratización de los partidos políticos. Que éstos se abran a la participación de sus bases y que esos partidos se acerquen, de nuevo, a la sociedad civil para captar el sentir de la gente común; voltear la mirada al ciudadano y no esperar los favores de los gobernantes y los poderosos. En ese cambio de perspectiva radica la viabilidad y el futuro de los partidos políticos. Engolosinarse menos con el poder y acercarse más a la verdadera razón de ser de su propia institucionalidad, “los individuos de carne y hueso” como decía Antonio Gramsci.

Los órganos electorales no son ajenos a esta dinámica y se han convertido en espacios de cuotas de poder de los partidos políticos. Si bien, hemos logrado mucho al transparentar, incluso los procesos de selección del personal del servicio electoral profesional, a través de los concursos de oposición, la tarea no concluye ahí; se requieren autoridades electorales no sólo ciudadanas sino plenamente legitimadas.

Lo anterior, a propósito de las voces que se han pronunciado a favor de dejar en manos del IFE la organización del próximo proceso electoral en la entidad, que tendrá lugar en el verano de 2015. Esta posibilidad que se avizora en un futuro inmediato tiene la finalidad de concentrar las funciones comiciales en un solo instituto electoral nacional. Sin embargo, no olvidemos que se imponen singularidades en cada proceso electoral y en cada elección.

No se exagera si se afirma que, nos guste o no, el problema medular más allá de lograr una notoria reducción de gastos y burocracia, es el papel de los servidores públicos que fungen como árbitros en esta magna tarea de responsabilidad pública.

Como conclusión constructiva debemos cuestionarnos dónde están los huecos en la gran arquitectura jurídica y organizacional que tanto trabajo costó construir a los tabasqueños en materia electoral. En mi opinión, el destino y la consolidación de los órganos electorales, así como el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, en nuestro país y en Tabasco están estrechamente relacionados con la consolidación de la democracia.

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[1] Francois Guizot, De la démocratie en France, Leipzig, 1849, p. 2

¿CUÁL ES EL PAPEL Y LA TRASCENDENCIA SOCIAL DEL ABOGADO?

Inicio estas líneas con un cuestionamiento, ¿cuál es la ética del abogado? Indiscutiblemente, los profesionales del Derecho tienen un compromiso con la sociedad, con el estudio y con la justicia. De lo anterior, los abogados mexicanos tenemos un compromiso con la ciencia jurídica y con el proceso de transformación del Derecho en México.

 

La ética en el profesional del Derecho es de suma importancia. En razón que el Abogado debe mostrar ante la sociedad una conducta íntegra y ceñida a los parámetros de lo moral, de la equidad y el desprendimiento de sus propios intereses. 

 

Debe poner sus conocimientos al servicio de las causas justas. Por ello, la justicia, la honestidad y la lealtad son valores de un buen Abogado. 

 

En este orden de ideas, no hay términos medios. Se es o no se es ético y quien sí lo es, vive conforme a lograr una vida buena, con la razón y equilibrio; con una vida de servicio a los demás.

 

El abogado debe captar de manera clara la Ética, en la vertiente que va de la mano con justicia, con el sentido del Derecho. 

 

La Ética, está vinculada a la eficiencia y al bien común. En este sentido, la ineficiencia es una forma de corrupción en que se distorsiona la base del Derecho que es el bien común. Por tanto, no se cumple así con las vertientes en la convicción y en la responsabilidad.

 

El abogado debe tener presente que es un servidor del Derecho y un coadyuvante de la justicia; su esencia profesional es defender diligentemente y con apego moral los derechos de sus clientes. 

 

El Derecho implica dar a cada quien lo suyo y lo que le corresponde, además que la justicia sea el centro de la acción de cualquier gobierno y ente público. De tal forma, la seguridad jurídica es la única manera para que los hombres en sociedad tengan la posibilidad de vivir en paz.

 

Hablando de la grandeza del abogado, está en su dignidad profesional, lo que significa que debe servir a la ciencia jurídica para alcanzar la justicia. Hay que hacer valer las disposiciones legales para hacer cumplir el honor profesional del abogado, con razón, con prudencia y con honestidad. Sin embargo, pocos son los miembros de la comunidad jurídica, que se ajustan a la ley para vivir plenamente en un Estado de Derecho. 

 

En suma, la Ética no hay sólo que aprenderla sino vivirla y no debe ser únicamente una norma sino una práctica cotidiana.

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